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El 69 por ciento de los bonos que tienen los fondos buitres nacieron en el Megacanje del 2001, que ideó Domingo Cavallo junto a su amigo David Mulford. Esa licitación pública de bonos, a la que le corrigieron el precio de corte después de cerrada la licitación, está en la base de los reclamos por títulos comprados a precio de remate en el mercado: ningún inversor quería bonos que no podría pagar un país en default. Y allí fueron los fondos NML Capital, Aurelius y Blue Angel a buscar papeles a los que les podrían sacar el jugo: en algunos esperan ganancias del 1600 por ciento.

La operación de Megacanje fue pensada por Mulford, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y, por esos días, vicepresidente del Credit Suisse Fist Boston (CSFB). La posibilidad de avanzar con esa operatoria, que implicaba canjear 46 bonos de deuda vieja de corto vencimiento por 5 títulos nuevos con plazo más largo, con la llegada de Cavallo al gobierno de la Alianza. Su retorno, en marzo de 2001, había sido alentado por un sector del radicalismo y Carlos “Chacho” Alvarez, quien ya había abandonado la administración pública pero tenía legisladores y funcionarios que le respondían.  

De los cinco papeles, que fueron canjeados en siete bancos que se llevaron 150 millones de dólares en comisiones, los fondos buitres terminaron comprando tres bonos: Global 2008, Global 2018 y Global 2013. Todos ellos, emitidos en junio de 2001, tienen tasas en dólares de entre el 12 y el 15,5 por ciento anual. Un beneficio poco ofrecido en el mercado y que solamente podría aplicarse a países con ajustadísima capacidad de pago. Es decir, eran bonos de alto riesgo.

Según el detalle de la emisión, el bono Global 2008 salió con vencimiento el 19 de diciembre 2008 y durante los primeros tres años pagaba intereses al 7 por ciento, que se elevaban a 15,5 por ciento en los otros cuatro años. El Global 2018 vencía el 19 junio de 2018 y pagaba 12,25 por ciento anual. El Global 2013 vencía el 19 junio de 2031 y pagaba 12 por ciento.

Esa operación no sólo fue perjudicial para la Argentina, porque elevó la deuda pública en más de 55 mil millones de dólares, sino que durante su concreción se corrigieron los precios mínimos en reuniones posteriores al cierre de la licitación. “Fueron reuniones en las que participaron representantes de los bancos y Cavallo y buena parte de su gabinete”, señaló el ex diputado Mario Cafiero, querellante en la causa, al referirse a las reuniones que detalló el fiscal Federico Delgado en su pedido de elevación a juicio oral.

Allí habrían estado los entonces jefe de Gabinete de Economía Horacio Liendo, el secretario de Política Económica, Federico Adolfo Sturzenegger; el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich; el ex subdirector de Financiamiento Jacobo Dreizzen, el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer; el director de Crédito Público, Carlos Molina; y el jefe de Gabinete de Asesores de Economía, Guillermo  Mondino. Por los bancos, según Delgado, fueron Mulford, Andreas Camp, José Rohm (CSFB), Miguel Gutierrez (Morgan), Bledel (Francés), Luis Ribaya (Galicia) y Marcelo Castro (Río y Santander)

Parte de esos títulos fueron comprados por NML Capital a 48,7 millones de dólares en el mercado post default, cuando valían poco y nada. Esos mismos papeles fueron presentado como parte del reclamo ante el juez Thomas Griesa, que convalidó un valor de 832 millones de dólares, computando intereses. La maniobra le reportaría al fondo de Paul Singer una tasa de retorno del 1608 por ciento.