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Académicos, investigadores, periodistas y funcionarios públicos debatieron hoy en la Biblioteca Nacional acerca del cruce entre las políticas públicas de seguridad y las prácticas periodísticas. Ileana Arduino, una de las impulsoras del evento organizado por la Asociación Miguel Bru y la red de periodistas judiciales de Latinoamérica Cosecha Roja, abrió el encuentro que reflexionó hoy sobre el impacto de los medios de comunicación en la subjetividad social cuando se habla del delito y de “inseguridad”. La conferencia final estuvo a cargo de Rosa Bru, presidenta de la Asociación Miguel Bru. La jornada concluye mañana.

La primera mesa abordó cuál es el tratamiento mediático y cuáles son los aprovechamientos políticos en torno del problema del delito urbano. La periodista y docente Mariana Moyano describió los mecanismos de algunos medios hegemónicos al construir un discurso con golpes de efecto para incentivar el miedo. “El gran negocio de las empresas periodísticas no tiene que ver con una conveniencia o un negocio con las cámaras de seguridad ni otros componentes de la llamada industria del miedo, sino con erigirse en usinas de formación ideológica”, dijo Moyano. Y habló sobre el rol histórico de los medios: “En los '90, los medios de comunicación eran fiscales de la clase política, pero no de sí mismos. Hoy en día, la inseguridad es ese pequeño altar donde aún se erigen en su rol fiscalizador”, consideró.

Alberto Binder, director del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, habló sobre la creación de arquetipos “simplistas”. “Hay un arquetipo negativo, del pibe intoxicado y pobre que en cualquier momento puede matarnos, que es muy nocivo. Pero también el arquetipo bueno, de que un pibe roba porque no tuvo educación, o porque vive en la pobreza material”, describió. “Esos arquetipos tienen un patrón común: describir al delito como un acto individual, y no permite verlo en su trama política y social”, agregó. Y explicó tres procesos claves “que no debemos superficializar”. La democratización de los medios, de la justicia, y también de la gestión de la seguridad.

Diego Llumá, director de comunicación del Ministerio de Seguridad de la Nación, focalizó en las dificultades de la gestión pública de la seguridad para visibilizar las políticas estatales de control político de las fuerzas de seguridad.

Jóvenes, violencias y conflicto social

El segundo panel del encuentro abordó el tratamiento sobre los jóvenes, la violencia y las conflictividades sociales. “Los medios no reflejan sino que construyen una imagen de la realidad”, abrió Jorge Jaunarena, miembro de la Asociación Miguel Bru y director de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo de La Plata. Se refirió al marco jurídico, nacional e internacional, sobre el tratamiento mediático adecuado en temáticas de jóvenes.

Eugenia Cozzi, becaria de Conicet y docente de Criminología de la Facultad de Derecho en Rosario, relató un trabajo con jóvenes pobres de Rosario donde ellos expresaron su percepción sobre la llegada a los medios. “Salir en el diario te quema”, le decían los jóvenes. Al mismo tiempo, salir en el diario les daba cierto status entre sus pares. “Es una forma de construir legitimidad, pero por otro lado los complica”, dijo la investigadora.

El periodista Sebastián Hacher contó su experiencia en la investigación de fusilamientos a niños de sectores marginales. “Con los años se me fue volviendo una obsesión, tratar de desarmar el mecanismo de los medios en el tratamiento de las causas armadas”, dijo. “Eso demuestra también cómo tratan los medios a los jóvenes marginales”. Hacher contó sobre los casos más célebres de causas “armadas”, y sobre la reproducción insensata que hicieron de ellas la mayoría de los medios. “Los guionistas en esos casos son unos sargentos de la Bonaerense, que distribuyen un cable y que los medios distribuyen sin chequear”, agregó.

Abel Córdoba, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), describió el tratamiento de los medios de comunicación sobre los casos de su área. “Cuando son victimarios, por ejemplo en la transmisión en vivo de un secuestro extorsivo, se los muestran exaltados. Si están quietos, están al acecho. Cuando son víctimas, en hechos mucho más graves, el relato es otro: tiene una distancia como histórica, más desapegado y testimonial”, precisó.

Género y comunicación

En su versión vespertina, el encuentro reflexionó sobre el “género, la seguridad y las comunicaciones”: cómo es el abordaje de la conflictividad que involucra mujeres y trans como víctimas y como victimarias.

