Desestiman denuncia contra ex candidata al TSJ porteño
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires desestimó una denuncia contra Daniela Ugolini, fiscal de Cámara del fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño y ex candidata al TSJ de la ciudad. La denuncia había sido presentada por un jubilado que la acusaba de prevaricato a raíz de un dictamen firmado por la fiscal.
Juan Pablo Luzuriaga Gamón se jubiló en 1992 de su trabajo en el Instituto de Obras Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro, al cumplir los 65 años de edad. En mayo de 1993 ingresó en la Procuración del GCBA. Aunque en agosto de 2009 se dispuso “la traba de sus haberes y se inició el trámite de su baja administrativa”, tras lo que el jubilado inició acciones judiciales para lograr su reincorporación.
En primera instancia, la justicia hizo lugar parcialmente al pedido de Luzuriaga Gamón y ordenó su reincorporación. Tras la apelación del gobierno porteño la causa llegó a la Cámara. Allí, Ugolini, fiscal de Cámara, dictaminó contrariamente a lo expuesto en primera instancia argumentando que como no tenía “estabilidad en su empleo, no tiene derecho a ser reincorporado en su cargo”, ello “atento su carácter de jubilado”.
Por este dictamen, el jubilado la denunció ante el Consejo de la Magistratura porteño por “prevaricato”, considerando que la fiscal puede “disentir con el fallo” y “proponer la solución al conflicto que estime ajustado a derecho” pero “con el mínimo de sentido común y decoro personal que no se advierte en el dictamen en crisis”. Para Luzuriaga Gamón Ugolini “promovió la inobservancia de normas constitucionales y leyes nacionales y locales de modo tal que incursionó en el delito de prevaricato”.
El delito de prevaricato tiene que ver con dictar resoluciones “contrarias a la ley” y se encuentra tipificado en el Código Penal con multas que van de los 3 mil a los 65 mil pesos más la "inhabilitación absoluta en el cargo".
No obstante, los consejeros, al analizar la denuncia, sostuvieron que las facultades disciplinarias del Consejo de la Magistratura “no deben confundirse con la tarea jurisdiccional propia de los tribunales y fiscales locales”. Para el organismo en la denuncia se apunta al fondo y al proceso mientras que el organismo resuelve “responsabilidades originadas en las conductas”.
“El Consejo de la Magistratura de esta Ciudad no puede inmiscuirse directa o indirectamente en la competencia jurisdiccional”, concluyen en la resolución plenaria 108/2013 y deciden desestimar la denuncia presentada contra la fiscal Daniela Ugolini.
Por su parte, en la causa llevada adelante en la Justicia porteña, la sala I de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario revocó la decisión de primera instancia en concordancia con el dictamen de Ugolini.
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