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El Senado aprobó anoche y giró a Diputados el proyecto de ley Argentina Digital, que regula las telecomunicaciones fijas y móviles, las redes de conexión a internet, la televisión por satélite y por cable. El expediente comenzará a debatirse esta tarde en la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja.

El proyecto obtuvo 38 votos a favor del Frente para la Victoria, de sus aliados y del peronista pampeano Carlos Verna, mientras que el radicalismo, el justicialismo federal, PRO y UNEN juntaron 21 votos en contra. El texto declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC-, lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista. 

La ley se aprobó con una batería de modificaciones respecto al texto original que presentó el Poder Ejecutivo. La más importante es una enmienda que ratifica a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. La primera versión del proyecto la declaraba como de “interés público”, lo que según las cooperativas era una forma de desregular el mercado.

Otro de los cambios trascendentes establece que las telefónicas no podrán prestar servicios de televisión satelital y que su incorporación al mercado de servicios de comunicación audiovisual será gradual, de acuerdo a la reglamentación que establezca la Casa Rosada.

Otras modificaciones

Uno de los puntos clave que se incorporaron al proyecto original fue la cuestión de la accesibilidad. En este sentido, se agregó un capítulo entero referido a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios, como el acceso a las TICs en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”. De esta manera, “se postulan las mismas exigencias de un servicio público para todas las TICs”

Además, sobre el concepto de neutralidad de la red, el oficialismo decidió reemplazar el texto del proyecto oficial por otro consensuado entre todos los bloques. Por otro lado, se estableció que la autoridad de aplicación de la ley deberá garantizar la “competencia y desarrollo de mercados regionales, evitando asimetrías con las grandes empresas”. Dicha entidad también “deberá establecer programas de regularización de las licencias de las pequeñas cableoperadoras del interior, garantizando su continuidad”. El proyecto delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.

A su vez, la norma introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de transmisión que deberá fijar la autoridad de aplicación.

Por mejores condiciones de precio y calidad

La norma pretende "declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados", garantizando la "completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso" de todos los argentinos "a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas".

El proyecto engloba la prestación de los servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión por cable, excluyendo explícitamente cualquier regulación de los contenidos. En su disertación en el Senado durante el debate público, el secretario de Comunicaciones Norberto Berner aseguró que la Ley Argentina Digital  busca mejorar la “competitividad” en el mercado de telecomunicaciones, hoy dominado por pocas empresas, para inducir mejoras en los “precios” y la “calidad” de los servicios.

Berner señaló que existen 1.350 licencias de telecomunicaciones en el país y que sólo “cuatro o cinco empresas llevan el servicio a nuestras casas”. Según dijo, el resto “no tiene acceso a las redes, tiene que construir una red a un precio exorbitante” lo que “no hace más que engrosar el costo final al usuario”.

En este sentido, el funcionario sostuvo que “el objetivo primordial” del proyecto “es que estos 1.350 licenciatarios puedan acceder en mejores condiciones a precio y calidad”. Y explicó: “Un reclamo que tenemos es que los precios por conectarse a las redes de las (empresas) más grandes son exorbitantes. Es algo que vienen reclamando las pymes y cooperativas”.

Por otra parte, Berner negó que el proyecto modifique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -Ley de Medios-, y aclaró que solo exceptúa a las telefónicas de la prohibición de prestar servicios audiovisuales, tal cual lo establece la norma de 2009.