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“Me chupa la pija la policía, para eso se le paga”. El puteada la dijo Maximiliano Castrillón, el proxeneta dueño de seis burdeles porteños que está prófugo de la Justicia. Y demuestra una de las características principales de la red de trata: la complicidad con la Policía Federal. La frase es parte de las muchísimas horas de intervenciones telefónicas que el juez federal Ariel Lijo analizó para fundar los procesamientos con prisión preventiva contra siete personas -Castrillón es una de ellas- por el delito de trata de personas agravado, por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, porque fueron explotadas y porque fueron más de tres las sometidas.

"Un elemento central del sometimiento en que se encontraban las víctimas era que las actividades se desarrollaban con total connivencia policial", dice la resolución del juez Lijo en su resolución en la causa iniciada por una denuncia de la Procuraduría para el Combate de Trata y Explotación de Personas basada en los dichos de una testigo de identidad reservada

Los procesados -Myriam Beatriz García, Dionisia Dominga Dos Santos, Sonyi Hernández Cruceta, Pabla Isabel Seitour, Marta Beatriz Tula, Verónica Moyano y Salvador Francisco Rizzo- habían sido detenidos el 26 de octubre pasado, en un fin de semana en el que hubo 40 allanamientos simultáneos: 30 en prostíbulos donde se explotaba la prostitución de más de 54 mujeres, una imprenta, un hotel, y ocho casas particulares de las personas investigadas. Para llegar a esos lugares, se necesitaron más de diez meses de paciente investigación y la intervención de muchos teléfonos, después de que el 18 de enero de 2013 una testigo de identidad reservada radicó una denuncia en la Procuraduría para el Combate de Trata y Explotación de Personas.

El juez determinó que la organización criminal, que se conformaba casi como una asociación ilícita para la Trata de Personas, ganaba unos 5.000 pesos por día. Las mujeres eran captadas por su situación de “vulnerabilidad” y mediante “amenazas, maltratos, intimidación, restricción de la libertad” eran obligados a trabajar haciendo “pases” compulsivos durante la noche. Sin embargo, las mujeres eran utilizadas como si los fiolos fueran sus dueños. Hacían trámites o llevaban a sus hijos a la escuela, para lo que muchas veces eran interrumpidos sus horarios de descanso.

“El sometimiento también se verifica en el estado paupérrimo en que se encontraban los “privados”, dice el fallo. En los tugurios de Callao 337/339, Tucumán 2058, Piedras 1096 y Montevideo 55/57, “las condiciones de los domicilios eran desastrosas en términos de higiene, ventilación y seguridad, según puede observarse de las fotografías obrantes en el sumario”, apunta el juez. Algunos de los sitios de internet donde promocionaban sus prostíbulos –además de volanteando en la calle- eran "tramps", "gemidos.com", "www.0600hot.com", "microcentro.com".

La protección policíal

"Esta banda contaba con protección policial y asesoramiento a cambio del pago regular de una suma aproximada de 1600 a 4000 pesos", dice el magistrado en su resolución de 129 carillas.  "Para el sostenimiento prolongado de esta actividad sabidamente ilícita, que resulta notoria o evidente para el control de las autoridades, contaban con un arreglo y connivencia con los funcionarios públicos a cargo del control preventivo de la zona donde estaban los inmuebles", detalla.

En una de las conversaciones telefónicas, Castrillón le pregunta a un tal “Lauti” sobre tares de inteligencia que estuvo haciendo la policía a la salida de uno de sus burdeles, el “privado” de la calle Tucumán. “Lauti” le contesta que no sabía, que le preguntara a “Carlitos”, y agrega que también lo habían llamado de Talcahuano porque “anduvieron por ahí”.

-Yo no estaba avisado- se queja Castrillón.

-Nosotros no, nosotros no- se excusa el interlocutor.

Carlitos es Carlos Ochoa, un agente de la comisaría 5ta, y Lauti o Lautaro –ironías aparte- pertenece a la División Moralidad de la Federal. El contacto de Castrillón con Lautaro es frecuente, y se encuentran personalmente en la puerta de la casa del fiolo, en Corrientes y Uruguay. Ambos, a la luz de las escuchas, protegían a varios “privados” a cambio de una jugosa tajada, y avisaban cuando sectores de la fuerza que estaban fuera del negocio se les ocurría husmear.

Myriam Beatriz García, otra de las tratantes presas, contó que los días 15 de cada mes le paga a “los pibes”, que es “con lo único que no se atrasa”. De las desgrabaciones también surge la participación de efectivos de la comisaría 4ta: “No le pagaron más al pibe de la cuarta. Me hicieron quedar para el orto”, se queja García ante sus subordinados.

“A las mujeres se les mostraba que agentes policiales, muchas veces correspondientes a las comisarías con jurisdicción en la zona de los `privados`, conocían sobre las actividades que allí tenían lugar, recibían dinero a cambio de protección y silencio, mantenían a los explotadores `avisados` sobre investigaciones judiciales o allanamientos, retenían un dominio territorial en la zona, y tenían una relación frecuente con sus explotadores”, concluye la resolución de Lijo.