Infojus Noticias

Profesionales de los hospitales Álvarez, Gutiérrez, Tornú, Borda y Moyano apuntaron contra el Gobierno de la Ciudad por violar una medida cautelar que suspendió los efectos del decreto 1657. La norma lleva la firma de Mauricio Macri, y prevé la reducción de servicios de guardia de los hospitales porteños, y el cierre de numerosos programas de salud especializados. Los trabajadores se reunieron en asamblea el jueves pasado para decidir qué pasos van a seguir, y volverán a hacerlo esta tarde. Denuncian agresiones de la ministra del área, Graciela Reybaud.

El defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Ramiro Dos Santos, interpuso una acción solicitando que se suspendieran los efectos del decreto hasta tanto se esclareciera la legalidad de la medida. La jueza Patricia López Vergara dio curso a la solicitud inmediatamente después de conocerse el decreto, el viernes 3 de enero, y dictó una medida cautelar dejando sin efectos el decreto en forma temporal. Según los médicos, Macri no acata la cautelar: “quiere desmantelar la salud pública”, apuntó la pediatra Cristina Colom, en diálogo con Infojus Noticias. Son 1500 los profesionales afectados en todas las áreas, y miles de pacientes que diariamente requieren de esa atención.

Cierre de programas y recorte de salarios

En el área de pediatría hay 160 médicos perjudicados por el cierre y la reducción de los programas.  El decreto también limita las “suplencias de guardia” y los “módulos”, dos figuras que no comprenden sólo las situaciones para las que fueron creadas: también son utilizadas para la contratación irregular del personal. Para evitar las normas que les corresponde a los trabajadores de planta permanente, el Ejecutivo porteño utiliza a cientos de médicos sin contrato en los hospitales porteños, a los cuales les paga horas de “suplencias de guardia”.

Con el decreto, el plantel de médicos empleados de esa forma pasó a cobrar un 42 por ciento menos de los haberes que recibían. A la vez, más de sesenta pediatras fueron despedidos a partir del cierre de programas de salud tales como el GORIP y el BAP, que prevén la asistencia de urgencia y el seguimiento de personas en situación de vulnerabilidad. Esos programas fueron completamente desmantelados y dejarán de funcionar.

A otros programas se les redujo el personal y se aplicó el recorte salarial: es el caso del PADU –que envía pediatras a las escuelas y colonias de vacaciones- y de “Pediatras en casa” –de asistencia a domicilio para personas que no pueden trasladar a los chicos-. En este último trabaja Cristina Colom, que contó a Infojus Noticias que “pasó a tener la mitad de los empleados y se le quitaron recursos”. Denunció que se les retiró la sala en la que trabajaban y que ahora no tienen dónde trabajar.

Asambleas y persecución

El jueves pasado los médicos de los hospitales Álvarez, Gutiérrez, Tornú, Borda y Moyano se reunieron en asamblea en el Ministerio de Salud de la ciudad. “Órdenes de arriba” le dijeron los policías a Colom y otros delegados, cuando cerraron las puertas del Ministerio y dejaron afuera a los profesionales que habían salido de la asamblea para hablar con la prensa. El debate de los médicos quedó trunco, pero esta tarde se proponen reanudarlo en el hospital de niños. Mañana ofrecerán una conferencia de prensa desde las 11hs en las puertas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad (Av. de Mayo 525).

Según relatan los trabajadores de la salud en un comunicado, el viernes se hizo presente la ministra Graciela Reybaud en la oficina de que los reguladores de los programas pediátricos compartían con los obstetras del programa “Hola Mamá”. Al grito de “se acabó la buena vida”, echó personalmente a los pediatras al pasillo del edificio del SAME, que debieron instalarse en el pasillo –sin computadoras ni teléfonos- para seguir trabajando.