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Ocho años de prisión, 16 de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el desafuero como senador. Ese fue el pedido del fiscal Marcelo Agüero Vera para el ex presidente Carlos Saúl Menem por la causa de contrabando de armas a  a Croacia y Ecuador. Lo hizo hoy ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. Diego Palleros, acusado como traficante de armas, fue encontrado coautor y el fiscal pidió la misma pena. Para el ex ministro de Defensa, Oscar Camillón, pidió 7 años.

 

La causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador fue reenviada por la Cámara de Casación Penal al mismo tribunal que absolvió a los acusados. La Cámara los condenó por el delito de asación por los delitos de "contrabando agravado por tratarse de material bélico, por contar con la participación de funcionarios público y por haber sido cometido por más de tres personas”.

 

“El objetivo de la audiencia de hoy -dijo Luis Imas, presidente del Tribunal- es la fijación de pena tal y como lo dispuso la Sala I de la Cámara de Casación”.

 

Con la sala de audiencia llena por los abogados de la querella, las seis defensas, la fiscalía y el tribunal, la audiencia empezó a las 10 y media de la mañana, una hora más tarde de lo previsto. Unos treinta periodistas, a su vez, buscaban su lugar en la sala destinada al público y separada de los imputados por una de vidrio. 

 

Menem, con un abogado defensor a cada lado, miraba al tribunal. Saco azul, camisa blanca y corbata roja. Uno de sus defensores, Maximiliano Rusconi, pidió la palabra ni bien terminó de hablar el juez. Requirió la nulidad de la audiencia por entender que el tribunal había recibido una orden, de un tribunal superior, contraria a su propio criterio. En estas condiciones, “la defensa debería pedir que se sienten acá los jueces de Casación ya que son sus convicciones las que obligar a dictar sentencias, convicciones prestadas para este tribunal”, dijo.

 

La palabra circuló entre todas las defensas que suscribieron lo que pedía Rusconi. Se habló de “procedimiento inédito”, de “grave problema procesal” de audiencia que deviene ilegítima” y de “vulneración al debido proceso”. Se llamó a cuarto intermedio para resolver la nulidad. Antes tuvo lugar la advertencia del fiscal Agüero Vera: “Hay que recordar que la decisión que tomó Casación de reenviar la causa a este Tribunal, está forjada en favor de los derechos de los acusados. Entiendo que esto es otro planteo dilatorio”, dijo y recordó que el defensor de Menem había interpuesto un recurso similar el martes y que ya se le había respondido debidamente. “La defensa quiere detener este proceso en el tiempo”, concluyó.

 

Una hora más tarde el tribunal decidió no hacer lugar a la nulidad y le dio la palabra a la querella AFIP- Aduana y al fiscal para hacer el pedido de penas. La querella entendió que el contrabando estaba agravado por la reiteración del hecho, la cantidad de material bélico traficado, la utilización de estructuras estatales para realizar el negocio y, en el caso del ex presidente y el ex ministro de Defensa, por el cargo que ocupaban. Pidió 5 años para Menem, 5 para Camillón y 5 para Palleros.  

 

La venta de armas a Ecuador y Croacia empezó en septiembre de 1991 con los decretos presidenciales 1.697/91 y 2.283/91  que autorizaban al buque Opatija I a trasladar “188 morteros, 3.450 minas terrestres no metálicas antipersonal, 2.300 minas terrestres no metálicas antitanque, 54.050 granadas de mano explosivas, 805 cohetes pampero y 200 misiles antitanque”. 

 

La sala I de Casación entendió que los decretos habían sido “piezas fundamentales del contrabando”. Los decretos tenían como destino operativo a los países de Panamá y Venezuela, pero terminaron en Croacia –que tenía un embargo internacional- y a Ecuador, en guerra con Perú. 

 

El fiscal Agüero Vera tomó como agravantes el perjuicio económico de 30 millones de dólares, las implicancias internacionales, la duración de la maniobra de contrabando (desde 1991 hasta 1995) y los diferentes órganos del Estado utilizados (ministerios de Economía, Asuntos Exteriores, Defensa).    

 

A Carlos Nuñez y Teresa Irañeta de Canterin y para Jorge Cornejo Torino (ex director de la Fábrica Militar de Río Tercero) el fiscal pidió 5 años de prisión y para Manuel Cornejo Torino (Director de Fabricaciones Militares) se pidió seis años y medio. 

 

Las defensas, en su turno, hablaron de irracionalidad en los pedidos. Rusconi dijo que “había que analizar la capacidad de influencia” de su defendido Carlos Menem. “Este es un proceso como pocos ha habido en nuestro país. El proceso tiene una duración de 18 años desde la denuncia, 22 desde los hechos investigados. Mi defendido enfrentó un sufrimiento procesal descomunal”. Y acusó a los medios de comunicación de querer mantener el “tema en agenda”. 

 

Todos las defensas aludieron a los 18 años que lleva el proceso en trámite. De los “sufrimientos de los acusados”. El abogado de Camillón dijo que su defendido pasó 18 años “en el infierno, o al menos en el purgatorio”. La defensa del coronel Cornejo Torino argumentó que, como jefe de una fábrica militar, “sólo cumplía órdenes”. 

 

La próxima audiencia será el próximo viernes. Después, el tribunal tendrá 5 días hábiles para fijar las penas. Rusconi ya advirtió que hay un recurso ante la Corte Suprema pidiendo la nulidad del fallo de Casación. Las estrategias de dilación parecen ir en contra del sufrimiento procesal descomunal.