Infojus Noticias

La parrilla llevaba más de 15 años en funcionamiento cuando a fines del año pasado, y después de varios meses sin pagar los sueldos, los dueños decidieron cerrarla. Los empleados lograron que el restaurante siguiera atendiendo a sus clientes como una cooperativa de hecho. La semana pasada obtuvieron la matrícula del Instituto Nacional Argentino de Economía Social (INAES) que los transformó en una cooperativa legal. 

Hoy los trabajadores de Alé Alé enfrentan dos procesos judiciales. Por un lado, el propietario del inmueble rechaza el pago del alquiler y consiguió una orden de desalojo del local, dictada por el juez Martín Christello. Por otro, la empresa que gestionaba el restaurante reclama los bienes muebles que quedaron en el salón, desde las mesas hasta las parrillas.    

 

El proyecto de ley presentado esta mañana fue impulsado por los legisladores de los bloques del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur, MST, Frente Progresista Popular, Buenos Aires para Todos, y a los monobloques de Claudia Neira y Claudio Palmeyro. Edgardo Form (Nuevo Encuentro) fue el encargado de describir el proyecto, que contempla un plazo de dos años para que los trabajadores sigan ocupando el local, mientras buscan otro para mudarse. Esta idea parte de la figura de “ocupación temporaria” creada por la Ley 238 de la Ciudad. También plantea la expropiación de los bienes muebles, en concepto de compensación por los salarios impagos. El legislador destacó que a pesar de las diferencias políticas, diputados de distintos bloques pueden unirse en defensa de los trabajadores. 

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), Federico Tomarelli, recordó que “si lo que está ocurriendo acá es posible, lo es gracias a una lucha que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo”. Se refirió a los otros cuatro restaurantes que ya funcionan como cooperativas: La Soleada, Los Chanchitos, Don Battaglia y Mangiata. Junto con Alé Alé, integran una cadena que estaba en manos de un mismo grupo empresario. Después la abogada de la Federación, Ornella Nociti, criticó los desalojos y apuntó a la gestión macrista y a la Policía Metropolitana.

 

Ante dos intereses que en juego -el de los empresarios que abandonaron sus emprendimientos, y el de los trabajadores que intentan preservar sus empleos- el Estado debe estar presente para defender la fuente de trabajo, señaló Aníbal Ibarra. La legisladora María Elena Naddeo  (Frente Progresista Popular) expresó que “es un orgullo estar al lado de esta cooperativa, porque realmente se han unido en función del bien común”. Naddeo contó que, tal y como reconocen los clientes, el restaurante funciona mejor desde que lo gestionan sus trabajadores. “Hay un concepto de responsabilidad social que hay que tener en cuenta y que tenemos que discutir”, agregó. También estuvo Virginia González Gass (PSA), quien ofreció su apoyo. Alejandro Bodart (MST) indicó que la normativa propuesta también contiene a la parte empresaria, ya que contempla la continuidad del pago del alquiler. “Tenemos votos de sobra”, se confió el legislador. El proyecto fue presentado ayer en la Legislatura porteña y luego de su paso por las comisiones, pedirán una cuestión de preferencia para que pueda ser tratado antes del 30 de este mes.