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La titular del Órgano de Revisión creado junto a la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), María Graciela Iglesias, recorrió tres ciudades de la provincia de Córdoba para supervisar que los neuropsiquiátricos públicos y privados de todo el país cumplan gradualmente con las condiciones impuestas por la Ley de Salud Mental. La norma fue sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 2 de ese año.

Entre el martes 2 y el miércoles 3 de junio, Iglesias visitó tres instituciones de salud mental en las localidades cordobesas de Bell Ville, Oliva y Córdoba capital, para cerciorarse principalmente del cierre de sus salas de aislamiento, expresamente prohibidas en el artículo 14 del decreto 603/13 reglamentario de la nueva legislación.

En febrero de este año, el Órgano de Revisión había solicitado a los Ministerios de Salud provinciales el cierre de las salas de aislamiento en todo el país, que eran llamadas eufemísticamente  en la legislación antigua en todo el país como “salas de contención”. En el caso puntual de la provincia de Córdoba, además, había pedido que se suspenda la refacción del hospital neuropsiquiátrico Oliva para asegurarse que el proyecto de reestructuración fuera en el sentido de la sustitución del modelo de hospital “monovalente” por dispositivos menos restrictivos.

La recorrida por la provincia mediterránea se concretó después de serie de acuerdos con la Dirección de Salud Mental de Córdoba, a cargo de Osvaldo Navarro. De las visitas participaron además Malena Arriagada y Mariano Rey, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos ante el Plenario del Órgano de Revisión. La provincia de Córdoba, sancionó en octubre de 2010 la ley provincial Nº 9848 del “Régimen de protección de la salud mental en la provincia de Córdoba”. Sin embargo, Iglesias y los representantes del Plenario tuvieron encuentros con algunos referentes provinciales para que se cree un órgano de revisión local que monitoreé el cumplimiento de la ley.

Después de las visitas, el Órgano de Revisión elaborará un documento con recomendaciones para que los neuropsiquiátricos cordobeses se adecúen a los principios que establece la Ley Nacional de Salud Mental y garanticen los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental.