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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por la defensa de nueve policías acusados de agredir con picana y golpear a tres jóvenes cuando los detuvieron por haber roto un auto en el barrio de Palermo. Así, el máximo tribunal del país confirmó una decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 12, que ordenó realizar un nuevo juicio contra los policías ya que el alegato del fiscal, que pedía que se absolviera a los efectivos, era nulo porque “no supera el control de legalidad”.  

Se trata de una causa que llegó a juicio oral y público aunque luego del alegato del fiscal de juicio los jueces del tribunal decidieron declarar nulo el mismo y reenviar la causa a la Cámara de Casación para que se sortee otro tribunal y se vuelva a hacer el juicio. Pero las defensas de los imputados presentaron diversos recursos contra esto.

En la madrugada del 20 de julio de 2010 el cabo de la Policía Federal, Juan Ramón Benítez, perteneciente a la seccional N° 23 detuvo a tres jóvenes de entre 16 y 17 años en el barrio de Palermo, en la intersección de las calles Gurruchaga y Guatemala. Los jóvenes habían sido detenidos presuntamente por haber roto un auto que se encontraba en las inmediaciones de la zona. Benítez pidió refuerzos y se acercó un uniformado que estaba en la zona, Jesús Yapura. Al rato, tres patrulleros se hicieron presentes en el lugar con dos policías cada uno todos ellos al mando de la subinspectora Natalia María Fernanda Verón (jefe de Servicio Externo).

Comenzaban las cuestiones de “rigor”, el pedido de los datos a los menores y la convocatoria a testigos. Sin embargo, según se explica el expediente y en el requerimiento a juicio, allí comenzaron las agresiones a los menores. Los datos que les pedían iban acompañados de golpes y les exigían que dijeran que ellos habían roto el auto. Uno de los jóvenes precisó que la mujer había sido una de las personas que lo golpeó reiteradamente junto con otro de los policías, el cabo Mariano Cerrillo. “A ver sonreí y mostrame los dientes”, le dijo uno de los uniformados a los jóvenes de modo intimidatorio. Después los subieron a los patrulleros para trasladarlos hasta la seccional.

El camino a la seccional no fue nada tranquilo. “El efectivo policial que se sentó junto a su lado”, dijo uno de los menores, “sacó de un bolso una ‘especie de picana’ con la cual comenzó a infringirle descargas eléctricas en el cuello” durante todo el viaje. En la seccional no cambio mucho la situación. Esposados continuaron aplicándoles golpes y descargas eléctricas mientras les decían “¿Quién fue el que rompió el auto?” Verón era la más exaltada, explican los jóvenes en sus testimonios, e incluso le corto el pelo a uno de los menores detenidos.  

Recién al otro día por la tarde los jóvenes quedaron en libertad. Uno de los padres de los menores, al enterarse de lo ocurrido, volvió a la misma comisaria a radicar una denuncia por los hechos que fue recibida por el comisario de la seccional. Así comenzó la causa contra los nueve policías que participaron de los hechos. Las pericias realizadas a los jóvenes marcan lesiones por golpes y probable “lesión electroespecífica por pasaje de corriente eléctrica”.

El juicio

La causa llegó a juicio contra los policías pero luego de desarrolladas las distintas instancias del debate oral y público celebrado el Fiscal General del juicio, doctor José Luis Gerlero, en Ocasión de pidió la absolución de todos los policías. Esto fue declarado nulo, al igual que el juicio, por el TOC n° 12, y tras los recursos presentados la causa llegó a la Cámara de Casación Penal. La sala III, integrada por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky sostuvo que “el pedido absolutorio del Fiscal General, no supera el control de legalidad y, por ende, fue correctamente anulado por el tribunal de grado”.

Es que el pedido del fiscal cuestionaba las contradicciones en los dichos de los menores y que los testigos de la detención que figuran en el acta mencionaron que “los tres detenidos estaban sentados y tranquilos, sin quejarse absolutamente de nada”. A ello para el fiscal de juicio se sumaba que “nunca fue secuestrado el aparato que pudiera posibilitar la descarga eléctrica”. “Si se hubiese querido apremiar, teniendo en cuenta la condición de funcionarios policiales, obviamente no se iba a efectuar en presencia de testigos”, decía Gerlero.

No obstante, para los camaristas de Casación, el alegato era nulo ya que “no fue debidamente fundamentado, pues omitió valorar circunstancias determinantes para la solución del caso”.  Y agregaron que “si se comprobó objetivamente que los menores tenían lesiones en su cuerpo, debió haberse analizado certeramente que éstas no se hayan producido a partir de que los jóvenes entraron en contacto con los preventores, si es que se pretendía desvincular a los nueve imputados que arribaron al debate”.

Así rechazaron los recursos de casación de las defensas de los nueve imputados, y por ende confirmaron la decisión del TC N°12 que ordena realizar un nuevo juicio para juzgar a los nueve policías: Mariano Cerrillo, Leandro Luis Galeano Bruschi, Natalia María Fernanda Verón, Cristian Javier Bejarano, Sergio Daniel Coronel, Guillermo Ariel Villan, Ricardo Alejandro Coria, Juan Raúl Villegas y Juan Alberto Morales.