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El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoció hoy que la Argentina tiene estándares elevados en la lucha contra el lavado de dinero y sacó al país de la “lista gris”. La decisión se tomó luego de que la Argentina cumpliera con una serie de recomendaciones señaladas por el organismo para fortalecer la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La tarea comenzó a desarrollarse en 2009 y es central para asegurar la permanencia de la Argentina dentro del Grupo de los 20 (G-20).

“Cuando en 2009, el GAFI reconoció debilidades en el sistema, la presidenta (Cristina Fernández) promovió un profundo cambio normativo, una re-jerarquización de la UIF, poniendo mucho esfuerzo en dotarles y poniendo al frente a José Sbattella, que está participando en este momento del plenario”, dijo el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, al anunciar la decisión adoptada por el plenario del organismo, que se realizó en París.

En aquel momento, el GAFI indicó que Argentina presentaba “deficiencias estratégicas” en su tarea de control y penalización del lavado de activos. Según el informe elaborado por el organismo, que es tomado en cuenta para cancelar las membresías en el G-20, Argentina cumplía sólo dos de las 40 recomendaciones para enfrentar esos delitos.

“Ahora la  Argentina tiene un sistema de lucha contra el lavado de activos y terrorismo de acuerdo a los máximos estándares internacionales, con todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del mundo”, indicó Alak y precisó que el reconocimiento fue aprobado por unanimidad. Eso incluyó la votación favorable de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Holanda; los integrantes del BRIC,  el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales.

Desde París, donde participó del plenario del GAFI, Sbatella sostuvo que “contra todas las opiniones nefastas internas de algunos que parece que juegan para el enemigo” se logró revertir la calificación sobre el país. “Todo el sistema de transferencias y de comercio exterior requiere un costo mucho mayor si un país está en la lista gris porque todos los bancos y sectores que operan tienen que hacer una doble diligencia sobre las transacciones”, explicó el funcionario en declaraciones a radio Continental.

“Es muy difícil engañar a un organismo  como este y esta resolución, que nos permitirá tener voz y voto en el G-20, le tapa la boca a más de uno que estuvo jugando estos últimos cinco a decir que éramos un país opaco”, agregó Sbatella quien elevó de 80 a 200 agentes la estructura de su organismo, que depende del Ministerio de Justicia.

Según detalló Alak, junto con la ampliación de la planta se promovieron cambios legales importantes: “Antes de este cambio no había condenados, hoy ya hay 13 condenados con penas de prisión”, aseguró. 

Además, en 2009 las entidades o personas que tenían que tienen la obligación de informar a la UIF sobre movimientos de dinero sospechosos eran 350, y hoy son 35.000 entidades, registros, profesionales, compañías y bancos. Alak detalló que en 2009 hubo 1.500 Registros de Operaciones Sospechosas (ROS), mientras que en 2014 ya hay 40.000.

“Quiero destacar la tarea permanente de José Sbattella; de Alejandro Vanoli cuando estuvo al frente de la CNV; del vicepresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray; de la coordinadora de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Seguros de la Nación,  Ana Durañona ,y del secretario ejecutivo del Programa de Monitoreo Antilavado del Ministerio de Justicia, Diego Sarrabayrouse”, dijo el ministro.