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Infojus Noticias

25-2-2015|18:31|Justicia Nacionales
Mencionó la privatización del astillero Tandanor

#DesafíoGraciana: por qué no avanzan las causas de delitos económicos

La abogada, integrante del equipo que redactó la ley de Medios, propuso por twitter a varios periodistas que escriban sobre una serie de causas judiciales vinculadas a delitos económicos, citó algunos ejemplos, y les pidió que las comparen con las que se investiga al Gobierno. Hasta ahora nadie le contestó.

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Por: Infojus Noticias

El desafío empezó el domingo pasado vía twitter, donde ella se define abogada, peronista, dueña de un perro adorable, lectora empedernida y exorcista de enanos de jardín. Graciana Peñafort, la abogada e integrante del equipo que redactó la Ley de Medios, propuso a los periodistas que quieran hacerlo a escribir sobre una serie de causas judiciales vinculadas a delitos económicos y comparar tiempos de tramitación, medidas llevadas a cabo, citaciones a indagatorias, estudios jurídicos intervinientes con los casos en los que se investiga al gobierno. “Así ponemos el ojo donde tiene que estar, en la Justicia”, dijo Peñafort a Infojus Noticias.

La idea surgió a partir de una nota de La Nación: “La batalla judicial: las causas que preocupan al kirchnerismo”. La jurista opinó que había que comparar los casos seleccionados con los que nombra el artículo del diario. El texto menciona una serie de expedientes vinculados a funcionarios del gobierno en los cuales, curiosamente, la Justicia actuó con celeridad. Peñafort postuló a algunos cronistas para hacer el relevamiento y la comparación: Nicolás Wiñazki, Daniel Santoro, Adrián Ventura, Hugo Alconada Mon y Edu Zunino. Ninguno recogió el guante.

“No me contestaron”, contó Peñafort. ¿Por qué los periodistas no aceptaron el desafío? “Los delitos económicos no avanzan nunca, prescriben”, opinó la abogada. Los ejemplos que citó Peñafort para el desafío sintetizan casos de expedientes sobre este tipo de delitos que no prosperaron, que no fueron investigados. Tal es el caso de la privatización del Astillero Tandanor en 1992. El juez federal tardó cuatro años en hacer la investigación: recién en 2006 tomó declaración indagatoria a los imputados y dio por terminada la etapa preparatoria. La fiscalía pidió la elevación a juicio, pero el juez demoró tres años en aceptarla. Desde que se presentó la denuncia hasta que llegó a juicio, pasaron nueve años, siete de ellos en el juzgado de Bonadío. El Tribunal Oral que la declaró prescripta en 2011 afirmó después que, por lo menos, los últimos tres se podrían haber ahorrado.

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