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 El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación  Penal Javier Augusto de Luca presentó su renuncia a la Asociación de Magistrados  y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMyFJN), cuerpo al que pertenece hace 26 años.

De Luca, que publicó la carta de renuncia hoy en Página/12, explica que su decisión se debe a la presentación del cuerpo de un amparo contra la nueva ley de Reforma del Consejo de la Magistratura. El consejo directivo de la Asociación decidió el 13 de mayo por unanimidad iniciar las acciones legales correspondientes.

De Luca, argumenta que estas acciones “vienen a ser las gotas que rebasaron el vaso, porque se enmarcan en la misma concepción de una larga lista de expresiones que viene tomando la conducción de nuestra institución, totalmente extraña al objeto social y a la razón de ser de una asociación de magistrados y funcionarios".

Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados había dicho el 27 de mayo en una conferencia de prensa con gran cobertura “Los jueces son un poder del Estado, no son una corporación. Decir eso es desprestigiar a un poder del Estado”.

Cabral es cuestionado por el lugar que ocupa en la Justicia. En febrero de este año el fiscal general Jorge Auat, titular de la unidad de coordinación de las causas por delitos de lesa humanidad de la Procuración General, presentó ante la Corte Suprema un pedido de remoción contra él. Se basaba en su presunta designación irregular como juez de la Cámara Federal de Casación. Auat denunció que Cabral, que se desempeñaba como juez del Tribunal Oral Criminal 9 de la Capital Federal, fue designado en agosto de 2011 como juez subrogante de la Sala I de la Cámara de Casación “sin respetar los procedimientos” en un sorteo irregular. Un sorteo en el que no se consideraron todos los candidatos posibles.

En esta línea, De Luca denunció en su carta que “la conducción se mueve como si la Asociación fuera un nuevo partido político, el judicial, cuya única idea visible es la defensa ciega de determinados colegas y de privilegios insostenibles en una democracia del 2013, ya que, en nombre de la representación que ostentan, aceptan o denuestan políticas de Estado (no del gobierno de turno) al que en realidad debemos servir, como si los jueces tuviesen algún tipo de competencia en la sanción y promulgación de la leyes que son el producto de la soberanía popular.”