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El magistrado pasó toda la feria preparando su descargo ante el Consejo de la Magistratura y el día previo a la fecha indicada avisó que no se presentaría personalmente sino que lo haría por escrito. Y así lo hizo. El magistrado presentó el escrito -al que tuvo acceso Infojus Noticias- en la mañana del martes 6 de agosto. En él negó todas las denuncias en su contra y sostuvo que las demoras fueron “por una consecuencia de colapso en el sistema de gestión judicial”.

En el escrito presentado ante la Comisión de Disciplina y Acusación, Villafuerte Ruzzo sostuvo que dos de los expedientes que debió tratar en el juzgado eran  causas de “altísima exposición pública”, como la investigación sobre la muerte de Carlos Menem (h) y Silvio Oltra y la del robo al Banco Nación de Villa Ramallo. Esas, dijo, fueron las que “tuvieron una consecuencia en contra de la celeridad” hasta en “el más sencillo trámite”. El análisis de su desempeño, dijo, “no puede aislarse” del “agobio” que produjeron el trámite de estas causas.

En la presentación de unas sesenta páginas que, diversas causas en las que intenta comprobar su “voluntad investigativa” y redunda en cuestiones a las que califica de “extremas emergencias y aludes procesales” que causaron el retraso.

La denuncia presentada ante el Consejo fue realizada por el primer fiscal que solicitó la recusación del juez, Juan Murray, al considerar que el magistrado provoca “inusitadas demoras” en causas por delitos de lesa humanidad.  

“Son innumerables las resoluciones dispuestas contra el personal militar y de fuerzas de seguridad por crímenes de lesa humanidad en las distintas causas en trámite ante este fuero federal”, explicó Villafuerte Ruzo en el escrito. En el mismo sentido, señaló que elevó 18 causas a juicio oral por esos delitos, la primera de ellas en 2003.

En contrapartida, el informe elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas Durante el Terrorismo de Estado explica que desde la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de San Nicolás se iniciaron más de 100 causas. A pesar de ello,  después de más de 8 años recién pudo iniciarse el primer juicio oral.

El juez federal de San Nicolás también contestó al dictamen realizado por la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, en la causa que resolvió la Corte Suprema en julio pasado. Considera que es “inexacto” sostener que hubo una demora de 8 años en elevar la primera causa a juicio oral ya que el elevó la causa en abril del 2009. “La sola enunciación de los 18 casos de elevación a juicio se contradice diametralmente a las apreciaciones vertidas en el informe”, sostiene el magistrado federal.  

Una de las causas apuntadas por retraso es "Patti Luis Abelardo y otros homicidio en perjuicio de Perryra Rossi, Eduardo Daniel y Cambiaso Osvaldo Agustín" donde se sostiene un retrazo de 6 años “entre el primer pedido de declaración indagatoria y el auto del juez que finalmente ordenó la citación”.

“A la fecha se encuentran detenidas con prisión preventiva 14 personas” explicó Villafuerte Ruzo, y explicó que “en 10 de ellas se “corrió traslado a la querella y al ministerio público para la elevación a juicio oral”.  Sostiene, además que los rechazos de los pedidos de indagatoria de la fiscalía en la causa en la que se encuentran detenidos entre otros Luis Abelardo Patti y Ricardo Bignone tuvieron que ver con “la falta de motivo o sospecha suficiente sobre la responsabilidad de los imputados por la fiscalía”.

 “Mi compromiso con las investigaciones de las violaciones a los Derechos Humanos no es reciente”, concluye la presentación del juez federal que solicitó el archivo del expediente en el Consejo de la Magistratura. Ahora la Comisión de Disciplina y Acusación comenzará  a analizar la presentación del juez tras lo que deberá impulsar o no un juicio político por “mal desempeño en sus funciones”.