El gobierno porteño debe indemnizar a una ex paciente del Moyano
La mujer estaba internada en el neuropsiquiátrico cuando intentó suicidarse prendiéndose fuego. Demandó al Estado por no haber cumplido con su obligación de protegerla autoagresiva. Deben pagarle alrededor de cien mil pesos.
El gobierno porteño debe indemnizar a una ex interna del neuropsiquiátrico Braulio Moyano por las quemaduras que sufrió en un intento de suicidio. En el fallo se consideró que el hospital incumplió con su deber de velar por la seguridad de la paciente.
El juez Darío Reynoso consideró probado el “incumplimiento al deber del Estado local” de adoptar medidas de control y seguridad”, para la paciente, que deberá ser indemnizada con el pago de 98 mil pesos más intereses.
Reynoso, titular del Juzgado N° 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada por la mujer que, en 2001, sufrió serias lesiones y fue internada en el Hospital del Quemado como consecuencia de quemaduras producidas con encendedores mientras estaba internada en el Moyano.
La mujer recurrió a la Justicia para obtener un resarcimiento económico por la responsabilidad estatal por no haber cumplido con su obligación legal de tomar medidas que la protegieran de su conducta autoagresiva, pese a que su historia clínica reportaba varios hechos suicidas y la consideración de “peligrosa para sí y para terceros”.
En la demanda la mujer argumentó que “no obstante lo antedicho, fui internada en una sala común con otras pacientes y sin ningún tipo de cuidados especiales que impidieran el contacto con elementos peligrosos o aptos para la autoagresión”.
El Gobierno de la Ciudad sostuvo en cambio que “el tratamiento a suministrarse como el ambiente en que se atiende a los pacientes deben estar caracterizados por ser lo menos restrictivos posibles”. Es “imposible para los médicos o enfermeros evitar que los pacientes accedan a encendedores, cuando muchos pacientes psiquiátricos fuman”, argumentó.
Reynoso consideró que “la responsabilidad estatal que deriva de la deficiente prestación brindada dentro de los hospitales públicos se vincula a la falta de servicio”. Y agregó que “existe por parte de las instituciones dedicadas a la salud mental la obligación o el deber primario de velar por la integridad física y seguridad de los internados en sus instalaciones, sobre todo si presentan patologías con tendencias suicidas”.
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