El marchand y periodista Gabriel Levinas reconoció que tuvo en su poder obras León Ferrari y que las vendió. No entregó el dinero, dijo, porque tuvo que afrontar un tratamiento médico. Para la justicia no fue argumento suficiente: la diferencia entre el valor de la operación quirúrgica y valor de las obras es sustancial.
El periodista y marchand Gabriel Levinas reconoció en el expediente judicial en el que está acusado por el difunto artista plástico León Ferrari que vendió parte de sus obras pero no le entregó el dinero porque, dijo, debió utilizarlo para atender los gastos que demandó su grave estado de salud. Esa circunstancia de vida, según la Justicia, “no resulta suficiente para disminuir su responsabilidad penal”. Los jueces de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Capital Federal también señalaron que existe una "diferencia sustancial" entre el valor de las obras y el costo de un tratamiento médico.
Según documentación a la que accedió Infojus Noticias, Levinas admitió ante la Justicia que tuvo en su poder obras artísticas de Ferrari, que las llevó a exponer y vender a una galería parisina, que efectivamente consiguió venderlas (a un coleccionista identificado como Roberto Brumberg) pero al momento de rendir cuentas “atravesó un estado crítico de salud que tuvo para él enormes implicancias personales y profesionales, entre ellas de tipo económicas”. Entonces, según dijeron sus propios abogados, “debió afrontar cuantiosos gastos para poder sobrevivir, y como no tenía dinero propio que en tal sentido le alcanzara para ello, debió disponer del que había obtenido por la venta de ciertas obras de arte (de Ferrari y de otros artistas), de lo que claramente, como lo ha manifestado, está avergonzado”. Según la evaluación judicial, el perjuicio que sufrió Ferrari por la particular circunstancia que atravesó Levinas trepa a 144.199 dólares.
El estado de salud de Levinas “le impidió entregar a los artistas que en él habían confiado el dinero correspondiente a sus obras en forma inmediata a sus ventas, pues debió privilegiar su vida por sobre el dinero de sus mandantes. Mas ello no lo hizo con ánimo de fraude, tal como se los explicó a cada uno de ellos en el momento oportuno, habiendo aquellos comprendido perfectamente su angustiosa situación… salvo su viejo amigo (casi su segundo padre) y aquí querellante, León Ferrari Pardo”, sostiene el escrito de la defensa.
La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Capital Federal, en una resolución del 12 de diciembre del año pasado, estableció con respecto a las obras que Ferrari había entregado, más allá de si eran para exhibir o vender, que Levinas “debió restituirlas en el primer caso o bien efectuar la correspondiente rendición de cuentas de haber sido vendidas como lo manifestó, sin que por el momento se encuentre acreditado que haya dado cumplimiento a alguna de dichas obligaciones”. Según los defensores de Levinas, el también periodista de investigación que trabaja en el programa de TV Periodismo Para Todos es consciente de que debe “devolver ese dinero, cosa que asumió que lo haría y de hecho ya lo pudo concretar en algunos casos; no así, muy a su pesar, con Ferrari”, quien murió el 25 de julio pasado sin sus obras ni el producto económico de ellas.
“Se encuentra suficientemente acreditado en autos el abuso de confianza que habría cometido Levinas. La circunstancia alegada por la defensa, relativa a la repentina intervención quirúrgica por la que debió atravesar el imputado, no logra rebatir las probanzas reseñadas por la jueza de primera instancia, ni resulta suficiente para disminuir su responsabilidad penal”, sostuvieron los camaristas Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos al confirmar el procesamiento contra el galerista. En esa decisión influyó un dato significativo: “existiría una diferencia sustancial de montos entre el valor de las obras y los costos médicos” y, por otra parte, “no se ha rendido cuenta documentada del manejo de los intereses pecuniarios ajenos que le habría sido encomendado a Levinas”.
Esta semana, la jueza de instrucción Wilma López podría resolver una serie de nulidades planteadas por la defensa de Levinas y, una vez sorteado ese paso, la causa quedará en condiciones de pasar a juicio oral y público por un delito que, según el Código Penal, es reprimido con penas de entre un mes y seis años de cárcel.