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La decisión de reabrir la investigación recayó sobre los ejecutivos Carlos González Taboada y José Dagnino Pastore, del Banco Sudameris; Juan Manuel Sacerdote y Víctor Zerbino, del BankBoston; José Cristofani, del Río; Peter Baumman y Henry Gibbs, del Citibank; Alan Roderic Mc Donald, por el Scotiabank y Eduardo Escasany y Antonio Garcés, del Galicia.

 

"Lejos de haberse concluido la pesquisa resta completarla de manera de analizar la totalidad de las hipótesis planteadas, las cuales no tienen razón para desplazarse entre sí. Antes bien, su sumatoria parece necesaria a efectos de encaminar adecuadamente la investigación y responder con sustento probatorio suficiente los interrogantes que aquella todavía no ha despejado", argumentaron los camaristas Martin Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. 

 

“Lo que establece el fallo es que no se pueden separar las hipótesis, investigar unas y otras no”, explicaron a Infojus desde la Cámara. “Una de las hipótesis es que el verdadero motivo de la confiscación no fue una situación global sino que hubo una operación previa a la crisis, donde se fugaron capitales de las sedes locales a las casas matrices, con la complicidad de funcionarios públicos que debían controlarlos. Esto se denunció y eso no se investigó”, agregó la fuente.

 

La causa ya tiene 27.000 fojas, unos 35 cuerpos. Se inició en 2002, cuando 1.400 ahorristas presentaron una denuncia penal por estafa contra los directivos del Banco Santander Río y el Banco Francés por el confiscamiento de sus ahorros. “Alegábamos una tremenda publicidad engañosa que aseguraba que el Banco Río estaba respaldado por el Banco Santander, uno de los bancos más importantes del mundo, y lo mismo el Francés, que pertenece al banco Bilbao de España”, contó a Infojus Carlos Wiater, uno de los dos abogados que patrocinaban a los ahorristas. 

 

La figura jurídica de la estafa tiene dos componentes: el daño patrimonial y el ardid. “El daño fue la desaparición de los ahorros, y el ardid, la publicidad engañosa”, explica el letrado. Según el abogado, el delito fue probado en el expediente por medio de boletines, folletería y testigos. “Cuando mis clientes contrataban el banco les aseguraban que ese no era el Banco Río, sino el Banco Santander”.

 

La causa siempre estuvo en el juzgado federal N° 7, pero pasó por las manos de varios jueces. El primero fue Adolfo Bagnasco, que renunció pronto. Tomó la causa Jorge Urso, que tomó algunas indagatorias como subrogante hasta que renunció a fines de 2006. Fue reemplazado por Guillermo Montenegro, el actual ministro de Seguridad del gobierno porteño. “No tuvo mejor idea que cerrar la causa”, se queja Wiater. Junto a su colega Diego Sznurewicz apelaron la decisión, y la Cámara revocó esa clausura. 

 

Luego subrogó Oyarbide, que archivó parcialmente la causa respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos y se declaró incompetente para sopesar la culpa de los banqueros. “La Cámara no sólo ordena que se siga investigando, sino que se tomen indagatorias a varios directivos. Pero Oyarbide tomó una o dos indagatorias y no las ocho o diez que le ordenaron”, cuenta Wiater. Sólo indagó a tres de ellos, ordenó una pericia contable y pospuso las restantes hasta tener el estudio pericial. Entre ellas, se encontraba Ana Patricia Botin Sanz de Sautuola y Oshea, la hija del dueño del Banco Santander, que según los registros del Banco Central había asumido como presidenta del Banco Río local en la época del corralito.

 

La pericia contable demoró más de tres años y puso la causa al borde de la prescripción. Es la que manda a profundizar ahora el fallo de la Cámara. Wiater está seguro de que “la pericia paralizó la causa y favoreció a los banqueros imputados”. La primera parte de los resultados fueron entregados en septiembre de 2010 y la última en diciembre de 2011. Pero tenía problemas. “Muchas de las preguntas ya estaban mal formuladas, y las que estaban bien formuladas tenían respuestas deficientes”, explicaron a Infojus voceros de la Cámara de Apelaciones.

 

Con la pericia en su escritorio, y muy poco antes de dejar su cargo interino, Oyarbide sobreseyó a los directivos de las entidades bancarias alegando que el contexto socioeconómico y los decretos del gobierno los eximía de la responsabilidad de haberse quedado con la plata de los ahorros. Nada decía del respaldo de sus casas matrices que habían publicitado para captar sus clientes. “Eso es lo que debieron hacer: respaldar con sus casas matrices a las sedes locales, y en todo caso, después accionar contra el Estado argentino”, se quejó Wiater.

 

Los magistrados de la Cámara dispusieron que, entre otras medidas, el nuevo juez del caso produzca prueba para determinar si la adquisición de títulos públicos con reservas -registradas a valor nominal cuando su cotización en plaza era mucho menor ante el temor de una entrada en cesación de pagos- fue uno de los motivos que impidieron a los bancos "responder a sus compromisos", más allá del retiro masivo de los depósitos. Y además que también se incluya la posibilidad de la existencia de un "envío masivo de divisas al exterior" que también "hubiera contribuido a causa esa situación", concluyó el fallo.

 

Ese sobreseimiento volvió a ser apelado y revocado ahora por la Cámara Federal, que ordena al juzgado de instrucción rehacer la pericia aunque mantiene la falta de mérito sobre los imputados, por falta de pruebas en el expediente. “Lo primero que vamos a hacer es pedir que se cumplan con las indagatorias dispuestas por la Cámara”, anticipa Wiater. El ahora titular del Juzgado Federal Nº7, Sebastián Casanello, corre contra el tiempo: debe conseguir las pruebas antes de fin de año, cuando está prevista la prescripción de la causa.