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La primera Corte Suprema fue constituida junto con las autoridades judiciales federales en 1863, según establecía la Constitución sancionada 10 años antes. El establecimiento del órgano máximo es parte de la llamada “Organización Nacional”, cuando empezó el lento y arduo trabajo de someter a las provincias a una autoridad mayor, el estado federal. De esta manera, entre los primeros objetivos de la Corte Suprema estuvo asegurar la supremacía del texto constitucional (y por lo tanto del propio tribunal) así como consolidar la autoridad federal frente a las provincias, que no pudieron ser dominadas completamente sino hasta 1880, con la llegada a la presidencia de Julio Argentino Roca.

Un gobierno para todos

La batalla de Pavón en 1861 significó la desaparición de la Confederación Argentina y la incorporación del estado de Buenos Aires al país. La victoria de Bartolomé Mitre cerró la crisis abierta con la Revolución de Mayo en 1810. La retirada de la corona española había dejado un puñado de ciudades con cabildo y dominio sobre sus campañas circundantes, y no estaba claro a quién correspondía el gobierno en la nueva etapa independiente.

Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata desde 1776, se sentía la heredera natural de la corona en el rincón sur del continente. Pero ese poder estaba lejos de ser aceptado por todos: menos de 10 años después de la revolución, el Alto Perú (la actual Bolivia) y el Paraguay se habían retirado del ex virreinato, y desde la Banda Oriental (actual Uruguay) José Gervasio Artigas enarbolaba un proyecto radicalmente distinto al porteño. Su Liga de los Pueblos Libres, con una mayor participación de los mestizos, los negros y los indígenas y un sistema confederado, era una afrenta que sólo fue desactivada con la invasión luso-brasileña de 1817, que Buenos Aires observó pasivamente.

En 1819, Buenos Aires sancionó una constitución unitaria. Las provincias respondieron enviando las tropas a la ciudad y triunfando en la batalla de Cepeda. Empezó así la anarquía: las provincias se recluyeron sobre sí mismas para recuperar la normalidad después de la larga década de la independencia. La conocida dicotomía entre unitarios y federales escondía, en verdad, un motivo económico: Buenos Aires se enriquecía con el comercio de materias primas y la Aduana, que gravaba el consumo de todas las provincias y dejaba entrar las importaciones europeas (fundamentalmente inglesas) a un país sin ningún tipo de industria. Para colmo, los ingresos aduaneros hacían de Buenos Aires, por lejos, la provincia más rica del ex virreinato, con lo cual ejercía la influencia política y militar sobre las demás.

El santiagueño José Benjamín Gorostiaga, uno de los cinco jueces de la primera Corte.

Nunca, de todas maneras, dejó de buscarse la unidad: algo parecido fue alcanzado por el gobernador porteño Juan Manuel de Rosas, quien mantuvo el equilibrio político gracias a pactos bilaterales y fue el encargado de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas. Si bien Rosas es identificado, hasta hoy, con el más puro federalismo, lo cierto es que su gobierno fue el gobierno de los estancieros porteños y, durante los 23 años que duró, sentó las bases del capitalismo en el Río de la Plata: hizo una primera expedición a los indios para ampliar la frontera agraria (antesala de la “Conquista del Desierto”), otorgó derechos de propiedad sobre una pampa hasta entonces libre e intentó eliminar a los “vagos y malentretenidos” (quienes vivían de esa pampa libre) con las levas militares.

En Buenos Aires, Rosas estableció un sistema político autoritario (el único posible en ese contexto, según sus defensores) con facultades extraordinarias y la suma del poder público, otorgados por la Junta de Representantes. Si bien se llevaban a cabo puntillosamente las elecciones año tras año, el gobernador Rosas se mantenía en el poder gracias al gran apoyo popular con el que contaba: los negros, los mestizos y algunos indios lo apoyaban, y él explotaba su figura de gran caudillo rural, excelso jinete y de trato usual con el pueblo llano. Esto generó el horror de jóvenes profesionales porteños. Desde el exilio, la “Generación del 37” asociaba a Rosas con la barbarie y el atraso, tal como retrató Esteban Echeverría en su cuento “El matadero”.

