Infojus Noticias

Los representantes de la fiscalía, las querellas de familiares y del Estado y las defensas que participarán en el juicio por el encubrimiento al atentado de la AMIA, en el que serán juzgados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem; su secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, y el ex juez Juan José Galeano se reunieron hoy con los integrantes del Tribunal Oral Federal 2. En la audiencia se fijaron una serie de reglas prácticas previstas en la acordada 01/12 de la Cámara de Casación Penal para agilizar el debate que a partir del 6 de agosto, se realizará los días jueves en la sala auditorio.

El tribunal presidido por Jorge Gorini, e integrado por los jueces Néstor Costabel y Karina Perilli, con Domingo Altieri, como cuarto juez, o sustituto informó a la partes en una audiencia cerrada que se realizó en la sala SUM, en la planta baja de los tribunales penales de Retiro. Los magistrados no hicieron lugar a que las partes a realizarán planteos sobre el desarrollo del debate o la incorporación de pruebas. E informaron que una vez finalizado el juicio por el choque de trenes en la estación de Once, en el que también participa el juez Gorini, se sumarán audiencias los días martes.

Los jueces plantearon la opción de agilizar las primeras audiencias acordando una lectura sintética de la acusación, pero al planteo se opusieron los representantes del abogado e imputado Carlos Telleldín, investigado por haber recibido cuatrocientos mil dólares, provenientes de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado, a cambio de cambiar su declaración involucrando en el atentado al personal de la Policía Bonaerense, en particular de las Brigadas de Investigaciones II de Lanús y XVI de Vicente López , integradas por funcionarios de esa fuerza que finalmente resultaron absueltos por estos hechos. Juan José Ribelli fue uno de estos policías, y hoy ocupó un lugar en la sala. Donde también estuvo el ex juez Galeano.

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos, querellante en esta causa, ofreció colaborar con la entrega de copias digitalizadas de los requerimientos de elevación a juicio para todas las partes. Además, según las reglas fijadas por el propio tribunal, los familiares y las víctimas del atentado y los ex policías falsamente involucrados serán los primeros en brindar su testimonio y el cronograma se completará según la sucesión cronológica de los hechos recopilados por Galeano, mientras tuvo a cargo la instrucción de la causa.

Por su parte, la querella de Memoria Activa solicitó que el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa acompañe a los familiares y a las víctimas del atentado que darán testimonio. Dado que no estos aspectos no fueron tratados en la audiencia, el abogado Rodrigo Borda anticipó que formalizará la solicitud por escrito.

La investigación del encubrimiento

La causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA empezó hace quince años, cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal en el que recaló la investigación, contó que el ex juez Galeano y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses como autores del atentado donde murieron 85 personas. Todo esto, en medio de un enfrentamiento entre el entonces gobernador Eduardo Duhalde y Menem.

En el debate que se iniciará después de la feria judicial de invierno se ventilarán, entre otros temas, el desvío de la llamada "pista Siria" de atentado y el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucre falsamente a oficiales de la Policía Bonaerense que finalmente quedaron absueltos. Después de un derrotero de jueces de instrucción y camaristas apartados por propia decisión y otros recusados por las partes, en 2005 el expediente recaló en el juzgado de Ariel Lijo. Finalmente, en 2006 y en 2009, Lijo elevó a juicio una primera parte de esta investigación. En la que además de Menem, Anzorreguy y Galeano aparecen involucrados los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, y el ex jefe de la policía metropolitana Jorge "Fino” Palacios, entre otros.

El juicio

La trama que denunció Lifschitz y se tradujo en una denuncia formalizada por el entonces Ministerio de Justicia de la Nación, llegó hasta la Casa Rosada. Una primera parte involucra a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (S.I.D.E.), ahora disuelta por disposición presidencial, como el brazo ejecutor que “habría ocultado y erradicado pruebas en torno a la presencia de unos ciudadanos iraníes en la Argentina”. E indicó al conocido reducidor de autos, Carlos Telleldín, como la vía para plantar en el expediente la versión que involucró falsamente a los integrantes de las brigadas de Investigaciones de la policía Bonaerense de Lanús y de Vicente López, finalmente absueltos por estos hechos.

El segundo procesamiento indica que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el  objetivo era desviar la mira de la llamada pista siria, que tiene entre sus hacedores al ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul. Y a Jorge “Fino” Palacios, como uno de los artífices de la operación. Designado en 1997 frente a la Unidad Antiterrorista, había actuado desde un comienzo en la causa, es investigado en esta causa por haber dado aviso a Kanoore Edul de un allanamiento en su domicilio, que finalmente resultó infructuoso para la investigación.

Otros tramos de la causa continúan aún en instrucción. En diciembre del año pasado, la Cámara del Crimen revirtió por segunda vez los sobreseimientos que Lijo había dispuesto en julio de 2012 y reiterado en julio de 2014. Esos sobreseimientos, ahora revertidos, habían beneficiado al ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem, su tocayo Carlos Corach; a cuatro secretarios de Galeano, al momento de los hechos, y a otros imputados, entre los que figuran el actual presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez y abogados y policías de la Bonaerense que habrían colaborado en el encubrimiento.

La versión comprada a Telleldín

En el primer tramo elevado a juicio se investigó el pago de cuatrocientos mil dólares, provenientes de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), al ahora abogado, Carlos Alberto Telleldín. Las primeras pruebas de estos hechos llevan al 4 de julio de 1996, cuando el reducidor de autos se comunicó con Ana Boragni, su esposa entonces, para ponerla al tanto de los detalles sobre el cobro acordado en el despacho de Galeano para cambiar su declaración.

En ese momento, Telleldín estaba detenido con prisión preventiva por ser el último tenedor y quien, días antes del atentado, puso a la venta la camioneta Renault Trafic que los investigadores habrían hallado entre los escombros de la mutual, como plataforma de la explosión. Los diálogos entre Telleldín, su abogado Víctor Stinfale, y Boragni figuran en el expediente:

―(…) Mira que el banco tiene que ser el Galicia, porque tiene sucursal en Uruguay ―, le apuntó Telleldín y Boragni respondió con cautela.

― Ah...¿ya hiciste eso? ―, le preguntó la mujer.

―Sí, le dije Citibank o Galicia , así vos directamente, te saca...o sea ya te expliqué el monto son veinte mil para Víctor (Stinfale), cuarenta mil para vos y... ―, empezaba a decir Telleldín cuando Ana Boragni lo interrumpió.

―¡Está! ¡No hables tanto! ―, le dijo Boragni, visiblemente afectada.

Ese mismo día, Telleldín estuvo en el despacho de Galeano. Al otro día, el 5 de julio de 1996, Telleldín amplió, por séptima vez, su declaración indagatoria. “Solicitó que sus dichos no fueran utilizados para incriminarlo en otras causas penales, como así también la eximición de pena en virtud de la figura del arrepentido”. Estaba siendo filmado por cámaras ocultas en el despacho de Galeano. Dijo entonces que había sido “víctima de extorsiones” por un grupo de policías Bonaerenses para que les vendiera la camioneta “a una persona que los acompañaba”.

Según señaló Lijo en la elevación a juicio, la versión habría sido acordada con el juez y los fiscales, Eamon Gabriel Mullen y José Carlos Barbaccia, a cambio de los cuatrocientos mil dólares, provenientes de los fondos reservados que manejaba la SIDE. La declaración del 5 de julio de 1996 le valió el procesamiento que ahora lo ubica a las puertas de un juicio oral por peculado junto al ex juez Galeano, señalado además por “falsedad ideológica de documento público”, “privación abusiva de la libertad” y prevaricato.

MB/PW