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A partir de las diez de la mañana cinco militares y siete civiles que se desempeñaron en el Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército en Rosario serán juzgados en esa ciudad. Es por los crímenes de lesa humanidad cometidos en cinco centros clandestinos de detención que dependían de esa fuerza armada, informaron desde la Procuración General.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario -que con otra composición ayer dictó sentencia en otra causa por delitos del terrorismo de Estado- juzga los casos que afectaron a 27 víctimas en centros clandestinos que dependían del Cuerpo II del Ejército. Están imputados el segundo jefe del Destacamento 121, Pascual Guerrieri, y once miembros de ese organismo de espionaje castrense, que tuvo un rol preponderante en la represión ilegal.

La Procuración General dio a conocer que también llegan a juicio el ex jefe de sección y segundo jefe de Operaciones Especiales, Juan Daniel Amelong; el jefe de Operaciones de Inteligencia, Jorge Alberto Fariña; el jefe del Grupo de Tareas 1, Marino Héctor González; el capitán Joaquín Antonio Gurrera; y los miembros de la plantilla del Personal Civil de Inteligencia (PCI), Eduardo Rodolfo Costanzo, Walter Salvador Dionisio Pagano, Juan Andrés Cabrera, Alberto Enrique Pelliza, Ariel Zenon Porra, Ariel Antonio López y Carlos Antonio Sfulcini. Un civil, Walter Roberto Roscoe, también había sido acusado pero murió antes de iniciarse el juicio.

El debate oral analizará la unión de tres causas que durante la instrucción tramitaron por separado, por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios en los centros clandestinos La Calamita, Quinta de Funes, la Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”, en el marco de una asociación ilícita. La Quinta de Funes, la Escuela Magnasco y La Intermedia funcionaban como un circuito más pequeño, en el que la última escala significó la ejecución y desaparición de las víctimas.

En su comunicado la Procuración General informó que Guerrieri, Amelong, Fariña, Pagano y Costanzo ya cuentan con una condena a perpetua (dictada el 15 de abril de 2010) por su actuación en ese contexto clandestino. En aquella sentencia, el Tribunal Oral de Rosario estableció que "la inteligencia como resultado de un proceso de análisis de la información obtenida de la fuente –fundamentalmente de los interrogatorios bajo coacción- fue la pieza clave alrededor de la cual se estructuró el plan de aniquilación del opositor político". En alusión a los imputados, agregó: "no es casual entonces que fueran seleccionados individuos, no por fuerza del azar sino en virtud de sus legajos y perfiles específicos (con experiencia, entrenamiento o especialización en dicha área de inteligencia), a fin de que fueran capaces de detener o secuestrar personas, interrogarlas mediante golpizas, vejámenes, torturas y amenazas de todo tipo y, llegado el caso, acabar incluso con sus vidas".

En uno de los requerimientos de elevación a juicio que serán leídos en la audiencia de hoy, la fiscalía refirió que "el grupo represivo que anidaba en las estructuras del Destacamento de Inteligencia 121 aplicó un método en sustancia similar: procedió al secuestro de personas, se las mantuvo en cautiverio de modo ilegítimo en los lugares referidos sometidos a un régimen de vida incompatible con la dignidad humana y al padecimiento de tormentos tanto físicos como psíquicos, de los cuales algunos pocos recuperaron la libertad".

La acusación pública está a cargo del fiscal Gonzalo Stara y actuarán cuatro querellas, tres particulares y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El tribunal sesionará todos los jueves y viernes, integrado por los jueces Roberto Manuel López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, quienes escucharán a lo largo del proceso a alrededor de cuarenta testigos.

Guerrieri, Costanzo, Gurrera, Pelliza y López llegan al juicio detenidos en prisión domiciliaria, mientras que Amelong, Fariña, Pagano, González, Cabrera, Porra y Sfulcini están alojados en diferentes complejos penitenciarios.