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El Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, presentó una denuncia por contrabando y evasión impositiva contra los ex funcionarios Antonio Jaime Stiuso, Alejandro Osvaldo Patrizio y Nicolás Gastón Mercado. Según la denuncia, contrabandearon 94 toneladas de mercadería –entre ellos material oftalmológico, juguetes, equipos médicos y Playstation- entre 2013 y 2014. Hasta el 18 de diciembre de 2014, Stiuso fue director general de Operaciones de la SI. 

La mercadería ingresaba al país bajo el rótulo de “Material Técnico Secreto”, que no paga impuestos ni derechos de importación, ni tampoco es controlada al ingresar.

En su exposición, Parrilli sostuvo que según pudieron confirmar a través de un informe solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones, Stiuso salió del país con rumbo a Uruguay, la semana pasada, acompañado por un funcionario de la aduana, Damián Manuel Sierra. Ambos cruzaron la frontera en una camioneta Cherokee color negro que pertenece a la firma House to House, una de las empresas involucradas en la maniobra.

House to House estuvo cerca de quedarse con el traslado y la operación del Puerto de Santa Fe, envuelto en una serie de escándalos de corrupción que derivaron en el procesamiento del ex titular del ente portuario, Marcelo Vorobiof, por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública” y “peculado”.

La firma se presentó a la licitación conformando una UTE (Unión Transitoria de Empresas) denominada “NTM Santa Fe”, junto a las firmas Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda y  Sociedad Comercial del Sur. El negocio no era menor: una inversión de 170 millones de dólares, de los cuales 40 serían aportados por el gobierno provincial. En tanto, la UTE se quedaría con la concesión del puerto por 33 años y percibiría todos los ingresos de la operación portuaria.

El gobernador Antonio Bonfatti dejar caer la licitación luego de que se conociera públicamente que uno de los directores de House to House estaba preso por narcotráfico, justamente en una provincia que padece el crecimiento de ese flagelo, particularmente en Rosario, donde los asesinatos se duplicaron entre 2010 y 2014.

Preso por narco

Bernabé Moschella integró el directorio de House to House hasta que cayó en desgracia el año pasado, cuando la justicia desbarató una operación para ingresar cocaína y éxtasis a España. La causa la lleva adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Moschella fue arrestado en su casa de Solares del Talar, un country ubicado en General Pacheco, Tigre. El otro integrante de la banda detenido, con quien comparte su cautiverio en el penal de Devoto, es Ariel Álvarez, hermano del relacionista público “Gaby” Álvarez.

En aquella ocasión el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, explicó a los medios que la banda intentaba ingresar la droga a España camuflándola en esquíes: “En cada par de esquíes se mandaban dos kilos de cocaína, con lo que encontramos 24 kilos, que puestos en España es muchísimo dinero, porque cada kilo de cocaína en este estado de pureza se vende a entre 80 mil a 100 mil euros”. Además, secuestraron 1.300 pastillas de éxtasis, precursores químicos, materia prima para fabricar 30 mil pastillas de éxtasis, cinco automóviles, 16 celulares, dinero en efectivo y notebooks, entre otra documentación de interés para la causa.

Antes de esa detención el nombre de Moschella ya había aparecido vinculado al narcotráfico: fue citado a declarar en la causa “Manzanas Blancas”, tras el secuestro de uno de los mayores cargamentos de cocaína en la historia argentina, cuando se confiscaron 3300 kilos que partieron de Buenos Aires y tenían como destino España, disimulados en cajones de esa fruta.

La empresa House to House se vio involucrada en aquella causa, pero según declaró su presidente, Pablo Pérez Porto, en sede judicial, en esa ocasión la firma “sólo se dedicó a hacer de intermediario” entre el cliente (la empresa que exportaba “manzanas”, Frutol) y una compañía marítima. La declaración de Moschella fue en el mismo sentido.

Según su propia web, House to House es “una compañía 100% argentina que ofrece servicios logísticos tanto en el ámbito local como en el internacional”. “Nuestro tamaño es el ideal para ofrecer un servicio personalizado con el soporte de una gran estructura”, agrega.

Allí precisan que “contamos con oficinas propias en el Aeropuerto Ministro Pistarini, Asunción del Paraguay, Puerto Zárate Buenos Aires, y en Puerto de Santa Fe, provincia de Santa Fe” y que “nuestra casa central se encuentra en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires”.

Los socios, también sospechados

House to House intentó quedarse con la licitación para el traslado del Puerto de Santa Fe. Lo hizo conformando la UTE “NTM Santa Fe” junto con Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda y  Sociedad Comercial del Sur.

El año pasado la policía paraguaya incautó 847 kilos de cocaína ocultos en dos contenedores de arroz, precisamente en Puerto Fénix, ubicado a sólo 12 kilómetros de la capital, Asunción. En 2013, en el mismo lugar se secuestraron 330 kilos de cocaína dentro de latas de tomates, que estaban listas para ser embarcadas hacia España. Según datos recopilados por distintos medios periodísticos de Paraguay en Puerto Fénix, socia de House to House en su intento por operar el Puerto de Santa Fe, se secuestraron más de 5 toneladas de cocaína entre 2010 y 2014.

El concejal rosarino por el Partido del Progreso Social, Héctor Cavallero, dio a conocer además otros hechos. Según el edil, “en abril de 2006 se hallaron en Nápoles 322 kilos de droga provenientes de este puerto; en noviembre de 2009 se detuvo a un grupo que se aprestaba a cargar 101 kilos de droga en contenedores que saldrían de Puerto Fénix; también en marzo de 2010 se descubrió en el puerto de Hamburgo, un cargamento de 1.300 kilos de cocaína procedentes de Puerto Fénix; que el 31 de mayo de 2011 se conoce el secuestro de un contenedor con 860 kilos de droga de igual origen”.

Cavallero había puesto al tanto de esas denuncias al gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, a mediados del año pasado, a través de una carta en la que le solicitaba “un estricto control de la Hidrovía y los puertos que se hallan a su vera ante el florecimiento de los envíos fluviales de estupefacientes de todo tipo por ese medio". En aquel momento expresó sus dudas también por el retiro del pliego de la empresa Camargo Correa, que competía con la UTE por el traslado del puerto. Según fuentes consultadas por Infojus, la firma se bajó ante un “direccionamiento” para favorecer a la UTE de la que House to House y Puerto Fénix, sospechadas de narcotráfico, formaban parte.

Por su parte, Marítima Boluda es investigada en España por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según publicó el diario El País, se detectaron irregularidades “en una treintena de facturas, manipuladas por la empresa para cobrar de forma fraudulenta ayudas comunitarias a la formación entre 2008 y julio de 2011”. El fraude sería rondaría los 400 mil euros.

En diálogo con Infojus Noticias, Hugo Kofman, integrante del Centro de Estudios y Acción Popular, que lleva años advirtiendo sobre los negociados en el Puerto de Santa Fe, “nadie puede desconocer que fue el propio Marcelo Vorobiof quien gestionó la licitación, viajó al exterior para interesar a empresas y junto a Fernando Molinari, uno de los gerentes del Ente Portuario, también imputado en la causa, armaron esta UTE a sólo 9 días del cierre de la licitación. Sabían que Camargo Correa se bajaría y decidieron entre gallos y medianoche armar una UTE que no tendría competidores para quedarse con el traslado”.