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Julio Luis Alberto Sacher, el médico policial cuyo nombre figura en la falsa partida de nacimiento del nieto restituido 114, ya no puede abandonar el país. La medida la tomó anoche la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, después de que se lo pidiera Abuelas de Plaza de Mayo ayer a la mañana. La querella que encabeza Alan Iud, uno de los abogados del organismo, lo había solicitado con premura después de que el nombre de Sacher trascendiera en los medios de comunicación el último domingo.

Antes de que llegara el escrito de Abuelas, el ginecólogo olavarriense que cumplió funciones desde 1966 hasta 1997 en la policía bonaerense se había presentado en el expediente a través de un abogado particular. En la práctica, confían fuentes judiciales, ese paso implica ponerse a disposición de la justicia. Sacher y todas las personas que figuran en la partida de nacimiento, están formalmente imputadas y deberían ser llamados a declaración indagatoria, dicen desde el juzgado.

Pero cualquier medida de ese tenor deberá esperar al menos una semana, el plazo procesal en el que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y la Fiscalía de Carlos Stornelli deberán pedir las medidas que crean importantes, y entonces Servini definirá el rumbo a tomar. Por ahora, aseguran desde su despacho, no les llegó ningún pedido formal para que la tramitación del expediente se mude a La Plata, donde su par Manuel Blanco, investiga el cautiverio y asesinato de Laura Carlotto, la madre de Ignacio Guido. Consideran que ya teniendo Sacher prohibida la salida del país, y con la buena colaboración que debería tener el matrimonio Hurban, no hay tanto apuro para escuchar su relato de aquella época.

Bajo el agua

La otra nota amarga de la pesquisa fue la contestación del Registro Civil de Olavarría de que el certificado médico con el que se habría inscripto al bebé robado con el nombre de Ignacio Hurban se lo llevó la inundación que sufrió en 1980 Olavarría y Azul. En la partida –publicada el lunes por esta agencia- figura el nombre de Sacher “constatando” el nacimiento el 28 de junio de 1978 en la casa del presunto entregador del bebé, Carlos Francisco “Pancho” Aguilar, pero no consta su firma que generalmente se expide en el lugar del parto. Las fuentes del juzgado afirmaron que se pidió la partida “el primer día que se conoció la aparición” del joven, y como no tuvieron respuesta, se giró un oficio al juzgado federal de Azul que subroga Martín Bava, para que enviaran una comisión a la dependencia para diligenciar personalmente la documentación. Así se enteraron de que el certificado médico no existía.

En todos los casos anteriores de nietos restituidos –once en el último tiempo-, cuando ese papel se remitía, muchos de los médicos terminaron siendo condenados. Ahora es distinto: por eso el juzgado envió un nuevo oficio a la dependencia pública de la ciudad donde Ignacio Guido se crió para que informen si luego de la catástrofe natural que ahogó los datos de muchísimas personas se hizo un denuncia penal o, cuanto menos, administrativa. Y en ese caso, se pedirá copia de las actuaciones.

Si el certificado existió, en principio, dicen las fuentes judiciales de la causa, en principio Juan Francisco Forte –el hombre que estaba a cargo del Registro Civil entonces- no tendría responsabilidad. De todas maneras, un obituario del diario El Popular de Olavarría consigna que el hombre murió en 2008.