Infojus Noticias

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anunció hoy que se prevén dos nuevos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) apuntados a suspender la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación y a trasladar la responsabilidad sobre las escuchas judiciales a la órbita de la Corte Suprema de Justicia quitándolas de la Procuración General. Garavano calificó a estos decretos como “medidas reparativas urgentes” destinadas a iniciar un camino de debate para lograr una Justicia que “le dé respuestas a las preocupaciones de la gente”.

“Con el Decreto lo que hacemos es un primer esquema correctivo, de mínima intervención, que ajusta algunas cosas y evita que se produzcan gastos innecesarios, estructuras presupuestarias muy llamativas, sin planificación detallada de cómo debería hacerse la reforma. Se corrige esto y entonces sí, pasamos a un capítulo de diálogo con las organizaciones del sector para avanzar en las reformas necesarias”, expresó Garavano en relación al uso el DNU para detener la implementación del CPP prevista para el primero de marzo.

“Una de las tareas de los jueces es ser muy cuidadosos", dijo Garavano.

Según afirmó el ministro: “En Argentina, por motivos políticos, se tomaron decisiones desde el punto de vista técnico que fueron desacertadas en orden a la implementación del sistema acusatorio". En este sentido, Garavano resalto el consenso que existe entre las “organizaciones del sector” sobre la imposibilidad de cumplir con el plazo legal del 1 de marzo. “Nosotros hemos discutido en el Gabinete y en los próximos días se publicará un DNU para postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, para poder planificar especialmente con la comisión bicameral una nueva estrategia de implementación del código procesal penal y que eso nos dé tiempo para hacer ajustes a las leyes del Ministerio Público, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al propio código”.

Los anuncios se realizaron en el marco de un encuentro y brindis con periodistas por el fin de año en el piso once de la sede ministerial de calle Sarmiento. Ahí, acompañado por el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares y el secretario de Planificación, Mauricio Devoto, el ministro hizo especial hincapié en la necesidad de retrasar la aplicación del Código: “Hay que ser muy cuidadosos, profesionales, técnicos, dejar todo el interés político en torno a esta reforma y todo lo que tiene que ver con el intercambio de poder y pensar más en cómo creamos una Justicia que le dé respuestas a las preocupaciones de la gente”, dijo.

Los puntos en cuestión que según el ministro hacen necesarias las modificaciones en el Código aprobado en junio pasado están relacionados básicamente a dos aspectos: por un lado, la necesidad de que el Código esté pensado para los delitos propiamente federales: contrabando, narcotráfico, trata de personas, grandes delitos económicos es perjuicio del Estado Nacional, etc y por otro, relacionado con el rol de los jueces. “Se plantean algunos desequilibrios al darles demasiadas facultades a los fiscales en perjuicio del rol de los jueces e incluso de la defensa. El sistema acusatorio es un sistema de equilibrios, se harán esas correcciones y se va a tratar de avanzar para diagramar la aplicación del código en varios años”, expresó el ministro.

Casares, Otamendi, Garavano y Devoto.

Escuchas, a la Corte

El otro DNU que está previsto para los próximos días es el que trasladará el sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. “No tiene lógica que en un sistema constitucional, donde son los jueces los únicos que pueden autorizar la invasión a la privacidad, la estructura dedicada a eso esté bajo la órbita de la Fiscalía que es una de las partes en el proceso”, expresó Garavano y puntualizó que con el control de las escuchas por parte del Ministerio Público Fiscal “existe  un peligro de que algunos derechos individuales estén siendo afectados por el hecho de que una de las partes del proceso, que es la que impulsa la acción penal, sea la que tiene el control de las escuchas”.

“Una de las tareas de los jueces es ser muy cuidadosos, cuando hacen un allanamiento, piden un secuestro de algún elemento, tienen que estar muy acotados y ser coherentes con el pedido para no excederse en esas atribuciones. Lo mismo pasa con las intervenciones en escuchas telefónicas, una de las tareas de los jueces es separar aquello que sí tiene relevancia en relación al sistema penal de aquello que afecta a los derechos individualísimos de todos nosotros”, resaltó.

Para la aplicación de esta medida, el ministro aclaró que el equipo técnico actual pasará a depender de la Corte y que el máximo organismo de Justicia evaluara la idoneidad técnica en la materia. “El equipo debe ser muy aséptico, respetuoso de las garantías”, definió Garavano.