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Después de acumular cientos de denuncias de todo el país, cuarenta defensores del pueblo  pidieron que se reconociera a la telefonía móvil como un servicio público. Cuando se trató este tema en el plenario de la asociación se pusieron de manifiesto “los reclamos que reciben todas las defensorías y que muestran las innumerables deficiencias que experimenta el servicio de telefonía móvil en nuestro país”, señaló la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Uno de los casos que se tuvo en cuenta fue el de La Plata. Durante la tormenta y las inundaciones del 2 y 3 de abril, las comunicaciones celulares estuvieron interrumpidas y quedó “claramente en evidencia la deficiencia en la prestación y la necesidad de encuadrar su funcionamiento en un marco que garantice a los usuarios el correcto funcionamiento del servicio”, afirman los defensores. En La Plata hay un litigio abierto por el resarcimiento por los perjuicios que las empresas a los usuarios que en el medio de la tormenta se quedaron sin servicio. Las comunicaciones funcionaron irregularmente durante cuatro días. Las empresas ofrecen un 10% de descuento en las facturas; la  Defensoría del Pueblo no está de acuerdo y pide un resarcimiento más significativo.

Por eso, consideran que la telefonía móvil es un servicio público “ya que su prestación apunta a satisfacer necesidades públicas en forma continua, regular, uniforme y general, más allá de que su ejecución sea privada”.

Los defensores van a iniciar una ronda de encuentros con legisladores para avanzar en la elaboración de una propuesta legislativa.

Esta demanda se suma a un caso similar en la provincia de Entre Ríos en el que la Defensoría del consumidor acompaña una demanda contra la empresa Telecom Personal por una falla generalizada del servicio el 10 de mayo.