La administración porteña clausuró el galpón de móviles del canal de noticias. El Grupo Indalo, propietario de la señal, acusó al gobierno de Macri de "persecución" y "censura económica”. La medida provocó duras críticas por parte de dirigentes políticos. Finalmente, la Agencia Gubernamental de Control dispuso "levantar la clausura administrativa”.
El Grupo Indalo, propietario de la señal de noticias por televisión por cable C5N, denunció hoy que "quieren sacar del aire" al canal, y acusó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de "persecución" y "censura económica", luego de que la administración porteña les clausurara el galpón de móviles, medida que fue levantada por la noche "sin perjuicio de la continuidad de las actuaciones en la justicia contravencional".
Tras el aluvión de críticas surgidas desde sectores políticos y periodísticos, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad comunicó por redes sociales, minutos después de las 20.30, que dispuso "levantar la clausura administrativa del estacionamiento de ejecutivos de C5N, ubicada en Fitz Roy 1950, sin perjuicio de la continuidad de las actuaciones en la justicia contravencional".
La decisión de la AGC se "adoptó al tomar conocimiento, por las manifestaciones públicas de los periodistas de C5N, que las instalaciones son consideradas imprescindibles para el ejercicio de la actividad de prensa en cumplimiento del artículo 24 de la ley 4565 de defensa de la libertad de expresión", reza el comunicado.
"En ninguna de las intimaciones previas C5N informó que se trataba de instalaciones necesarias para el funcionamiento de la señal de noticias", cierra el texto de la AGC, en tanto la empresa Indalo dijo no haber recibido notificación oficial del levantamiento de la clausura. Por la tarde, en un comunicado, la empresa señaló que "la libertad de expresión es una garantía constitucional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere avasallar censurando al canal".
"Luego de la investigación e informes periodísticos en los que quedó al descubierto el entramado de corrupción que involucra al gobierno porteño y Fernando Niembro, la Ciudad inició una avanzada contra la libertad de expresión y clausuró parte de las instalaciones de C5N", sostuvo el texto. Tras denunciar que "quieren sacar del aire a C5N", desde Indalo detallaron que "desde hace dos meses el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cortó toda la pauta publicitaria del canal en un claro mensaje de censura económica atentando contra la libertad de informar".
"Ahora la mordaza es la clausura", agregaron y enfatizaron que "ha comenzado una persecución contra C5N clausurando parte de sus instalaciones" por la difusión de las investigaciones sobre el caso Niembro.
Avasallar la libertad de expresión
La medida provocó duras críticas por parte de dirigentes políticos, quienes alertaron acerca de los ataques contra la libertad de expresión. El candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, sostuvo que "la libertad de expresión es un pilar de la democracia" y remarcó: "Siento indignación, es una etapa de censura que no quiero vivir más en Argentina".
"Esta acción contra C5N tiene que ver con una secuencia de hechos que se inició con la deslegitimación de la elección de Tucumán, porque cuando la gente no vota como quieren ellos o cuando un medio no informa como quieren, pasan estas cosas", señaló. "Tanto hablan de la grieta y la grieta, en realidad, la forman ellos (PRO) en forma directa o indirecta", sentenció.
Por su parte, el candidato presidencial de UNA, Sergio Massa, señaló que espera que "esta clausura no sea por enojo debido al caso Niembro". "Así como critiqué al gobierno por el caso del diario 'Clarín', tengo que criticar al gobierno de Macri por este hecho", añadió. "Es un atentado contra la libertad de expresión, y espero que este tema se aclare rápido, no importa de quién es el medio", dijo Massa y agregó: "Lo entiendo a Macri, porque el barro no es el camino que conoce y esto lo está llevando por mala senda, él tiene que contarle a los argentinos qué piensa hacer si llega al gobierno".
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, condenó la clausura y sostuvo que la medida "constituye un avasallamiento a los derechos de libertad de expresión, ejercicio de toda actividad lícita y propiedad, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional".
El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, repudió "esta clausura que es un claro ataque a un medio de comunicación, un hecho de amedrentamiento, que atenta contra la libertad de expresión". "Le pedí a los equipos del AFSCA que se pongan a analizar la situación y ver los pasos urgentes a seguir para revertir esta clara acción de censura por parte del Gobierno de Mauricio Macri", agregó.
Por otra parte, la TV Pública manifestó "su solidaridad" con "C5N y sus trabajadores, por la situación que están atravesando". "La clausura de su galpón que impide la salida y entrada de móviles limita claramente la posibilidad de comunicar de esa señal y constituye un obstáculo a la libertad de prensa y al acceso a la información", señalaron en un comunicado.
Los argumentos de la ciudad
A través de un comunicado oficial, la secretaría de Comunicación Social porteña sostuvo que "es falso que se haya 'levantado' la publicidad oficial en C5N", y que el canal "recibe publicidad regularmente del Gobierno porteño y los últimos avisos, cursados esta semana, correspondieron a la campaña de separación de residuos".
En cuanto a la clausura, en diálogo con Télam, el titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, Juan Gómez Centurión, dijo que a lo que el canal se refiere como "galpón en realidad es una playa de estacionamiento lindera, ni siquiera pertenece al edificio, y tenía más de seis intimaciones por faltas de condiciones de seguridad". No obstante, fuentes de la AGC evaluaron que la clausura a C5N "es una sanción rebuscada e intempestiva" porque "sólo se puede clausurar de forma inmediata si hay un riesgo alto de muerte o peligro inminente".
"El galpón tenía incumplimiento de normas muy básicas" y, por lo tanto, "no había una situación de riesgo alguno por lo que esta decisión cercena el derecho laboral", consideraron al analizar el acta labrada por los funcionarios porteños en el edificio de Fitz Roy 1950. En el acta de clausura al canal se sostuvo que el área de galpones de móviles posee afectadas "las mínimas condiciones de funcionamiento y seguridad".
Télam/RA