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Las airadas reacciones que causó la aparición en un programa de televisión de Gastón Aguirre, identificado mediáticamente como el “motochorro de La Boca”, pone al descubierto un doble estándar de gran parte de la sociedad argentina frente al delito. ¿Por qué Aguirre, acusado por un delito repudiable, fue “impunemente” a la TV? Respuesta formal: porque está excarcelado, en consecuencia libre, y puede ir a donde quiera siempre que cumpla con las normas de conducta que le impuso el juzgado al resolver su situación. El fallo es discutible e inoportuno. La propia jueza reconoció entre sus colaboradores que si hubiera visto el video del asalto al turista canadiense antes, probablemente no hubiera concedido la excarcelación.

Aguirre fue filmado por un turista canadiense mientras intentaba robarle. El violento intento de robo quedó registrado en video. "Dame la mochila", le decía Aguirre al turista mientras lo amenazaba con un revólver calibre 22. El robo no se concretó. Ayer estuvo en el programa de Mauro Viale, en el canal de noticias A24. Reconoció que el arma estaba cargada. "Está la posibilidad (de matar), pero uno no sale con esa intención", dijo. Y agregó: "No estoy orgulloso de lo que hice. Estoy pagando el error que cometí".

Lo curioso del caso es que mientras se cuestiona la presencia de Aguirre en la TV, ni una sola voz se ha alzado para repudiar, por ejemplo, la aparición del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en medios de comunicación. Aguirre, no hay dudas, le ha hecho un gran daño a la sociedad. ¿Cavallo no?

El “motochorro de La Boca” no es impune. Está procesado por un delito que lo puede llevar a prisión en el futuro. Pero está “procesado”, al igual que –en diversos expedientes- Carlos Menem, Mauricio Macri y Amado Boudou. Sobre todos ellos pesa todavía el “principio de inocencia”, porque ninguno ha sido condenado con fuerza de cosa juzgada.

“¿Pero cómo puede estar libre?”, se alzan voces de reclamo. En el derecho penal argentino, la libertad es la regla y la detención, la excepción. Un plenario de la Cámara Federal de Casación estableció que si no hay “peligro de fuga” o de “entorpecimiento de la investigación”, el imputado puede esperar el juicio oral en libertad. Si una ley estableciera que todos los procesados debieran estar detenidos, Aguirre iría inmediatamente a prisión, no así jueces, legisladores, ministros y funcionarios, porque están protegidos por fueros que le garantizan “inmunidad de arresto”.

Aguirre debe presentarse una vez por semana ante la Justicia, para corroborar que “está a derecho”. Y, excarcelado como está, mientras no cometa un nuevo delito o viole las reglas de la libertad, no hay ninguna razón para que sea detenido nuevamente.  En todo caso, si alguien debiera intervenir para detenerlo, debería ser el juez y no un fiscal. Los fiscales proponen medidas, pero quienes las ordenan son los jueces. Así funciona en la Justicia Federal y en la Nacional.

“Pero Aguirre confesó que tenía un arma y que estaba cargada!”, se suman los reclamos. A partir de sus expresiones en el programa televisivo, la jueza podría llamarlo a ampliar declaración indagatoria para preguntarle sobre el arma, que –dicho sea de paso- nunca fue hallada. Las expresiones del imputado no pueden ser tomadas como una “confesión”, a menos que se haya instituido el “fuero periodístico” y se lo haya asimilado al “fuero penal”. Si ello ocurrió, ha pasado inadvertido.

Podría ocurrir que Aguirre se presentara hoy mismo ante la Justicia y dijera: “Lo que expresé en televisión fue mentira. El arma era de juguete”. Esa sería la única declaración válida en el expediente.