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El libro “Clarín y la Ley de Medios. Claves para comprender cómo resolverá el caso la Corte Suprema de la Nación” se consigue desde hace dos semanas en las librerías de la ciudad y es un objeto extraño. Por varias razones.

La fecha: “Primera edición: noviembre de 2013”, anuncia la página seis. El título del libro habla en futuro de un fallo de la Corte que había ocurrido días antes de su impresión. Un tropiezo de la industria editorial.

El autor: Fabián Rodríguez Simón. “Abogado especializado en litigios de alta complejidad”, explica la solapa. Efectivamente, Rodríguez Simón tiene experiencia. Es asesor del Grupo Clarín y fue parte de su equipo jurídico en el litigio por la inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual  y autor de algunas de las medidas cautelares que frenaron la aplicación de la ley durante los seis meses siguientes a su sanción.

En otros conflictos complejos,  Rodríguez Simón también tiene un amplio currículum. En 2012 fue parte del equipo jurídico con el que Mauricio Macri intentó evitar, también con una medida cautelar, el traspaso del subte de la órbita nacional a la del Gobierno de la ciudad.

En 2008, fue administrador de la UCEP –la Unidad de Control del Espacio Público-, el área del gobierno porteño que se dedicaba a “mantener el espacio público libre de usurpadores” según decía el decreto que la creó. La UCEP patrullaba la ciudad entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana: golpeaba con ferocidad a personas que dormían en la calle, se llevaban sus mantas, utensilios y documentos de identidad. La causa judicial que investiga el accionar de la UCEP tiene treinta imputados, entre ellos Macri, y registra 17 casos de lesiones y amenazas contra personas en situación de calle y un abuso sexual agravado contra una mujer embarazada.

La existencia de los delitos fue confirmada por la justicia en primera y segunda instancia. El epígrafe del libro ahora publicado por Rodríguez Simón dice: “Si la libertad significa algo es, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír”. La frase le pertenece a George Orwell.

Las páginas: "Clarín y la Ley de Medios" tiene 591 páginas agrupadas en ocho capítulos y un apéndice. De esas páginas, 487 son documentos judiciales: el alegato de Clarín, el dictamen de la Procuradora General de la Nación, los amicus curiae presentados ante la Corte, una sentencia de la Corte Interamericana en la causa Radio Caracas Televisión (RCTV). Todos estos textos se encuentran fácilmente en internet. Rodríguez Simón escribió 104 páginas.

La valoración: El autor considera que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “no tuvo bases científicas” y señala el “tufillo a obsoleta que la impregna”. Sostiene también que la norma no fue discutida ni analizada y que fue una imposición del gobierno sobre los legisladores y la sociedad en su conjunto. Esta valoración es doblemente extraña.

En primer lugar, porque la LSCA fue una de las leyes más discutidas en la historia argentina, tanto en su elaboración como en su reglamentación. Cualquiera que la lea se puede dar cuenta en la cantidad de notas al pie que reseñan aportes y sugerencias que fueron incorporados. Cualquier lector advierte también que la LSCA está comentada, con un amplio abanico de referencias de derecho internacional comparado.

En segundo lugar, porque Rodríguez Simón fue el hombre detrás del decreto de necesidad y urgencia para “proteger la libertad de expresión” que firmó Macri en mayo de este año. Ese DNU contradecía tratados internacionales en materia de libertad de expresión y la Constitución Nacional con el solo fin de evitar la aplicación de la LSCA en la ciudad. Y no fue discutido con nadie.

El pronóstico: “En general parece haber consenso -incluso entre ambas partes- en que la prueba producida en la causa benefició ampliamente la posición de Clarín y perjudicó la del Gobierno”.

Rodríguez Simón afirma que las pericias económicas y contables demostraban que la aplicación de la LSCA destruiría la sustentabilidad del Grupo Clarín y así afectaría la libertad de expresión de Clarín y de “toda la República”. El fallo de la Corte Suprema dijo exactamente lo contrario: la amenaza de la sustentabilidad “es una afirmación dogmática que no ha sido debidamente fundada” y Clarín “no aportó elemento probatorio alguno ni ha acreditado que exista una restricción concreta a dicha libertad (la de expresión) que permita invalidar una norma”, escribieron los jueces.

Rodríguez Simón también afirma en su libro que el Estado “jamás pudo demostrar la supuesta racionalidad de la norma y de sus absurdas limitaciones”. Algunos días antes de que el libro saliera a la calle, la Corte afirmó que la LSCA “promueve la libertad de expresión en su faz colectiva estableciendo límites iguales a todos los titulares de licencias”

Pero más extraño aun es que Rodríguez Simón tampoco haya acertado en el pronóstico de las decisiones que el mismo Grupo Clarín iba a tomar después de que la Corte declarara la constitucionalidad de la LSCA.

Dice el autor recordando el momento en el que Macri firmó el llamado “DNU de libertad de expresión”: “En el ambiente quedó la sensación de que el amplio apoyo social y político al DNU macrista fue lo que frustró el desembarco estatal en las oficinas de Clarín”. Y arriesga: “Podría incluso darse el caso de que, si la Corte Suprema declarara la constitucionalidad de los artículos impugnados en el juicio que aquí nos ocupa, la justicia de la ciudad de Buenos Aires dispusiera que estos, aunque constitucionales per se, no resulten aplicables a Clarín si su propósito es usarlos como una “presión indirecta” contra sus libertades de imprenta, prensa o expresión”.

Y ratifica más adelante: “Con este escenario, de dimensiones judiciales paralelas, para aplicar la ley de medios contra Clarín el gobierno no solo debería revertir una sólida sentencia de Cámara, sino también- eventualmente- imponerse en la jurisdicción porteña y en la internacional. Un poco cuesta arriba, sobre todo en un ‘final de ciclo’”.

Seis días después del fallo de la Corte Suprema, el Grupo Clarín presentó en la mesa de entradas de la AFSCA su plan de adecuación voluntaria a los límites a la concentración de la propiedad que establece la ley.

La actualización: “Será uno de los fallos judiciales más importantes y trascendentes de la historia argentina. Determinará el destino de las libertades de imprenta, prensa y expresión, así como el derecho al libre acceso a la información de nuestra sociedad.”, dice Rodríguez Simón en su libro.

También aclara varias veces a lo largo del texto que toda la causa judicial del caso Clarín contra la LSCA se puede consultar en una página web gestionada por él mismo: www.todoeljuiciodeclarin.com. Un mes después del fallo y dos semanas después de publicado el libro, la web todavía no dice nada sobre uno “de los fallos judiciales más importantes y trascendentes de la historia argentina”.