En el marco de la cuarta ronda del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), realizada entre el 18 y el 22 de marzo de 2013, se adoptó por consenso el informe sobre Argentina. El MESICIC es un mecanismo de cooperación entre Estados establecido en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se analizan los marcos jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la Convención y los resultados alcanzados. La Oficina Anticorrupción (OA) es el organismo que representa a Argentina ante esa Convención.
Ayer el diario La Nación había informado que el MESICIC había difundido “un duro informe sobre la Argentina en el que hace una serie de advertencias por las graves deficiencias del Estado para luchar contra los negocios ilícitos”. Esta apreciación fue rechazada por la OA. “Para realizar el informe, la OEA realizó una visita in situ y se entrevistó con ONG, organismos de control y representantes de todos los partidos políticos. La opinión general de todos los participantes sobre esta visita fue positiva”, dijo a Infojus Julio Fernando Vitobello, fiscal de Control Administrativo de la OA.
También la Cancillería argentina cuestionó el artículo del diario. "El domingo 12 de mayo, y por medio de La Nación, hemos asistido a un nuevo intento de una mezquina y mínima ventaja política interna, buscando afectar el prestigio de la Argentina en la OEA y tratando de bastardear mecanismos que tienden a mejorar los estándares anticorrupción de los países", asegura el texto dado a conocer por el Palacio San Martín.
"La publicidad del informe fue por expreso pedido de la Argentina, como resalta el último párrafo de dicho informe en el que, entre otras cosas, el Comité deja expresamente constancia de la colaboración recibida por parte del Gobierno de la República Argentina en todo el proceso de análisis", destaca el comunicado oficial.
Concillería informó que "esos mecanismos son fruto de un intenso trabajo realizado en pos del consenso para lograr la cooperación entre los distintos países en temas de justicia. Argentina ha cumplido un rol protagónico en esa lucha y es un actor clave. Por el contrario, otros países, como Estados Unidos no participan ni permiten a los expertos trabajar y cooperar dentro de sus sistemas judiciales".
Esta cuarta ronda se focalizó en los órganos de control superior. El informe del Comité de Expertos, además de expresar nuevas recomendaciones, también refleja los avances en la implementación de recomendaciones anteriores. Entre ellos, la OEA destacó la capacitación a distancia impartida por la OA a funcionarios públicos a través del Sistema de Capacitación en Ética Pública (SICEP), sobre temas relativos a ética pública. La divulgación de políticas de prevención de la corrupción, reflejada en publicaciones que contienen líneas directrices en materias fundamentales, como la prevención de conflictos de intereses, las declaraciones juradas de funcionarios públicos, la participación ciudadana, y las compras del Estado. La promoción de la participación de la sociedad civil por parte de entidades y órganos de control a través de sus páginas en Internet y, en unos casos, mediante la utilización de redes sociales, tales como Facebook, YouTube y Linkedin”, señaló la OA en un comunicado.
En segundo término, como resultado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a Argentina en la primera ronda, el Comité determinó otras que quedan vigentes para su consideración. Por ejemplo, “utilizar las declaraciones juradas patrimoniales en los poderes Legislativo y Judicial y en la Procuración General de la Nación para aconsejar a los funcionarios públicos en cómo evitar conflictos de intereses, así como también para detectar casos de enriquecimiento ilícito”.
Además de lo anterior, en el informe de la OEA se reseñan las buenas prácticas sobre las que Argentina suministró información, que se refieren, entre otras: a una “Oficina de Coordinación y Seguimiento en Materia de Delitos contra la Administración Pública”, creada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal para colaborar con los fiscales intervinientes en causas de corrupción y absorbida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Al “Centro de Información Judicial (CIJ)/ Gobierno Abierto”, que es una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para alentar la participación ciudadana en la administración de justicia a través de Internet y promover la transparencia. A un “Programa Integrado de Comunicación Institucional” de la AGN para difundir su tarea y acercar la gestión institucional al ciudadano.
También a una “Red Federal de Control Público”, instituida a través de la SIGEN, que integra y complementa las estructuras estatales de fiscalización y auditoría nacionales, provinciales y municipales, con el fin de evaluar el desempeño de programas sociales. Y a un “Sistema de declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios públicos” de la OA, que aborda los temas de transparencia, rendición de cuentas, prevención de conflictos de intereses e incompatibilidades y detección de enriquecimiento ilícito.
El documentos sobre Argentina puede verse en la web del MESICIC.