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El Senado volvió a tratar el proyecto de ley que propone una indemnización económica a los familiares del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita de la Argentina (AMIA) en 1994. En un plenario que juntó a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, con la presencia del subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luciano Hazan, se logró aprobar el dictamen y será debatido prontamente en el recinto. “Es una gran noticia para los familiares, que buscan justicia y que además saben que contarán con la reparación histórica del Estado. Este proyecto hace años que fue paralizado y esperamos que la semana que viene empiece a ser discutido en el Senado”, confió a Infojus Noticias el  senador del FpV Juan Manuel Abal Medina, quien fue  designado hoy por unanimidad como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

El proyecto de Ley fue impulsado por el Poder Ejecutivo y está destinado a otorgar una indemnización reparatoria a las víctimas del atentado. En una breve reunión, las comisiones no tardaron en ponerse de acuerdo. Sin embargo, algunos senadores aguardarán que el gobierno nacional envíe antecedentes de medidas similares impulsadas por el Ejecutivo vinculadas con reparaciones indemnizatorias para las víctimas del terrorismo de Estado y del atentado contra la Embajada de Israel. En ese sentido, remarcaron que buscarán precisar la actualidad de los montos económicos y “fijar un justo valor tanto para los herederos como de las víctimas de lesiones del ataque”, según dijo el legislador Ángel Rozas, quien aclaró que la indemnización incluirá a los “herederos” o “derechohabitantes” de las 85 fallecidas, y también para quienes resultados heridos tras el atentado.

La Cámara alta había aprobado un proyecto similar en 2011, pero Diputados nunca trató la iniciativa, por lo que la sanción del Senado fue desechada a fines del año parlamentario 2013. La primera iniciativa fue presentada en 2007 por el Frente para la Victoria, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó que el Estado argentino era corresponsable de la voladura del edificio que, en julio de 1994, dejó como saldo 85 muertos y más de 150 heridos.

Entre otros aspectos, el proyecto establece el derecho a percibir “por única vez” un “beneficio extraordinario” a “través de sus herederos o derechohabientes o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas” por el atentado contra la AMIA “hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional”. La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo hecho por el proyecto en base a lo que cobran los agentes Nivel A, Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, al menos durante 2014, multiplicado por el coeficiente 100.

Además, quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70 por ciento de ese monto y los heridos graves, un 60 por ciento de la cifra mencionada. El costo fiscal para el gobierno sería de alrededor de 350 millones de pesos que se pagarían mediante bonos.

Una opción que inhabilita la vía judicial

A su vez, en el plenario se acordó una cuestión importante: quienes opten por la vía administrativa deben renunciar a la vía judicial, la hayan iniciado o no. Al respecto, Luciano Hazan aclaró que el fallo de la Corte Suprema conocido hoy avala el proyecto de ley y que “viene a plantear la decisión de una vía de reparación expedita”. Reconoció, además, que la justicia “había sido lenta a la hora de decidir sobre la indemnización a las víctimas”. Y aunque aclaró que "es imposible una reparación completa cuando se perdieron vidas humanas" , dijo que el dictamen tiene una dimensión histórica, porque “reconoce el compromiso explícito del Poder Ejecutivo con las víctimas al reconocer la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del deber de prevención, por un lado,  y por el encubrimiento del atentado ante la falta de investigación, por el otro”.

A la hora de especificar sobre quién se hará cargo de las costas en el caso que haya víctimas del atentado que eliminen el litigio contra el Estado, Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, acordó averiguar para el debate en el recinto sobre cómo resolvió el Estado el pago en leyes indemnizatorias previas. Antes de terminar, Guastavino leyó el proyecto del ley y recordó que la norma establece que “quienes hayan accedido al beneficio deberán desistir de cualquier acción legal y renunciar a entablar futuras acciones judiciales sobre el mismo hecho contra el Estado argentino” y que la indeminzación “estará exenta de gravámenes, así como de tasas judiciales o administrativas” como así también “si alguno de los familiares, por sentencia judicial, hubiera recibido un resarcimiento inferior tendrá derecho a reclamar la diferencia”.

Antecedentes del proyecto

La iniciativa recuperó un proyecto aprobado en la Cámara alta hace más de tres años, que al no ser tratado en Diputados terminó por perder estado parlamentario.

En 2007, el Frente para la Victoria presentó el primer proyecto destinado a resarcir a las víctimas del ataque que dejó 85 muertos y cientos de personas heridas. Esa presentación se realizó luego de que el Estado argentino, por reclamo de los familiares y durante la presidencia de Néstor Kirchner, reconociera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado”.

Esa propuesta no llegó a convertirse en ley por falta de tratamiento. Y cuatro años después fue reiterada por otros bloques, obteniendo la media sanción en la Cámara de Senadores. Aunque la falta de tratamiento en Diputados hizo que nuevamente perdiera estado parlamentario.

De acuerdo al nuevo texto que recibió dictamen hoy en comisiones del Senado, la reparación será distribuida entre los herederos de las víctimas de acuerdo al orden establecido en el Código Civil.

MB/AF/JMM/LC