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Integrantes de trece juntas comunales porteñas reaccionaron ante el decreto del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que creó dos gerencias y subgerencias con idénticas funciones a las de los funcionarios electos en los barrios. Ayer presentaron una acción de amparo para pedir la nulidad y la suspensión del decreto 251/2014, y presentaron una denuncia penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra Macri y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

El decreto 251 se conoció hace una semana. La nueva norma le atribuye competencias a esas “gerencias y subgerencias” que por ley corresponden a los órganos comunales. Las nuevas dependencias estarán bajo la órbita de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a cargo de Eduardo Macchiavelli. Además de ir contra la Ley Orgánica de Comunas, los decretos violan la disposición constitucional que atribuye a la Legislatura la facultad de regular la organización de las Comunas.

Para los comuneros que realizaron la denuncia, el decreto representa "un golpe institucional con el único fin de destruir los gobiernos comunales". En conferencia de prensa, señalaron que el PRO "ya tuvo dos intentos fallidos, por medio de proyectos de reforma de la ley 1.777, iniciativas rechazadas por todos los vecinos, comuneros y legisladores de la oposición". Los trece comuneros ya recibieron el apoyo de  legisladores de los bloques Verde Alameda, FIT y MST. Se espera que en los próximos días también haya manifestaciones del bloque de legisladores y de comuneros del Frente para la Victoria.

El decreto creó una “Gerencia Operativa de Gestión Administrativa”, con la función de “intervenir en la elaboración del programa de acción y el anteproyecto de presupuesto anual de la Comuna”. También la faculta para “intervenir en la administración del patrimonio de la Comuna en coordinación con el área competente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana”.

Ambas atribuciones son propias de las Comunas, e indelegables a una autoridad de la administración central. El art. 10 de la Ley de Comunas dispuso que “la elaboración participativa de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, su ejecución y administración del patrimonio” es una función exclusiva de las Juntas Comunales –el órgano de gobierno de las “unidades de gestión política y administrativa descentralizada”–.

Los decretos tienen menor jerarquía que las leyes, y por ende, deben subordinarse a lo dispuesto por ellas. El flamante decreto 251 contradice por completo las disposiciones de la ley, y le arroga funciones que no le corresponden a oficinas que quedan directamente bajo su cadena de mando. De esa forma, Mauricio Macri intenta avasallar por segunda vez las instituciones creadas por la Constitución de la Ciudad en 1996.

Macchiavelli, las Comunas, y las Unidades de Atención Ciudadana

El GCBA bloqueó el funcionamiento de las Comunas desde su nacimiento. Aunque fueron previstas por la Constitución porteña, recién en 2005 se las reguló por ley. La primera elección de autoridades se realizó en 2011, pero para ese entonces, Macri ya había creado el área de acción de Eduardo Macchiavelli y a las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) bajo su supervisión. Las funciones de los viejos Centros de Gestión y Participación (CGP) pasaron a las UAC, cuando correspondía que fueran asumidas por las Juntas Comunales y los Consejos Consultivos.

Allí nació el primer conflicto. En agosto de 2011, 35 legisladores, comuneros y vecinos de la ciudad presentaron el primer amparo. Las UAC también habían sido creadas por decreto, el 379/11, que reproducía extractos textuales de la Ley de Comunas para atribuirle esas funciones a las nuevas oficinas centralizadas. En abril de 2013, la justicia porteña validó el reclamo y declaró que el decreto era inconstitucional.

Pero la definición del macrismo de vaciar las Comunas sería completada con los años con otra disposición práctica: la subejecución de los presupuestos. Aunque les corresponde el 5 por ciento del presupuesto anual, las Comunas apenas recibieron las partidas destinadas a cubrir los salarios de los comuneros. En las sedes comunales, son pocos los que tienen dónde sentarse a trabajar. Faltan sillas, mesas y hasta los insumos básicos de papelería.

La ley 1777 que las creó, define a las Comunas como “unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia”. La idea de la descentralización es delegar en un espacio de participación vecinal cuestiones como la gestión de los espacios públicos, el cuidado del patrimonio vecinal, el control de los servicios, la gestión de proyectos sociales y comunitarios, y hasta la implementación de formas alternativas de resolución de conflictos.