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El juez federal de Salta, Miguel Medina; el presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, y el integrante de la Cámara Federal de Córdoba, Carlos Lascano, fueron citados por el Consejo de la Magistratura para dar explicaciones sobre su accionar. También, cómo no fue posible llegar a un consenso, se postergó para el 16 de julio el tratamiento de las ternas para la Cámara Federal de Casación Penal y otros ocho concursos.

Uno, por su actuación en un caso de trata de personas; otro por sus maltratos y relaciones con personajes de la última dictadura militar donde fue agente de inteligencia; y el tercero por no avisar que iban a nombrar a su yerno en un cargo. Así pueden resumirse las razones por las que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo citó a estos tres magistrados a lo que es una especie de indagatoria por un presunto “mal desempeño” en sus funciones. Los tres deberán comparecer ante el organismo el próximo 25 de agosto.

Un ex agente de inteligencia

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, fue quien presentó el dictamen para citar al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti. Según les explicó al resto de los consejeros, el juez es un "fuerte defensor de la pena de muerte", con "estrecha vinculación con integrantes de la triple A" y que "hizo inteligencia durante la dictadura cívico militar". 

Estas “conductas incompatibles con los derechos humanos”, tal y como relató Álvarez, se suman a la “exteriorización de comportamientos indecorosos” y el hecho de que “replicó la matriz militar” en su trabajo diario en el juzgado y en la Universidad elaborando “un sistema de espionaje en la Cámara Federal de Bahía Blanca”. A ello sumó que está corroborado, por la desclasificación de archivos que realizó el Ministerio de Defensa, de que Montezanti formó parte del Destacamento de Inteligencia 181.

Los argumentos de Álvarez sirvieron para que su pedido sea aprobado junto con los votos de los legisladores Ruperto Godoy, Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti y Ángel Rozas; el académico Jorge Candis y la abogada Adriana Donato. Se abstuvieron los jueces Luis Cabral y Leónidas moldes argumentando que el caso había sido resuelto en 2008.

Paralización de la investigación

Miguel Medina, juez Federal de Salta, también fue citado por los consejeros para explicar su actuación en una causa sobre trata de personas que terminó siendo archivada luego de varias idas y vueltas por un conflicto de competencias que duró dos años. El expediente llegó al organismo a fines de octubre de 2013 luego que lo remitiera la Procuración General de la Nación a partir de un informe realizado por el titular de la Procuraduría de Trata de Personas y Secuestro Extorsivos (PROTEX), Marcelo Colombo.

El 16 de diciembre de 2010, H.S.C. un padre desesperado por la desaparición de una de sus hijas presentó una denuncia en la justicia federal de Salta. Allí explicó que su hija E.C. había viajado unos días antes a Comodoro Rivadavia tras una pelea familiar pero con el objetivo de trabajar en un hostal. La causa le cayó a Medina que hizo lugar a las medidas del fiscal de la causa y extendió la jurisdicción hacia Comodoro Rivadavia, donde había viajado la joven. La investigación determinó que la E.C. había sido trasladada a Mendoza donde la encontraron finalmente el 18 de diciembre en la terminal de aquella ciudad.

Después de que se encontró a la chica, la causa se paraliza por primera vez,  por casi dos años. Un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Salta y el de Comodoro Rivadavia se desarrolló entre febrero de 2011 y diciembre de 2012. Es que el juez salteño sostenía que no le correspondía tener a cargo la causa porque el hecho no había ocurrido en su territorio. El fiscal federal Horacio Arranz, había advertido "demoras” en la causa y se lo comunicó a Colombo. Este realizó un informe donde sostuvo que el Código Procesal sostiene “las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción” porqué, según la norma, la investigación debe ser continuada por “el tribunal que primero conoció la causa”, es decir, por el juez Medina.

“El juez acertó en las medidas y no ahorró esfuerzos en intervenir en otras jurisdicciones”, dijo Moldes a favor de Medina y agregó que con la citación se “está errando la mirada” porque “la víctima fue restituida”. Pero esto no alcanzó y la mayoría de los consejeros aprobó su citación.

La última de las citaciones fue para el integrante de la Cámara Federal de Córdoba, Carlos Lascano, quien irá en agosto próximo al Consejo a explicar una presunta maniobra para que se nombre en un cargo de ese tribunal a su yerno. El pedido lo hizo el juez Cabral porque Lascano “omitió poner en conocimiento que era su yerno”.

Concursos postergados

El próximo 16 de julio el consejo tratará los nueve concursos que estaban pautados para hoy. Por consenso, y ante la falta de consenso, se decidió postergar el tratamiento aunque se avanzó en el paso previo y se dejó lista para aprobar por el plenario el concurso destinado a cubrir cuatro cargos en la Cámara Federal de Casación Penal. Los quince postulantes estuvieron hoy en el Consejo y uno a uno se sentaron ante los consejeros para ratificar que quieren participar del concurso.

Guillermo Yacobucci, Pablo Daniel Vega, Marcelo Ferrante, Gustavo Barroetaveña, Fernando Rodolfo Poviña, Fernando Arnedo, Daniel Petrone, Pablo Morán, Pamela Bisserier Díaz, Daniel Obligado, Daniel Vandermberg, Santiago Martínez, Karina Perilli, Roberto José Boico y Carlos Javier Carbajo; en ese orden estuvieron hoy en el edificio que el organismo tiene en la calle Libertad al 700.

Quedaron para dentro de dos semanas también los concursos para cubrir un cargo en la sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal. En su propuesta de terna están Julio César Báez, Javier López Biscayart y Sebastián Norberto Casanello. Dos concursos para cubrir cargos en los juzgados de primera instancia y en la Cámara del fuero en lo Civil y Comercial Federal. Cargos para el Tribunal oral en lo Criminal Federal Nº2 de Salta; en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y en los juzgados Federales de San Rafael, Mendoza; General Roca, Río Negro y Zapala, Neuquén.

El Plenario del Consejo de la Magistratura archivó una denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas por su actuación en la causa de coimas en el Senado. Los consejeros por mayoría conformada por Leónidas Moldes, Adriana Donato, Anabel Fernández Sagasti, Héctor Recalde, Julián Álvarez, Ruperto Godoy, Gabriela Vázquez y Pablo González aprobaron el archivo de la denuncia que se basaba en un fallo del Tribunal Oral en lo Federal N° 3 que consideró “parcial” la actuación del juez en la causa.

En contra del archivo se mostraron el abogado Miguel Piedecasas y los legisladores Ángel Rozas y Gustavo Valdes. En tanto que el juez Luis Cabral se excusó de participar.

GA/AF