Carolina Balderrama, integrante de la red Par y periodista de la agencia Télam, abordó el tratamiento de algunos casos policiales trágicos y los prejuicios recurrentes desde una mirada de género. El primer caso fue el de Candela Rodríguez. Una nota del diario amarillista Libre hablaba de la supuesta pérdida de la virginidad de la niña asesinada. “Para mí es un delito: hablar de la vida íntima de una niña de 11 años lo es”, dijo.

Florencia Alcaráz, docente universitaria y periodista, habló de “periodismo policial con una perspectiva de género”, según su propia definición. Alcaraz destacó la victoria cultural del campo popular en los últimos años, que permite “enterrar el crimen pasional como concepto por el del femicidio”. Marlene Wayar, directora de El Teje, el primer periódico travesti, señaló:  “Han pasado diez años de un cambio muy fuerte en cuanto a la política y el rol del Estado, y nuestra visibilización como sujetos políticos”, consideró.

Medios y narcotráfico

La última mesa abordó el tema medios, transas, policías y narcos. Luis Osler, director jurídico de la revista THC, estableció una diferenciación entre transas y narcos. Remarcó la complicidad policial con el negocio y esbozó la mirada de los medios masivos sobre el fenómeno. “El sistema de financiamiento del narcotráfico es compleja”, dijo, y explicó que los “transas viven de la corrupción policial y también son nocivos como el narcotraficante que tiene una organización global y organizado”. Y consideró que “el menudeo, los que guardan unas dosis en su casa, o las mulas, no debería ser detenidos”. “Solo sirve para financiar a las fuerzas de seguridad”. Y reflexionó, sobre los medios: “Los medios abren y cierran celdas”, dijo. “Y meten gente presa”.

Sebastian Ortega, cronista de Cosecha Roja, desgranó la evolución de la criminalidad narcopolicial que estalló en 2012 en la ciudad de Rosario, y su reflejo del caso en los medios de comunicación. Ortega describió, a través de una saga de muertes y traiciones ciertas bandas del narcotráfico que tienen grandes nexos policiales y políticos. “Cuando narramos un delito policial, estamos haciendo narración política. Se cree que el policial no es político, pero cuando iluminamos esos nexos estamos dejando al descubierto una trama de relaciones que llegan hasta lo más alto de la pirámide política”, agregó.

Cristian Alarcón, escritor, cronista y docente, pasó muchos de sus años investigando el narcotráfico y la cultura de este tipo de actividad que permea en los territorios. Producto de ello es su último libro, Si me querés queréme transa, que narra la vida y la traición de varios clanes peruanos que dominan el narcotráfico en la villa del Bajo Flores. “Una de las cosas más impresionantes fue compartir con esos personajes toda esa complejidad: la salsa, las ceremonias, la crianza de sus hijos, las circunstancias de esas vidas inmersas en la ilegalidad pero que nosotros creemos y no tienen nada de abyectas”, contó. “Hay una retórica de la lealtad en el narcotráfico, pero es la traición la que produce un vacío que es llenado por otros sucesores, y que motoriza la producción y acumulación del negocio”, reflexionó el director de Infojus Noticias y revista Anfibia.

El cierre de la primera jornada del encuentro estuvo a cargo de Tomás Viviani, director del Observatorio de Jóvenes y Medios de la Facultad de Periodismo de La Plata, que dio algunas cifras del tratamiento de la juventud en la prensa. “El 70% de las noticias que hablan de jóvenes aparecen en el género policial”.

La última oradora fue Rosa Bru, presidenta de la Asociación platense que lleva el nombre de su hijo asesinado y desaparecido, Miguel Bru. “Lo secuestraron a Miguel en la comisaría 9na de La Plata. Él estudiaba en la facultad de La Plata”, contó. Cuando eso pasó, lo primero que hizo fue recurrir a curanderos y adivinadores. Y desde la asociación, algunos compañeros de la facultad, comenzaron con una estrategia de visibilización mediática. “Me hicieron una nota para Página/12. Yo dije, 'cuando Miguel se vea, va a llamar y va a decir dónde está'”, recordó. “Eso abrió las puertas: el lunes nos llamaban de todos lados, de otros países, y eso le dio impulso al caso de Miguel”, agregó.