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El plenario del Consejo de la Magistratura sancionó al juez federal Claudio Bonadio por su accionar en dos causas durante los años ‘90: la estafa al Estado en la venta de acciones del astillero Tandanor y el fraude bancario de la curtiembre Yoma S.A.

Con el voto de siete de los 13 consejeros que lo integran el organismo decidió multar al magistrado con el 30 por ciento de su salario. La sanción fue propuesta como una tercera alternativa a los dos dictámenes que estaban en el pleno. Uno de ellos presentado por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y otro presentado por el ex consejero Ricardo Recondo.

El dictamen de Álvarez proponía la “apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados” del juez por “mal desempeño”, mientras que el del ex consejero Recondo proponía desestimar la denuncia. Pero en medio del debate el presentante académico, Jorge Candis, propuso que se sancione al juez federal con una multa. Para llevar a juicio político a Bonadio se necesitaban nueve votos de los trece que integran el Consejo. Candis dando cuenta de su experiencia como juez reflexionó: “si hemos tenido apercibimientos por retrasarnos un mes en el dictado de una sentencia, la demora de Bonadio es un hecho muy grave". Por eso pidió la sanción económica a la que se sumó el consejero Álvarez.

“Si tanto repudiamos a los jueces de la servilleta, a la impunidad y a la década infame, por qué razón no vamos a sancionar al magistrado que permitió y avaló la defraudación al Estado”, preguntó Álvarez. A su decisión de votar a favor de sancionar a  Bonadio se sumaron Candis; los senadores Ruperto Godoy y Pablo González; los diputados Eduardo "Wado" De Pedro y Héctor Recalde y la presidenta del Consejo, la jueza Gabriela Vázquez.

No votaron por la sanción los legisladores Ángel Rozas y  Gustavo Valdés, los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas, y los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes. El juez Cabral argumentó su postura señalando que hubo una “reiteración del análisis de la misma conducta” del juez teniendo en cuenta resoluciones anteriores del Consejo.

“Es un juez que nosotros denunciamos”, dijo el diputado Valdés aunque después voto por rechazar la sanción: “tenemos que apegarnos a la ley”, dijo haciendo referencia al plazo de las denuncias contra magistrados en el Consejo.

Las causas

La primera causa se caratuló “Boffil, Alejandro y otros s/ defraudación contra el Estado Nacional” y recaló en 2002 en el juzgado Nº 11. Investigaba la operatoria de consorcio Marítimo S.A., la compañía que ganó la licitación internacional para adquirir casi el 90 por ciento de las acciones de Tandanor. Prometió pagar 7 millones de pesos en efectivo, y otros 52 mediante cheques de pago diferido y una póliza de caución. Con el tiempo se comprobó que la firma era insolvente, y se inició el proceso penal por defraudación al Estado.

Bonadio tardó cuatro años en hacer la investigación: recién en 2006 tomó declaración indagatoria a los imputados y dio por terminada la etapa preparatoria. La fiscalía pidió la elevación a juicio, pero el juez demoró tres años en aceptarla. Desde que se presentó la denuncia hasta que llegó a juicio, pasaron nueve años, siete de ellos en el juzgado de Bonadío. El Tribunal Oral afirmó después que por lo menos los últimos tres se podrían haber ahorrado.

La segunda causa, por la curtiembre de Yoma S.A, demoró aún más. La empresa cedió títulos de crédito al Banco Nación, una operación financiera habitual entre las compañías y las entidades bancarias. Pero ya había cedido los mismos títulos al Banco Macro, por lo que la maniobra implicaba una estafa al Banco Nación. La denuncia recayó en la oficina de Bonadio en el año 2000. Tardó más de cinco años en llamar a los imputados a declaración indagatoria, y otros cinco para conceder la elevación a juicio que pidió el fiscal.

Cambios de nombres

Además del recambio de nombres del Consejo de la Magistratura, comenzaron los reemplazos de funcionarios que integran el organismo. Hoy se designó provisoriamente, hasta el próximo plenario, a Marcos Romera como subadministrador del cuerpo, secundando al flamante administrador general Claudio Cholakian.

Adriana Gigena quedó a cargo de la secretaría de la comisión de Selección de Magistrados, en reemplazo de José Elorza. Esa comisión se encarga de levar adelante los concursos en el organismo. Fue un reemplazo discutido: Moldes y Cabral consideraron que se trataba de una remoción sin motivos”, a lo que De Pedro contestó: “jamás se removió a nadie por pertenecer a otro partido”.

Después fue el turno de nombrar el reemplazo del secretario de la Comisión de Disciplina y Acusación, a raíz de la renuncia de  Néstor Schmidt. Provisoriamente se nombró Mariana Aballay y como prosecretaria Maria Jose Schiaffino.

Alexis Tiniriello, se hará cargo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de Administración General del Poder Judicial. Estará en reemplazo de Luis Devoto, quien se dedicará a compilar un digesto jurídico con las normas que tienen que ver con el Consejo.

Denuncias que se desestimaron y otras que se archivaron 

Además de la denuncia contra Bonadio, el plenario archivó hoy las denuncias presentadas contra la integrante del TOF N° 1 de Rosario, Laura Inés Cosidoy y otra presentada contra los jueces Beatríz Arean,  Carlos Belucci y Carranza Casares.

Además se desestimó in limine, es decir sin tratarse, una denuncia presentada contra los jueces Eliseo Otero y María Dolores Fontbona de Pombo. También se desestimaron las denuncias contra los jueces de la Seguridad Social Martín Maiztegui, Alicia Braghini, Lilia Maffei de Borgi, Victoria Pérez Tognola, Bernabé Lino Chirinos, Luis René Herrero, Emilio Lisandro Fernández, Nora Carmen Dorado, Néstor Fasciolo, Juan Poclava Lafuente y Martín Laclau.

La denuncia contra el ex juez Alberto Ize, se declaró abstracta  y se desestimó otra contra el juez federal Martín Adrián. Se trata de denuncias que cumplieron  tres años y cuatro meses y  pasaron directamente a ser tratadas por el plenario del Consejo.