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Alejandro Slokar. Integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y profesor en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Pienso en lo inmediato, como estamos a fin de año y lo que vienen son las vacaciones en general y lo que los judiciales llaman feria. Esto quiere decir que la justicia cierra y se va de vacaciones, cosa que es inadmisible, porque no hay servicio esencial que pueda tomarse treinta días en verano más quince días en invierno. Definitivamente hay que replantear no solo la cuestión vinculada a los recesos sino también el horario mismo y su eventual extensión, obviamente con resguardo a los derechos de los trabajadores. Es inadmisible que el horario de funcionamiento sea de 7.30 a 1.30, son cuestiones muy concretas que nos colocarían en un lugar mucho más amigable con la ciudadanía.”

Alicia Ruiz. Jueza del Tribunal Superior de Justicia la Ciudad de Buenos Aires.

“Los desafíos para la democratización de la justicia todavía son muchos. El trabajo de Justicia Legítima dentro del interior del Poder Judicial es inédito y puso a la luz lo que muchos sabemos y queremos que se transforme. Todo lo que vino después es una reacción a partir de esto. No basta la decisión de los que estamos en Justicia Legítima, ni tampoco bastan las decisiones del propio ministerio. Me parece que hay que acercar más el Poder Judicial a la sociedad, y ese es un trabajo de todos y de la sociedad en su conjunto. Debemos entender que es un poder del Estado y que por lo tanto la dirección en la que el poder opere forma parte del modelo de sociedad en que vivimos.”

Javier de Luca. Titular de la Fiscalía de Casación N° 4 y profesor de la cátedra de Derecho Penal y Criminología de la UBA.

“Uno de los desafíos es la separación de los aspectos jurisdiccionales de los administrativos y presupuestarios. Es decir, que el Poder Judicial no está preparado para hacer gestión de control de personal, presupuestos y administrar fondos. La facultad nos prepara para hacer el ejercicio de la profesión, todo lo demás lo hacemos mal. Y este problema está íntimamente unido al ejercicio del poder -que no se ve pero se siente- al que no está en las normas. El poder de contratar personas, asignar tribunales, subrogancias y licencias: eso no está y trae problemas absurdos y ajenos a lo que debiera ser un sistema de justicia.”

Alejandro Alagia. Fiscal general y docente titular del Departamento de Derecho Penal de la UBA

“El principal desafío es la participación popular en el gobierno. Que la población no solo elija al Poder Ejecutivo, sino que también elija magistrados, como se propuso desde Justicia Legitima. La idea del juicio por jurados también sería una forma de intervenir. Creemos que el poder judicial gobierna, por eso tenemos como perspectiva ideal políticos de que el poder judicial debe transformase de un órgano mayoritario. Revertir eso significa todos los caminos institucionales para hacer participar a la población.”

Gustavo Caramelo. A cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 1.

“En primer término, para democratizar la justicia debemos seguir ampliando los mecanismos de acceso. Porque tenemos grandes sectores de la población que no acuden a los sistemas de justicia normalmente, que tienen conflictos y muchas veces los resuelven internamente. Esto no quiere decir que sean lo mejores mecanismos habituales de la justicia, pero lo que tenemos que hacer es estudiar esos mecanismos y ver qué tienen de valiosos para incorporarlos. Lo otro es que además de una integración plural de los cuadros judiciales es necesario trabajar en un proceso más ágil y directo donde la gente pueda ver la cara y la cabeza que hay detrás de cada juez. También avanzar en cuanto a los procesos de oralización para lograr resoluciones más rápidas.”

Héctor Recalde. Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Y vocal en la comisiones de Análisis y seguimiento de normas tributarias y previsionales; Economía; Justicia; Legislación penal; y Peticiones, Poderes y Reglamento.

“Hay que insistir con la participación popular instalando el tema de la democratización a nivel ciudadano, para que todos entiendan con mayor claridad qué es lo que se plantea. Debemos salir de esta justicia del siglo XIX y entrar a una del siglo XXI. Esto significa: basta de palacios, hablemos de sedes y juzgados; basta de sus señorías, hablemos de jueces y juezas. Los fallos irán mostrando si hay realmente un cambio. Otra cosa es que la corporación judicial deje de serlo y se acerque ella misma más al pueblo.”