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La jornada de hoy en el Consejo de la Magistratura fue intensa. Primero comenzó la reunión de la Comisión de Disciplina y después se realizó el plenario. “Creo que a este expediente le corresponde una sanción”, dijo con tono firme el secretario de Justicia y consejero, Julián Álvarez. Se refería al del juez Carlos Villafuerte Ruzo. De todos modos, tras un extenso debate, y a pesar de las pruebas en su contra, se decidió no sancionar al magistrado, que estaba acusado de demorar causas en las que están involucrados miembros de la policía bonaerense. Por otro lado, se aprobó una sanción de advertencia contra la jueza mendocina Olga Pura Arrabal. La mujer está acusada de extraer copias de un expediente de otro juzgado para usarlas en otra causa suya.

Durante su exposición en el caso del juez Villafuerte Ruzo, Álvarez fue vehemente y determinado. El caso se trató a raíz de la denuncia de otro de los nuevos responsables de la UFI-AMIA, Juan Murray. Tras varios minutos de deliberación sobre la posibilidad de que se sancionara al magistrado con una quita de sueldo, Álvarez tomó la posta y recalcó que a Villafuerte Ruzo se le reprocha su actuación en algunas causas que prescribieron y otras en las que hay demoras, y que tuvieron que ver con fuerzas policiales, en especial de la bonaerense.

“Creo que a este expediente le corresponde una sanción”, dijo. Y luego insistió en uno de los puntos que viene trabajando desde que asumió su lugar en el Consejo: que no se postergue el tratamiento de los temas y evitar así que se venzan sin una resolución justa. Entre los puntos que señaló sobre el proceder de Villafuerte Ruzo remarcó que el magistrado llegó a tardar “cuatro meses en abrir un sobre que le mando la Policía Federal” en el marco de una causa y que contenía grabaciones. Enumeró otras “dilaciones en los procesos” y describió cómo mantuvo “causas paralizadas contra personal de la bonaerense”. Una de ellas, explicó, llegó a estar así por 12 años.

 

 

Álvarez contó de una causa del juez “contra un subcomisario y un oficial, sin acto procesal”. Poco después y ante la posibilidad de que la dilación en el tratamiento del tema se venciera, el secretario de Justicia se dirigió a sus pares y les dijo: “vuelvo a apelar a la buena fe”. El proyecto contemplaba como sanción una quita del 30 % de sueldo del magistrado. “Creo que es poco, por la actuación del juez Villafuerte Ruso, pero de mínima es justo”, dijo Álvarez.

A pesar de las pruebas en contra del magistrado, por siete votos contra seis se decidió no sancionarlo y se aprobó la desestimación del tema. Los que se opusieron a la sanción fueron Cabral, Moldes, Piedecasas, Rozas, Valdés, Vázquez y Donato.

Esta no es la primera vez que Villafuerte Ruzo recibe un guiño de parte del Consejo de la Magistratura. Desde  1999 recibió 24 denuncias en el Consejo por mal desempeño en sus funciones. En 17 de ellas fue desvinculado por desestimación o por el archivo de la denuncia. En la actualidad tiene 7 denuncias en trámite ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.

Luego Álvarez dijo: “Quiero hacer mío el dictamen de Mario Cimadevilla”, ex consejero de la UCR. Era en referencia un expediente contra la jueza de Mendoza Olga Pura Arrabal. Se inició porque la jueza “sacó copia de un documento y lo usó como prueba en una causas donde es actora”. Su denunciante la acusó de usar “métodos clandestinos para su beneficio personal”.  A pedido de los consejeros se pasó a votar nominalmente: con siete votos a favor y seis en contra se decidió por una sanción de advertencia. Votaron a favor de la sanción Álvarez, Fernández Sagasti, Godoy, Candis, González, Recalde y Rozas (que votó a favor e inclinó la balanza porque el dictamen que retomó Álvarez era originalmente de su correligionario Cimadevilla).

 

 

Conjueces y concursos

El concurso 212 está destinado a cubrir el cargo de vocal en Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Los tres integrantes de la terna para remitir al Poder Ejecutivo son: Julio Báez, Javier López Bizcayart y Sebastián Casanello. También se trató el concurso 278, destinado a cubrir siete cargos en los Tribunales Orales de la Capital Federal. Sin embargo, se postergaron por falta de consenso.

Y en la reunión de la Comisión de Disciplina se informó a los consejeros que el 31 de marzo a las 16 se leerá la sentencia en el jury de enjuiciamiento al juez Axel López. Candis también explicó sobre el viaje de varios miembros de la comisión a Bahía Blanca, donde se informó a representantes de la justicia federales sobre la preocupación del Consejo por los retrasos en los juicios de lesa humanidad en esa jurisdicción. Algo en lo que también insistió Álvarez.

CD/RA