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El Consejo de la Magistratura aprobó la acusación del juez de ejecución Axel López con los votos de ocho de los doce consejeros presentes. El abogado Daniel Ostropolsky y los jueces Alejandro Sánchez Freytes, Ricardo Recondo y Mario Fera se opusieron a que López sea llevado a un jury de enjuiciamiento, donde podrían destituirlo. Manuel Urriza, que ya se había mostrado a favor del jury, no pudo asistir al plenario.

López está a cargo del juzgado de Ejecución Penal Nº3. Tiene 48 años e hizo toda la carrera judicial hasta llegar a uno de los juzgados que controla el cumplimiento de las penas. Se lo acusó por mal desempeño, en base al dictamen elaborado en la Comisión de Disciplina por el secretario de Justicia, Julián Álvarez. La ONG Madres del Dolor promovió la denuncia, que fue presentada por un representante de los abogados, Alejandro Fargosi, en el Consejo de la Magistratura.

El juez tendrá que enfrentar el jury de enjuiciamiento, y podrá ser destituido. La decisión se da en pleno recambio de integrantes del Consejo. A mediados de mes, se modificará su integración. Cuando eso suceda, habrá que volver a integrar las comisiones, y recién allí se decidirá quiénes serán los dos consejeros a cargo de impulsar la acusación ante el jurado de enjuiciamiento. Por ahora, para cumplir el procedimiento formal, fueron designados los diputados Carlos Moreno y Oscar Aguad. Una vez que cambie la integración del órgano, serán reemplazados.

La votación

La sala de plenarios del Consejo nunca estuvo tan llena. Había alrededor de 150 personas en un espacio en el que no suelen haber más de cuarenta. Familiares de víctimas organizados en Madres del Dolor llegaron con carteles donde pedían “justicia por la familia Bagnato y Nicolás Borda”. Otros carteles tenían fotos de algunos consejeros que ya se habían pronunciado a favor del enjuiciamiento, y decían: “Yo ya voté que sí, ¿por qué cambiaría?”.

“¡Sí! ¡Justicia!”, gritaron algunos de los familiares cuando terminó la votación nominal por la acusación de López. Había dos alternativas más de sanción, que perdieron sentido cuando se decidió llevar al juez a jury. El consejero por los abogados, Ostropolsky, había propuesto aplicarle una multa por la mitad de sus haberes mensuales, y el juez Recondo proponía apercibirlo. Cuando se leyó el resultado de la votación, los familiares se abrazaron y lloraron.

Los consejeros que votaron a favor de llevar a López al jury son Álvarez, Eduardo De Pedro, Marcelo Fuentes, Ada Itúrrez de Capellini, Carlos Moreno, Alejandro Fargosi, Mario Cimadevilla y Oscar Aguad. Hubo consenso entre el representante del Ejecutivo y los del Congreso, a lo que se sumó el voto de uno de los dos abogados. Los jueces se opusieron, y el abogado Ostropolsky, porque ya había planteado una sanción menos dura.

Los casos de López

Las denuncias contra el juez llegaron tras la violación y el asesinato de Tatiana Kolodziez, hace dos años. Juan Ernesto Cabeza, un remisero que ya había sido condenado por violar a otras cuatro mujeres, fue condenado a cadena perpetua por el crimen. Cuando mató a Tatiana, hacía un mes que había salido de la cárcel con el beneficio de la libertad condicional, concedido por López.

Al juez se le imputa mal desempeño de sus funciones por ese caso, en el que concedió el beneficio “apartándose del dictamen del Cuerpo Médico Forense, que advertía en forma concluyente sobre un serio riesgo de reincidencia por parte del nombrado”. Pero no es el único que tomó estado público.

López debía controlar el cumplimiento de la pena por quíntuple homicidio del responsable de la “masacre de Flores”, cometida por Fructuoso Álvarez González en 1994. Participó de un intercambio de presos con España, y recuperó la libertad en Europa por un error en el cómputo de la pena. Álvarez González volvió al país y comenzó a amedrentar a Matías Bagnato, el único sobreviviente.

López también le permitió salidas transitorias al asesino de Soledad Bargna, Marcelo Pablo Díaz. Cuando mató a Bargna, gozaba de la libertad condicional. Había sido condenado en Chubut a doce años de prisión por otro caso de violación. Otro de los condenados que había sido beneficiado por López es Ernesto Gabriel Gómez, que obtuvo salidas transitorias cuando ya había sido condenado por el crimen de Miguel Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa.

La agenda del día

Durante el plenario también se trató la acusación a los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, del fuero de la Seguridad Social. La propuesta no fue desestimada, pero se archivó porque ya tenía más de tres años, el límite que estipula el reglamento del Consejo para tratar estas denuncias. Se trató además la modificación del reglamento del Consejo para aumentar las facultades del administrador del cuerpo político del Poder Judicial, pero la propuesta se postergó por un planteo del senador Fuentes.

En la sesión también se trató el reescalafonamiento de los 1154 empleados de un sector del Poder Judicial. Se trata del personal obrero y de maestranza (POM), que había sido respaldado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Eduardo De Pedro contó que participó de reuniones previas con el gremio por este motivo, y destacó que el reclamo data de 2010. “Que hayan pasado cuatro años en esta situación demuestra el profundo desprecio de la Corte hacia los trabajadores”, afirmó.

El Consejo votó en favor del cambio de categoría de los empleados judiciales, por lo que enviará una recomendación a la Corte Suprema para instar a que se realice el cambio exigido por los trabajadores. Un grupo de delegados del área también estuvo presente durante la votación, y aplaudió los resultados antes de salir a comunicarlos a las más de doscientas personas que cortaron la calle Libertad para respaldar el tratamiento del asunto. Julio Piumato, titular del gremio, presidía el acto y exigía mejoras salariales a la Justicia.