Detalles de los operativos anti trata en los que se rescató a 87 mujeres
Hay 24 imputados, entre ellos policías y una integrante de la organización AMMAR. En esta nota, los resultados de los operativos de septiembre y octubre en el que participaron el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y efectivos de Prefectura Naval y la Policía Metropolitana.
Fotos: M.A.F.I.A
En los últimos dos meses el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4 a cargo de Ariel Lijo realizó 57 allanamientos en los que fueron rescatadas 87 mujeres víctimas de redes de trata. Fueron el resultado de dos grandes investigaciones que incluyeron procedimientos en Capital Federal y el conurbano bonaerense. En todos los operativos participó el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y efectivos de Prefectura Naval y la Policía Metropolitana. Hay 24 imputados, entre ellos varios efectivos policiales.
El 10 de septiembre la justicia dio la orden de realizar allanamientos en distintos puntos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires como San Miguel, Paso del Rey y Maquinista Savio. Se rescataron 31 víctimas de trata y se detuvieron a 17 personas, entre los que había varios efectivos policiales, uno de los cuales era el jefe de la comisaría 1° de San Miguel. En los alrededores de la comisaria funcionaban varios de los reductos donde se explotaban sexualmente a las mujeres. El 16 de octubre Lijo dictó el procesamiento de los imputados por el delito de trata de personas. En su escrito consideró la situación de vulnerabilidad de las víctimas, una de ellas embarazada y a la que indujeron a un aborto en condiciones infrahumanas, los turnos a los que eran obligadas a trabajar (incluso 24 horas, sin descansos) y las condiciones de higiene entre otros aspectos.
Silvia Fernández es una de las 17 personas imputadas. Está procesada sin prisión preventiva. Pertenecía a las filas de AMMAR San Miguel y era también la propietaria de varios privados de la zona. A las mujeres que obligaba a trabajar ahí les daba carnets de la asociación para darle un viso de legalidad y también las hacía ensayar simulacros de allamientos. Les enseñaba qué hacer y qué decir en caso de que llegara la justicia. Las aleccionaba para esconcer la esclavitud a las que eran sometidas.
La investigación se había iniciado tras la recepción, a fines de abril, de una denuncia en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en la que se informaba que en un domicilio de la ciudad de Buenos Aires funcionaba un prostíbulo y ahí había una persona retenida. La denuncia fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal e intervinieron las fuerzas de seguridad. A través de averiguaciones y la intervención de teléfonos se constató que eso era así y que había más lugares involucrados y personas retenidas. Los allanamientos permitieron las detenciones y el rescate de las víctimas.
El segundo megaoperativo
La noche del 26 de octubre, en víspera de las elecciones legislativas, se realizaron 40 allanamientos: 30 en domicilios donde se explotaba la prostitución, una imprenta, un hotel, y otros ocho en los domicilios particulares de las personas investigadas. Los delitos eran en perjuicio de 56 personas. En el procesamiento con prisión preventiva de los siete imputados por el delito de trata de personas dictado recientemente, el juez Lijo destacó que "un elemento central del sometimiento en que se encontraban las víctimas era que las actividades se desarrollaban con total connivencia policial". Lijo precisó que "la asociación investigada estaba destinada a captar y explotar una cantidad indeterminada y fluctuante de mujeres -cuantas más mejor, mientras cada captación y explotación diera fruto económico para la organización- en una multiplicidad de domicilios distintos -eventualmente, también variables- y manteniendo relaciones de intercambio de información y técnicas de ejecución en relación con otras bandas de objeto semejante". Y mandó a trabar embargos sobre bienes de los acusados por sumas de hasta un millón de pesos.
La causa se había iniciado el 18 de enero a través de una denuncia realizada por la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), para que se investigue la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en decenas de departamentos privados de la Capital, en virtud de la declaración de una testigo de identidad reservada.
