El juez federal Luis Rodríguez hizo lugar a las medidas de prueba pedidas ayer por el fiscal del caso, Franco Picardi. Así, ordenó hoy operativos en las sedes de las empresas Telmex e Ibercom y a dos dependencias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se secuestraron los contratos para la realización de la obra que causó el corte masivo y los planos.
El juez federal Luis Rodríguez ordenó hoy allanamientos a las sedes de las empresas Telmex e Ibercom y a dos dependencias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la causa que investiga el corte eléctrico en tres barrios porteños ocurrido el martes pasado a raíz de una rotura provocada durante una obra. El magistrado hizo lugar a las medidas de prueba pedidas ayer por el fiscal del caso Franco Picardi y realizó los operativos a las sedes de las empresas a cargo de los trabajos para secuestrar documentación, informaron a Télam fuentes judiciales.
En los operativos se secuestraron los contratos para la realización de la obra que causó el corte masivo y los planos, entre otros documentos. Picardi impulsó ayer la investigación tras la denuncia presentada por el Ministerio de Planificación de la Nación tanto las dos empresas como al gobierno de la Ciudad.
El corte electrico afectó a los barrios de Recoleta, parte de Palermo y toda la zona de Barrio Norte y generó muchos trastornos debido a que demandó varios días restablecer la energía eléctrica ya que fueron afectados dos cables de alta tensión.
Los usuarios se vieron afectados por la rotura de dos temas de alta tensión de 132 kilovatios cada una ocurrida el martes de la semana pasada al mediodía a raíz de trabajos que el gobierno porteño contrató y que ejecutaba la empresa Telmex, quien a su vez subcontrató a la firma Ibercom.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, señaló hoy que "es mentira que hayan existido demoras por falta de inversión", en respuesta al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien se desligó del corte. “El cable estaba en perfectas condiciones, no necesitaba ninguna inversión ni mantenimiento adicional”, dijo el funcionario desde Tarija (Bolivia), donde firmó convenios con el gobierno de Evo Morales, y reclamó que “si no, que las autoridades de la ciudad controlen las obras que autorizan”.
Télam/RA