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Después de más de ocho horas de debate de una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó anoche el nuevo marco regulatorio de las demandas judiciales de particulares hacia el Estado. La votación fue: 129 votos a favor, 105 en contra y se registraron dos abstenciones. Este tipo de pleitos ahora serán resueltos en el fuero Contencioso Administrativo.

A las 23.30 se dio la votación general, para luego dar paso a la discusión en particular de los artículos del proyecto que duró media hora y donde no hubo grandes desacuerdos. La iniciativa tiene media sanción y será tratada en el Senado. Se había pautado un cuarto intermedio, pero se decidió continuar la discusión según la agenda parlamentaria acordada.

El oficialismo reunió 133 diputados con la ayuda del Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista de La Pampa, dos salteños, un ex radical correntino, Compromiso Federal que responde a los hermanos Rodríguez Saá, y el diputado fueguino y senador electo Jorge Garramuño.

En su articulado el proyecto establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria" y establece que las demandas deberán estar sujetas a los fueros específicos como el Contencioso Administrativo. Señala que la sanción pecuniaria "disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios" y se exime de responsabilidad al Estado "por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial" y cuando "el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero".

Juliana Di Tullio.

La cita era a las 13.30, pero la sesión empezó media hora después, cuando se consiguió el quórum. La jornada comenzó con una serie de homenajes y tras la votación del proyecto de ley que otorga un resarcimiento a los ex presos políticos de la dictadura.

El pulso de la sesión lo marcó un ping pong entre oficialismo y oposición. Desde el Frente para la Victoria se defendió el proyecto con argumentos sólidos relacionados a los juicios contra el Estado, mientras que la oposición presentó una serie de razones heterogéneas para anticipar sus votos negativos. Algunos de ellos descansaban en la inconstitucionalidad del proyecto, otros en que debería ser incluido dentro de la reforma del Código Civil.

Al comienzo de la sesión, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Diana Conti, fue la encargada de romper el hielo. “Se trata de llenar un vacío normativo: por primera vez en la historia argentina habría una ley que establezca la responsabilidad del Estado cuando produce un daño que el ciudadano no tiene por qué soportar”, planteó la legisladora. Y valoró: “Esta ley otorga más tutela a los derechos de los ciudadanos administrados por el poder público y sirve para evitar la acción depredadora de la industria del juicio".

Al exponer sobre la iniciativa que establece que el fuero Contencioso Administrativo se abocará a los conflictos entre el Estado y los particulares, Conti señaló que con esta propuesta también se apunta a evitar la acción "de la ambición de la patria pleitera que tanto ha agraviado a esta Nación".

Conti leyó dos reformas del dictamen para extender hasta tres años en lugar de dos años como establecía el despacho el plazo de prescripción de las causas contra el Estado y sus funcionarios, y otra para incorporar al artículo nueve que se podrá acusar por culpa y no solo por dolo al agente estatal por el daño que haya causado.

Con los cambios realizados, este artículo quedará redactado así: "La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo las obligaciones legales que les están impuestas, los hacen responsables de los daños que causen".

Julián Domínguez.

El primero en plantarse contra el proyecto y adelantar su voto negativo fue Juan Pedro Tunessi, de la Unión Cívico Radical. El legislador insistió con la propuesta de la UCR de mantener en el Código Civil y Comercial la responsabilidad del Estado "como lo había redactado la comisión de juristas".

A medida que el debate fue avanzando cada vez fueron menos los legisladores en el recinto. Uno de los que se fueron mientras exponían otros diputados fue Federico Pinedo, del PRO. Paradójicamente, cuando le tocó el turno para hablar, elogió las exposiciones que lo precedieron.

Por el bloque Frente Renovador, Felipe Solá apuntó contra el argumento del oficialismo que habla de que el proyecto va en contra de la “patria pleitera”: "Si eso existiera es porque existe una patria dentro del Estado que juega para los pleiteros, que son responsabilidad de los funcionarios políticos del Estado. No hay patria pleitera sin patria traidora dentro del Estado que le abre la puerta".

Elisa Carrió también se manifestó en contra y dijo: "La ley que propiciamos es derecho de fondo y establecemos la responsabilidad integral del Estado y por esa misma razón votamos la indemnización a los presos políticos y la nulidad de las leyes de impunidad". Y planteó: "El derecho público subjetivo es lo que tengo frente al Estado, y que el Estado los debe garantizar".

La diputada Graciela Caamaño, del Frente Renovador, rebautizó con ironía el proyecto en debate y adelantó su voto: “Rechazamos de plano esta ley de irresponsabilidad del Estado”.

Graciela Giannettasio, del Frente para la Victoria, defendió el proyecto y para ello citó distintos fallos de la Corte Suprema donde el máximo tribunal fija los límites del Estado en demandas civil y establece las normas del derecho público para el tratamiento de las responsabilidades del Estado.

Elisa Carrió.

Manuel Garrido, de la UCR, cuestionó: “La ley no dice cuáles son los rubros por los cuales el Estado va a responder”.

Cuando fue el turno para hablar de Margarita Stolbizer, la líder del GEN, advirtió sobre una contradicción en el proyecto y planteó unir esta discusión con la que se estaba haciendo al mismo tiempo en la otra Cámara: “No se puede separar el debate de la responsabilidad civil del Estado con respecto a la reforma del Código Civil”.

Carlos Raimundi, del Frente Nuevo Encuentro, citó al ministro de Justicia Julio Alak para argumentar que “el Estado debe ser protegido de los abusos de los tipos poderosos”.

En el cierre del debate, el vicepresidente del bloque kirchnerista, Pablo Kosiner respondió a los cuestionamientos morales hacia su bloque esgrimidos por los bloques opositores:"¿Quiénes nos van a medir la ética republicana? ¿Los radicales que impusieron el corralito, los ex funcionarios que fueron votados por las ‘bondades de este Gobierno’ y que ahora pertenecen al massismo? ¿Los dirigentes del PRO, cuyo jefe político, Mauricio Macri, está procesado en una causa por escuchas ilegales?"

Kosiner agregó: “Hay una discusión más importante que si esto pertenece o no al Código Civil. Hay bases de nuestra Constitución Nacional que ya determinan las responsabilidades del Estado”. Andrea Fabiana García, diputada del FpV, señaló: “Los mismos que se opusieron a la reforma de la Justicia, se oponen a esta ley”.

Los pasos de comedia de la sesión fueron protagonizados, como es usual, por Carrió que, con un blazer verde manzana furioso, tuvo problemas con el pulsador y cuestionó en tono jocoso al presidente de la Cámara, Julián Dominguez.

Ricardo Gil Lavedra.