Infojus Noticias

La Mesa Nacional por la Igualdad, la Federación Argentina LGBT y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (Attta) presentaron esta semana una medida de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exigiendo un subsidio para 5 mujeres trans. Pedían “reparar los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la discriminación y violencia institucional generalizada, constante y directa”. La jueza Elena Liberatori, de inmediato, hizo lugar al pedido y el gobierno porteño deberá entregar “subsidios extraordinarios y reparatorios equivalentes al salario mínimo vital y móvil” para Mariela Muñoz, Marlene Jaimes, Juli Romero, Norma Giraldi y Yanina Moreno.

Todas son mujeres trans de la tercera edad que han sido excluidas del mercado laboral y educativo por su condición de género y hoy no pueden reinsertarse en ningún ámbito. Por la discriminación sufrida tampoco tienen los recursos económicos necesarios para abastecer sus necesidades diarias. La mayor parte de las situaciones en las que fueron víctimas de violencia institucional sucedieron en la Ciudad.

Vidas marcadas por la violencia institucional

Mariela Muñoz es una de las trans que más peleó por conseguir que el Estado reconozca su identidad autopercibida, entre otros derechos. Su historia salió a la luz cuando terminó presa después de que un juez le quitara la tenencia de los hijos que habían sido inscriptos como propios.  En 1997 logró, a través de la vía judicial, obtener su DNI mucho antes de que el Congreso sancionara la Ley de Identidad de género. Hoy, Muñoz tiene 69 años. Sufrió tres ACV y tiene problemas para ver, oir y caminar. Vive en Ezpeleta, en la localidad bonaerense de Quilmes en la casa que era de su madre. “Esto me ayuda a vivir”, dijo Muñoz a Infojus Noticias consultada sobre el subsidio que deberá otorgarle el gobierno porteño. Su voz sonaba entrecortada del otro lado del teléfono. Muñoz tiene graves problemas de salud y se maneja sola. Por el momento la ayuda una sobrina que vino desde Tucumán, pero necesita asistencia integral.

Yanina Moreno tiene 59 años y ahora vive en El Pato, en Berazategui. Llegó a Buenos Aires, desde La Pampa, a los 25 años.  Su familia no entendía que era una mujer que había nacido en un cuerpo de hombre y decidió irse de la provincia que la vio nacer. Era el año 1978. El primer día en el centro porteño la detuvieron.  Después vinieron 188 detenciones más. Llegó a estar 21 días privada de su libertad. En ese momento existía una contravención de la Ciudad que habilitaba las detenciones para las personas que circularan con ropas “contrarias a su sexo biológico”. “Nos golpeaban, nos obligaban a baldear la comisaría y a practicarles sexo oral a los policías”, dijo a Infojus Noticias, la mujer. “Cuando pasaban los días y nos crecía la barba nos hacían salir afuera para que se burlaran de nosotras”, agregó.

Producto de los golpes y abusos policiales Moreno hoy tiene una discapacidad física que compromete a más de la mitad de su cuerpo. No recibe ninguna pensión y no puede cobrar jubilación. A pesar de que es profesora de Lengua y Literatura, por su condición trans no pudo ejercer este trabajo. “Sufrimos toda una vida de exclusión. No tener derecho a la identidad implica que el resto de tus derechos se vean vulnerados”, opinó. Ahora, cobrará el subsidio.

El lunes, cuando fue a presentar el amparo Moreno se cruzó con la jueza. Le agradeció por haber impulsado su pedido. Liberatori le dijo que la agradecida era ella por lo que le estaban enseñando en materia de derechos.

En su fallo, la jueza consideró que “solo desde la mirada de la satisfacción en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales puede pensarse que la actora debe soportar un día más de su vida en las indignas condiciones de su calidad de vida producto de un contexto de desviada judicialización, estigmatización, criminalización y patologización de su persona y existencia de vida”.

Liberatori priorizó la dignidad en las condiciones de vida como “un valor imprescindible que el Estado debe asegurar a todo ser humano, ello con una evidente vinculación con el derecho a la vida”.

Juli Romero tiene 60 años y es otra de las mujeres que pretenden recibir este subsidio del Estado. “Es una pequeña reparación a todos los daños y prejuicios que hemos padecido todas las personas trans de los años ´60 en adelante. No hemos tenido derecho al trabajo al estudio, a la salud integral y ahora de más grandes todo eso trae sus consecuencias”, explicó.

Romero es diabética y tiene problemas de salud. No cuenta con una obra social ni con aportes. “Nunca tuve un trabajo en blanco porque fue expulsada de todos lados”, dijo.

Marcela Romero es presidenta de la Federación Argentina LGBT, una de las organizaciones que impulsó el amparo y asegura que se trata de una problemática que abarca a muchas más mujeres trans. “Las personas trans de la tercera edad no pudieron entrar en el circuito laboral ni educativo. No tienen aportes jubilatorios ni obra social porque durante muchos años el único trabajo que tuvieron fue el trabajo sexual, ante la falta de oportunidades”, explicó a Infojus Noticias.

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires María Rachid (Frente para la Victoria), secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad, había presentado en 2012 un proyecto de ley para fijar asignaciones para personas trans mayores en la Ciudad, pero el oficialismo bloqueó su tratamiento y nunca llegó al debate.

En ese momento, la subsecretaria de Promoción Social, Guadalupe Tagliaferri, dependiente del Ministerio de Desarrollo social de la Ciudad se había pronunciado contra el proyecto. Ahora la Ciudad deberá responder al pedido del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4  y reparar el daño causado con un subsidio económico.