El editorialista de La Nación debió hablar sobre la nota que, para la defensa del ex presidente, disparó la investigación por los sobornos en el Senado. También declaró Enrique Coti Nosiglia.
De la Rúa le pidió al secretario del juzgado que le alcanzara a Joaquín Morales Solá ejemplares originales de La Nación del año 2000. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 se negaron. El ex presidente insistió y los diarios amarillos por el paso de los años llegaron al periodista. Morales Solá hablaba alejado del micrófono y no se lo escuchaba. Eso le valió el reto de los jueces en cuatro oportunidades. En un momento se enojó con De la Rúa, cuando el ex presidente le insistió –ya lo habían hecho las defensas y la fiscalía- sobre la identidad de sus fuentes. El editorialista dejó en claro que no iba a hablar de sus fuentes.
-No me acuse ni me señale, me estoy defendiendo –le dijo De la Rúa al periodista- ¿Qué fuente señaló usted sobre el origen del dinero?
-No lo sé. Ya respondí esa pregunta. Me molesta que me pregunten lo mismo cada cinco minutos -respondió, fastidioso, Morales Solá.
Hoy el periodista declaró en el juicio y les dijo a los jueces que tenía “convicciones” de que hubo sobornos en el Senado, pero que no tenía pruebas para demostrarlo. También atestiguó Enrique Coti Nosiglia, el operador político en las sombras de la Alianza. Habló por veinte minutos y no aportó nada.
“Habrían existido favores personales de envergadura a los senadores peronistas -para sorpresa de algunos-, después de que estos aprobaran la reforma laboral; esas concesiones fueron conversadas y entregadas por dos hombres prominentes del gobierno nacional”. Esto escribió Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, en junio de 2000. Para la defensa del ex presidente Fernando De la Rúa, esa nota fue el “puntapié” de la investigación que luego derivaría en la causa de las coimas en el Senado.
Antes de que se presentaran los jueces del Tribunal, en la última hilera de acusados el abogado de Mario Pontaquarto leía el diario que dirige Bartolomé Mitre. La tapa mostraba la foto de los doce diputados que aún no definieron su voto por el proyecto de ley de la reforma judicial. Parecía un mal recuerdo de los senadores imputados que estaban a pocos metros: Augusto Alasino, Ricardo Alberto Branda, Alberto Tell y Remo Constanzo, todos del PJ. También estuvieron en la audiencia los imputados Fernando de Santibañez, ex titular de la Side; y Pontaquarto el ex secretario parlamentario que confesó ante la justicia haber recibido cinco millones de dólares de la SIDE para la aprobación, en el año 2000, de la ley de Reforma Laboral. Alberto Flamarique fue el único acusado que faltó a la audiencia.
Morales Solá llegó justo para declarar. No tuvo que esperar. Explicó palabra por palabra el contenido del párrafo que escribió en 2000. Las defensas y la fiscalía le preguntaron varias veces qué significaba “favores personales”, cuáles eran sus fuentes y para quiénes había sido una “sorpresa”, según consta en la nota. El periodista insistió más de una vez que no podía acordarse de una nota escrita trece años atrás. Y aclaró que escribió “favores personales” como metáfora de sobornos.
Después fue el turno de Enrique “Coti” Nosiglia, uno de los armadores de más bajo perfil en la UCR y de la Alianza. Desde la fiscalía le preguntaron a quién conocía en el gobierno liderado por De la Rúa. Nosiglia sonrió. Y pidió reformular la pregunta. Explicó que por sus años en política conocía a casi todos los que fueron parte de la Alianza y agregó que con esa administración había “afinidad y mucho diálogo”. A pesar que es público su rol como operador todoterreno de De la Rúa, su exposición duró solo 20 minutos. Nosiglia, famoso por querellar periodistas, sólo ocupó el cargo de ministro del Interior en la última parte del gobierno de Raúl Alfonsín. Siempre se lo contó como uno de sus colaboradores más cercanos.
El primero en declarar, antes del mediodía, fue el escribano Nardini Mira. Dijo que certificó la grabación y filmación que la revista TXT le realizó a Pontaquarto en 2003. Aclaró que el cliente era Ariel Granica, presidente de la editorial Capital Intelectual. Granica será el próximo testigo en el juicio, previsto para el 7 de mayo.