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La jueza porteña Elena Liberatori convocó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a una reunión para hoy al mediodía en el marco de la causa por el saneamiento del Elefante Blanco, la histórica mole emplazada en Ciudad Oculta y en la que habitan más de 300 personas. La jueza dispuso una medida cautelar en diciembre pasado para que comenzaran las tareas de remoción de basura, y para que se realizaran las obras necesarias para garantizar niveles mínimos de sanidad y seguridad, pero en nueve meses no cambió nada en el edificio de Villa Lugano.

El defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, recibió la semana pasada a Gustavo Serra, un joven que representa a los vecinos en la causa judicial. El expediente se abrió en noviembre del año pasado, cuando decenas de familias presentaron una acción de amparo patrocinados por la Defensoría. La causa tramita en el fuero contencioso administrativo, y en su carátula lleva el nombre de Gustavo. Él lleva veinte años en el edificio, casi toda su vida. Tiene dos hijos y trabaja doce horas por día en una gomería.

En aquella reunión también estuvo presente Andrea, otra vecina que acudió con su beba, el defensor oficial a cargo de la causa, Ramiro Dos Santos Freire, y Julieta Parellada, otra funcionaria del Ministerio Público de la Defensa, quizá la que mejor conoce la situación de las cien familias del Elefante Blanco. Ella fue la encargada de coordinar un relevamiento realizado en junio del año pasado, que hoy es el único informe con datos fehacientes sobre la situación sociodemográfica y habitacional en el ex Centro de Salud Mataderos.

Tras alrededor de cuatro décadas de ocupación del edificio, el GCBA jamás realizó un censo de los vecinos del edificio, ni planteó un plan de trabajo para resolver la falta de vivienda de las cada vez más familias que viven en tres de las casi veinte plantas del edificio, contando sus tres subsuelos. En las plantas bajo el nivel del suelo se acumulan los residuos arrojados por las familias, que nunca tuvieron disponible un sistema de recolección de los desperdicios. Dos de esos tres pisos están cubiertos de aguas servidas, pluviales y barro. El primer subsuelo está repleto casi exclusivamente de residuos sólidos, pero no está exento de humedad. Allí vive una familia con siete chicos.

Más de la mitad de la población del edificio es menor de edad, y 129 de las 312 personas relevadas llevan más de una década viviendo allí. Las condiciones no sólo son muy precarias por el hacinamiento y el deterioro del edificio. Lo que iba a ser el hospital más grande de Latinoamérica nunca terminó de construirse, porque el golpe de Estado de 1955 puso fin al plan promovido por el gobierno de Juan Domingo Perón. Hoy, la mole incompleta, que está llena de aberturas y huecos peligrosos, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, que encabeza Carolina Stanley.

Las condiciones de vida de las familias en el Elefante Blanco distan mucho de ser dignas. Se realizó una limpieza de la basura en 2006, pero fue a pulmón de los propios vecinos, que sin medidas de seguridad adecuadas retiraron la basura acumulada y las aguas servidas en carretillas y con barbijos improvisados. Realizaron arreglos precarios para contar con desagües cloacales, pero las conexiones cedieron al poco tiempo: no resistían los baldazos que utilizan para desagotar. Con los años, al no contar con volquetes, contenedores ni cañerías, todos los desperdicios volvieron a acumularse en los subsuelos.

El informe, al que accedió Infojus Noticias, indica que de las 77 visitas que recibió el Centro de Salud más cercano (el CeSAC Nro 5), la mitad son por dificultades respiratorias, y casi el 20 por ciento por problemas digestivos. Gustavo Serra relató que "los chicos que se criaron y viven ahí pisan agua cuando se levantan y pisan agua hasta que se acuestan". Explicó la desesperación de los vecinos, que sólo recibieron una módica atención del Gobierno porteño a partir de la presentación del amparo judicial: desde Desarrollo Social les ofrecieron hasta 80 mil pesos para irse a algunos grupos familiares, pero acumulando subsidios a nombre de parientes y mediante otras formas irregulares.

La gestión de Mauricio Macri nunca presentó una propuesta pública ni formal, buscó separar y aislar a las familas y conversar en forma separada con cada uno, evitando que cualquier acuerdo conste en papeles firmados. Algunas pocas familias se fueron, pero la mayoría desconfía de las intenciones oficiales y sostiene el trámite judicial que impulsa la Defensoría en su nombre. "No estamos pidiendo una obra faraónica, es una solicitud módica", explicó Corti. Dos Santos agregó que lo consensuado entre los vecinos es apuntar a algo realizable en el corto plazo y que no requiera mayores esfuerzos que la voluntad política del Gobierno porteño.

La limpieza del lugar, los cerramientos adecuados para evitar que los chicos caigan al vacío desde los pisos superiores -ya sucedió varias veces- ya mejoraría en forma sustancial las condiciones de vida. La audiencia fue convocada por una resolución de Liberatori a mediados de agosto. Busca reevaluar la situación y resolver una medida que empuje al GCBA a cumplir con sus obligaciones. Cuando desde el macrismo conocieron la citación, enviaron una máquina a remover residuos de los subsuelos. La jueza realizó una inspección ocular en abril y constató que no se había avanzado más que en pequeños arreglos "cosméticos", como los llamó Dos Santos.

Cuando en junio se limpió el tanque de agua, sacaron gatos, palomas y ratas muertas que contaminaban el agua que beben todos los días. Los caños estan pinchados y sepultados por toneladas de basura, por lo que se filtran y son consumidas incluso las aguas servidas. El tendido eléctrico es muy precario y también pone en riesgo a las personas, pero la principal fuente de enfermedades es la acumulación de basura. Parellada resumió: "Son setenta familias viviendo arriba de un basural a cielo abierto. Cualquiera habría hecho algo antes is no fuese porque están ocultos por más de quince pisos de hormigón armado".