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El fiscal federal Federico Delgado consideró esta mañana que “se debe denegar” la eximición de prisión para los empresarios para Alejandro Burzaco, presidente de Torneos y Competencias S.A y Hugo y Mariano Jinkis, directores de la empresa Full Play. Esa opinión no vinculante analizada ahora por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien debe definir en el transcurso de la jornada qué responde al pedido de las defensa de empresarios acusados de “conspirancy” por la justicia de Estados Unidos, que es una figura legal equiparable a la de asociación ilícita.

Al evaluar los pedidos de las defensa de los acusados, Delgado fundamentó su opinión en que por los “millonarios montos en juego” y  las características de las maniobras delictivas esa aconsejable “preservar los intereses del país que solicita la extradición” y por ese motivo se debe concretar el arresto provisorio de Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis. En cada uno de sus resoluciones, el fiscal detalló que la expectativa de la pena que contemplan los delitos denunciados y la “capacidad económica” de los acusados permiten pensar en una posible fuga.

El próximo paso de la causa es que el juez Martínez de Giorgi defina si acompaña la opinión de Delgado y acepta la eximición de prisión. Sobre cada uno de los acusados existe un pedido de captura nacional y sobre Burzacto también hay un pedido de detención internacional solicitado por la Justicia de Estados Unidos, que también solicitó la extradición de los tres acusados, que están investigados por ilícita y sobornos en la FIFA.

En las primeras horas de la mañana, el juez Martínez de Giorgi expresó en declaraciones a radio Vorterix que su intervención será “relativamente corta” y que tendrá que ver con definir las cuestiones de urgencia como captura con fines de extradición y los pedidos de eximición de prisión. “Lo natural es que estos pedidos de extradición que ingresan por Cancillería sean sorteados por la Cámara”, dijo y aclaró que le tocó intervenir porque el pedido ingresó fuera del horario de Tribunales.

El juez explicó que se deberán analizar los antecedentes de la causa que tramita en Estados Unidos para ver si cumplen con los requisitos de mínimos de pena y tipificación para recién disponer la extradición. “El único análisis que hacemos es establecer si el pedido que hace Estados Unidos está basado en un delito tipificado, que tenga como mínimo previsto un año de pena, que no esté prescripto el hecho y que no se le vaya a imponer una pena como la pena de muerte”, explicó el magistrado.

En este sentido, el juez dijo que la tipificación que se utiliza en estos casos en Estos Unidos es “conspirancy” y que se puede equiparar a la asociación ilícita argentina, después también hay cargos por sobornos y lavado de dinero que son equivalentes en ambos países. “Hay que hilar fino sobre los hechos concretos para ver si se constituyen estos delitos”, explicó.

Por último, el magistrado resaltó que una vez dispuesta la extradición por la justicia, la última palabra para el envío efectivo de los detenidos al país que los pide para ser juzgados está en manos del Poder Ejecutivo.

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