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Después de 33 días de acampe para exigir que avance la causa judicial, los familiares y amigos de Luciano Arruga recibieron con alegría la noticia: hoy a las 9 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzará a trabajar en el último lugar donde se vio por última vez al joven de 16 años oriundo de Lomas del Mirador, desaparecido desde el 31 de enero de 2009.

El Juzgado Federal N° 1 de Morón secretaría tercera, que investiga la desaparición del joven, notificó ayer de los peritajes a los abogados de la familia Arruga e informó que comenzarán a trabajar en Indart 106, el ex destacamento dependiente de la Comisaría 8va. Cinco años después de la desaparición de Luciano, la Justicia había ordenado medidas de prueba en el lugar: pericias con perros, pruebas de luminol e intervención del georadar. Pero no se definía el equipo de trabajo ni el personal.

El viernes el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, visitó el acampe que familiares y amigos de Arruga hacen desde el 17 de octubre. El acampe es en reclamo del avance de la causa judicial, y para que el lugar sea convertido en un sitio para la memoria. En la reunión, Fresneda se comprometió a “articular todas las políticas que sean necesarias para lograr que la Justicia fije fecha para comenzar la prospección que el EAAF debe realizar en este lugar para detectar cualquier rastro que el paso de Luciano haya dejado”.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación afirmó: “El caso de Luciano Arruga es un caso de desaparición forzada de persona, y es por eso que vinimos a escuchar cuales son los reclamos concretos que forman parte de esta lucha, de este acampe”. Después de la reunión con los familiares, donde también estuvo presente el diputado provincial Miguel Funes (Frente para la Victoria) el secretario analizó: “Desde el momento en que la justicia Federal arrogó la competencia para investigar este tipo de delito es porque evidentemente ha existido la connivencia de algún nivel de funcionario público en este episodio lamentable”.

Fresneda expresó que “mientras no aparezca Luciano Arruga hay una causa penal pendiente y una responsabilidad por parte del Estado nacional, provincial y municipal en sus tres niveles: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”. Sobre el pedido de familiares y amigos de convertir el espacio en un sitio de memoria, Fresneda comentó: “Hemos conversado respecto a la futura formulación de un comodato a los fines de que este lugar se convierta en un sitio de memoria para el barrio y el conjunto de la sociedad, y para marcar cuáles son los deberes y obligaciones para evitar cualquier tipo de desaparición forzada de persona”.

El secretario mantuvo reuniones con las autoridades del área de Derechos Humanos del municipio de La Matanza y de la provincia de Buenos aires, en las cuales se lograron avances a partir de fijar una agenda en común y en las próximas horas de iniciarán las acciones tendientes a dar una pronta respuesta a los reclamos de los familiares. A partir de lo actuado por Fresneda se firmará el contrato donde el municipio de La Matanza cederá en comodato el ex destacamento a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador, un barrio del partido de La Matanza, en el conurbano bonaerense. Ese día el joven de 16 años que vivía en el Barrio 12 de octubre fue interceptado por un patrullero y trasladado al destacamento policial en la calle Indart, dependiente de la Comisaría 8va. El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado. Del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría. La familia denunció que Luciano desapareció por negarse a robar para la policía.

En febrero, la causa caratulada como averiguación de paradero durante 4 años, pasó a la justicia Federal y comenzó a investigarse como “desaparición forzada de persona”. Desde ese momento está en manos de Juan Pablo Salas, juez federal 1ro del Departamento Judicial de Morón. El cambió de caratula se dio apenas dos semanas después de que removieran de la fuerza a ocho policías involucrados en la desaparición del joven, muchos de ellos estaban en funciones en otras dependencias.