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La movilización de fiscales para pedir justicia por el caso Nisman está atravesada por antecedentes que hacen sospechar un interés corporativo. La convocatoria, que cuenta con la adhesión del gremio judicial que conduce el moyanista Julio Piumato, estuvo encabezada por los fiscales José María Campagnoli, Ricardo Sáenz, Carlos Rívolo, Raúl Pleé, y Carlos Stornelli, muchos de los cuales afrontan procesos sumarios y judiciales por mal desempeño en la causa AMIA y en otros expedientes.

Según publicó hoy el diario Página/12, Raúl Pleé fue denunciado en 2013 por el Centro de Estudios Legales y Sociales y por la asociación de familiares y sobrevivientes del atentado a la AMIA, Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento.

Memoria Activa incluso, acusó que la demora se debía a que Pleé y el fiscal Germán Moldes, que si bien no participó de la convocatoria, se lo consigna como parte fundamental del grupo de fiscales, se resistían a mandar a juicio a “sus ex compañeros de trabajo”, en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios judiciales involucrados.

Por entonces, el Cels consignó que “sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia”. Otro de los convocantes a la movilización es el fiscal ante la Cámara Federal, Ricardo Sáenz, quien también es el vicepresidente de la Asociación de Magistrados.

Durante el año 2013, este letrado fue denunciado por el juez Juan Ramos Padilla, por haber interferido en la investigación que se desarrollaba contra un comisario de la Policía Federal acusado de irregularidades en la División Automotores de esa fuerza.

Según Ramos Padilla, Sáenz fue registrado dialogando en escuchas judiciales, “dándose en el caso un trato de amistad y de habitualidad” con el comisario Marcelo Pecorelli, a quien acusan de haber prestado asistencia a uniformados investigados por actos de servicio que no eran tales, y por haber asistido en su estudio particular a querellados en causas penales, a pesar de estar inhabilitado.

El más reciente de los denunciados fue José María Campagnoli, quien fue suspendido de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura e investigado por "abuso de poder" y "mal desempeño" producto de la supuesta modificación del objeto procesal en la causa Lázaro Báez, con el fin de desarrollar una investigación paralela a la que el fiscal Guillermo Marijuán cursaba en la justicia federal.

Previo a esta acusación, Campagnoli acumulaba varias causas en su contra por maltratos y abuso de poder contra los vecinos de Barrio Mitre, en Saavedra, y también fue denunciado de haber recibido un dictamen elaborado por abogados del Grupo Clarín, a través del estudio de abogados Saenz Valiente & Asociados.

Marijuán fue desplazado durante el mes de diciembre de su cargo al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), organismo dependiende de la Procuración General de la Nación encargado de asistir y colaborar con los fiscales federales de todo el país en todas aquellas investigaciones relacionadas con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la Anses.

El desplazamiento del fiscal vinculado al Frente Renovador se debió a la realización de “concursos no transparentes” y a la reiterada negativa por explicar ante la Procuración el rumbo de los expedientes de la Unidad.