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Los empresarios que ofrecieron una coima de 20 millones de dólares para frenar un proyecto legislativo, que le daba carácter remunerativo a los tickets canasta, querían salvar a su gallina de los huevos de oro. La propuesta de integrar los bonos de alimentos al salario liquidaba, en los hechos, un negocio por el cual ganaban 125 millones de dólares anuales en 2007. Los campeones de ese juego eran las empresas que emitían los tickets, luego seguían los empresarios que utilizaban estos vales para completar el salario y se ahorraban el pago de impuestos. Los únicos perdedores eran los trabajadores y el Estado, que iba aceptando el desfinanciamiento del sistema jubilatorio.

El sistema de vales cayó a fines de 2007. Poco antes de que el Congreso lo eliminara, los empresarios Santiago Lynch y Miguel Guido Spano, de la firma Accor, le ofrecieron a Mariano Recalde –que era asesor de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja- una coima de 20 millones de dólares, pagadera en cuotas, para “cajonear” el proyecto de su padre, el abogado laboralista Héctor Recalde, que era titular de esa comisión legislativa. El caso comenzó a ser juzgado ayer ante el Tribunal Oral Federal 2.

“El sistema de vales tal como funciona en la actualidad no representa ningún beneficio para el trabajador mientras que, bajo esta excusa, permite a las empresas disminuir sus obligaciones laborales y, ante todo, genera un negocio financiero extremadamente rentable para las firmas emisoras”, concluyeron los economistas del Centro de Estudios Para el Desarrollo Argentino (CENDA), el grupo creado por Axel Kicillof, en un informe publicado en noviembre de 2007. Allí analizaron, con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el Sistema de Jubilaciones y Pensiones y la información de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (CEVAS), cómo funcionaba el negocio.

Los ganadores

Las empresas como Accor, líder del sector de vales, tenían tres fuentes de ingresos. Por un lado, al vender los tickets a la empresa empleadora, cobraban un adicional que rondaba entre el 2% y el 6% del monto total adquirido. Por otro, cuando el comercio que había recibido los tickets los canjeaba por efectivo, le retenían entre un 1,5% y un 6 por ciento. En el medio, las empresas emisoras generaban una masa de dinero en efectivo que podían “colocar transitoriamente en el sector financiero para su propio beneficio”, según desgranó el CENDA.

Según la información difundida por la cámara empresaria, las ganancias anuales por la emisión de tickets oscilaban entre 140 millones y 395 millones de pesos, con un dólar a unos 3,15 pesos a fines de 2007. Ese monto surgía de calcular las ganancias obtenidas sólo por la venta y recompra de los tickets que recibían 1.417.000 trabajadores ( más del 15% del total de empleados registrados), de acuerdo con los datos de CEVAS. El negocio generado por la masa de dinero que las emisoras de vales podían colocar en el mercado financiero, entre la emisión y la recompra no está calculado.

Los perdedores

El uso de vales alimentarios o “tickets” para el pago de una parte de los salarios fue puesto en marcha en los primeros meses del gobierno menemista, en 1989. Fue presentado como un beneficio para los trabajadores pero los números indican que esto estuvo lejos de ser cierto. “Los empleadores que utilizan tickets para pagar parte de los salarios de los empleados, lo hacen como una forma de reducir el costo laboral total”, señaló el CENDA.

Sobre el monto pagado en vales alimentarios no se realizaban descuentos por aportes del trabajador a la seguridad social. Solo se realizaba una contribución patronal del 14% con destino al sistema de asignaciones familiares –sin los tickets era de entre el 23 y 27 por ciento-.  Así, “las empresas se ahorran una parte del costo laboral y es por eso que están dispuestas a pagar un ‘plus’ –de entre 2 y 6%- cuando adquieren los tickets de las empresas emisoras”, precisó el informe. Como contrapartida, se desfinanciaba el sistema jubilatorio y de salud de los trabajadores: el sistema de seguridad social perdía 645,7 millones de pesos anuales.

Pero esta es solo una de las maneras en que el sistema de tickets afectaba los ingresos de los trabajadores. Como las sumas pagadas en tickets eran no remunerativas, no se computaban para el cálculo del sueldo anual complementario ni para la potencial indemnización laboral por despido o la liquidación al momento de la renuncia.

Además, el solo hecho de ser vales alimentarios con fecha de caducidad imposibilitaba el ahorro o enfrentaba al trabajador a malvenderlos a un valor inferior a cambio de efectivo. Ese mercado secundario de bonos –la reventa en cuevas- tenía tasas de descuento que iban del 10 al 20 por ciento.

Cuando los empresarios de Accor ofrecieron 20 millones de dólares de coima a Recalde, defendían su exclusivo negocio. Le habían propuesto darle “bicicleta, pick up o Mercedes Benz", según lo que hicieran con el proyecto: cajonearlo, hacerle cambios cosméticos o hacer que los tickets sean obligatorios para todas las empresas del país. Pero la denuncia penal del intento de soborno funcionó como un bumerang: un mes después, el Congreso sancionó la ley que eliminó el sistema de vales.

AS/PW