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El Senado de la Nación aprobó esta medianoche el acuerdo al que arribaron el gobierno argentino y la petrolera española Repsol, por la expropiación y el pago del 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La iniciativa fue sancionada con 42 votos positivos, 18 en contra y ocho abstenciones tras un debate de más de once horas del que participaron cuarenta oradores.

El acuerdo obtuvo el respaldo de los senadores del Frente para la Victoria, de sus aliados, de los dos representantes del Movimiento Popular Neuquino y del senador por el peronismo pampeano, Carlos Verna. En tanto, el radicalismo y el interbloque FAP-UNEN resolvieron rechazar la iniciativa; mientras que el peronismo federal y el PRO se abstuvieron.

Ahora, el proyecto deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados antes del 1 de mayo, de acuerdo con el convenio al que arribaron argentinos y españoles. El entendimiento entre el gobierno argentino y el Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre pasado, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México. El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos "por la expropiación" del 51% del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, argumentó que "la oposición nos propone que paguemos 3500 millones de dólares, lo que significaría una reapertura del litigio y la necesidad de poner ese dinero en efectivo". "No había ninguna posibilidad de sentarse con los españoles cuando hicimos la expropiación", expresó el legislador rionegrino y sostuvo que "se cerró un acuerdo razonable".

Pichetto agregó que "hay que asumir cada etapa histórica y asumir lo que nos tocó, porque acá ningún partido político puede tirar la primera piedra". "La expropiación era el único camino que había para intentar frenar transferencia de acciones de Repsol y que la empresa terminara vaya saber a dónde. Se percibía en los últimos años que se llevaban utilidades y no invertían un peso", detalló.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, aclaró que "no habrá conflictos a futuro" por la expropiación de YPF y destacó que "los pasivos ambientales son atendidos" por la petrolera argentina. "Somos conscientes de lo que hacemos. Agradecemos todos los buenos consejos que nos dan", ironizó Fernández sobre las críticas expresadas por la mayoría de la oposición.

El radical Gerardo Morales recordó que su partido acompañó la decisión de expropiar la empresa en 2012, pero llamó la atención para "determinar el valor del precio de una empresa vaciada" que "no es de cinco mil millones de dólares".

"No podemos acompañar porque estamos cuestionando la determinación de precio a través del Tribunal de Tasaciones que hizo la tasación a mano alzada. El precio ya se había acordado en noviembre del año pasado en España y llegó a la Argentina en febrero", aseguró el senador jujeño y anticipó que denunciará penalmente a la entidad por "sobrevaloración" de las acciones de expropiadas a Repsol.

El socialista Rubén Giustiniani recordó que en junio de 2013 el gobierno argentino ofreció un pago de 1300 millones de dólares y la participación de Repsol en Vaca Muerta que fue rechazada por la petrolera Repsol y se preguntó "cómo se pasó de ese ofrecimiento a la actual valuación fijada en cinco mil millones de dólares".

El peronista federal, Adolfo Rodríguez Saá, uno de los que se abstuvo, dijo que los funcionarios del gobierno "se cansaron de hablar mal de Repsol" y que "llegaron a decir que tenían que pagar los daños ambientales que eran superiores al costo de la empresa" por lo que "todo olía a una confiscación".

"Pero al final, hicimos lo que debíamos hacer que es fijar un precio. No discuto el precio, lo que debemos preocuparnos es por el pago de un cupón de 3400 millones de dólares por falta de idoneidad en el manejo de la economía", acusó el senador puntano.

El justicialista pampeano, Carlos Verna, elogió al gobierno nacional porque "le dieron la administración de YPF a un equipo de gente que sabe de qué se trata y recuperará el autoabastecimiento energético que perdimos" e insistió en que la firma "hay que pagarla, aunque el valor es discutible, pero es el que se convino".

El representante del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, juzgó que "todo el proceso de confiscación y ahora de expropiación fue dudoso y apresurado" y recordó que durante la expropiación se debía "comenzar por una valoración previa y su debida compensación económica".