Esos hombres se prepararon durante años para la caída de Rosas, y fueron ideando el sistema que le seguiría a su despotismo según los modelos francés y norteamericano, tal como se plasmó en las “Bases” de Alberdi. La alianza anti rosista fue encabezada por el entrerriano Justo José de Urquiza, quien lo derrotó en Caseros en febrero de 1852. Se había acabado la supremacía porteña. Llegaba el momento de la organización nacional sobre una nueva base. Pero nada de eso sucedería: en septiembre de 1852 los vencedores porteños de Caseros expulsaron a Urquiza, a quien se dirigían como si fuera un invasor extranjero, y se negaron a incorporarse al país. El historiador Tulio Halperín Donghi señala que este hecho, aunque permanezca relativamente olvidado, es uno de los más importantes del período por sus consecuencias.

Siguieron 10 años de una Confederación Argentina insolvente y destinada al fracaso, frente a un Estado de Buenos Aires rico y poderoso que se negaba a renunciar a sus privilegios. La batalla de Cepeda en 1859 debía hacer efectiva la incorporación de Buenos Aires, pero ésta se negó, por lo que en 1861 hubo una nueva batalla en Pavón. Urquiza se retiró por razones hasta hoy no aclaradas, dándole la victoria a Bartolomé Mitre. Buenos Aires se incorporaba así a la Argentina, pero en sus propios términos. A continuación debía organizarse el gobierno federal y dotarlo de legitimidad, y ésa fue la tarea de las “presidencias históricas” de Mitre, Sarmiento y Avellaneda.

Mitre designó a los cinco ministros. Sólo uno de ellos, Francisco de las Carreras, era porteño. Fue el presidente de la Corte.

Una corte para todos

La Corte Suprema debía ser el máximo tribunal en todo el territorio nacional sin dejar de defender los intereses del nuevo gobierno federal. Para ello, Mitre designó cuidadosamente a sus cinco ministros: sólo uno de ellos, Francisco de las Carreras, era porteño, aunque era el presidente. Los demás eran el sanjuanino Salvador María del Carril, liberal, anti clerical y ex ministro del gobierno unitario de Bernardino Rivadavia; el mendocino Francisco Delgado, ex juez de Córdoba mientras duró la toma de esa provincia por el general unitario Juan Lavalle; el cordobés José Barros Pazos, miembro de la “Generación del 37” y exiliado en Chile durante el rosismo; y el santiagueño José Benjamín Gorostiaga, constituyente por su provincia en 1853 y 1860, ministro del Interior de la Confederación durante el gobierno de Urquiza y de Hacienda porteño, donde aplicó medidas liberales rompiendo el tradicional monopolismo rosista.

La primera Corte asumió el 15 de enero de 1863. Se encargó de hacer clara la división de poderes (casi una novedad para la Argentina de la época) y fortalecer al gobierno federal sentando jurisprudencia: con diversos fallos declaró inconstitucionales un decreto de Urquiza, varias leyes provinciales y hasta algunas del propio Congreso Nacional, determinó el alcance de este último órgano para imponer sanciones por desacato, ratificó la potestad del gobierno federal de eximir de impuestos provinciales a particulares, se proclamó como intérprete final de la Constitución, delimitó el alcance de los fueros para los miembros del Congreso, decidió que el Poder Ejecutivo no podía ser demandado por particulares, entre otras.

El avance federal sobre las autonomías provinciales no fue sencillo. Durante la guerra del Paraguay, entre 1864 y 1870, hubo en el territorio argentino 117 levantamientos impugnando una guerra considerada fratricida llevada adelante por el centralismo porteño. Entre los más importantes podemos contar el de Felipe Varela y el de Ángel Vicente Peñaloza, el “Chacho”, ahogados a sangre y fuego. Pero ni siquiera los artífices del federalismo se sometían completamente al nuevo orden: el propio Mitre encabezó una revuelta en 1874 con la excusa de un supuesto fraude en las elecciones. La Corte Suprema condensó ese nuevo orden en la justicia y sentó una duradera jurisprudencia en busca de una normalidad que todavía estaba por crearse.