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La Cámara alta inició a las 15 la sesión en la que buscará aprobar el proyecto de ley que declara de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información y las comunicaciones y garantiza la neutralidad de las redes. El proyecto “Argentina Digital” está siendo debatido, tras haber sido postergado en dos oportunidades. El texto original sufrió varias modificaciones desde que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. El proyecto supone un cambio de paradigma en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y propone “comunicaciones para el desarrollo”. Los servicios de telefonía fija, internet y televisión serán accesibles para todos y en todo el país, una vez que el uso de las TIC sea declarado servicio público esencial y estratégico.

El dictamen final del proyecto pretende "declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados", garantizando la "completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso" de todos los argentinos "a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas".

La iniciativa reemplaza un decreto ley de 1972, firmado durante la dictadura del general Alejandro Lanusse, y tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma pyme o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país aunque no tenga infraestructura propia.

El proyecto engloba la prestación de los servicios de telecomunicaciones, Internet y televisión por cable, excluyendo explícitamente cualquier regulación de los contenidos. En su disertación en el Senado durante el debate público, el secretario de Comunicaciones Norberto Berner aseguró que la Ley Argentina Digital busca mejorar la “competitividad” en el mercado de telecomunicaciones, hoy dominado por pocas empresas, para inducir mejoras en los “precios” y la “calidad” de los servicios.

Berner señaló entonces que existen 1.350 licencias de telecomunicaciones en el país y que sólo “cuatro o cinco empresas llevan el servicio a nuestras casas”. Según dijo, el resto “no tiene acceso a las redes, tiene que construir una red a un precio exorbitante” lo que “no hace más que engrosar el costo final al usuario”.

En este sentido, el funcionario sostuvo que “el objetivo primordial” del proyecto “es que estos 1.350 licenciatarios puedan acceder en mejores condiciones a precio y calidad”. Y explicó: “Un reclamo que tenemos es que los precios por conectarse a las redes de las (empresas) más grandes son exorbitantes. Es algo que vienen reclamando las pymes y cooperativas”.

Los cambios introducidos

Entre las modificaciones introducidas al texto, la más importante es una enmienda que ratifica a la telefonía fija como “servicio público”, lo que implica que sus tarifas estén reguladas. La primera versión del proyecto la declaraba como de “interés público”, lo que según las cooperativas era una forma de desregular el mercado.

Otro de los cambios trascendentes establece que las telefónicas no podrán prestar servicios de televisión satelital y que su incorporación al mercado de servicios de comunicación audiovisual será gradual, de acuerdo a la reglamentación que establezca la Casa Rosada.

Otro de los puntos claves que se incorporaron al proyecto original fue la cuestión de la accesibilidad y se agregó un capítulo entero referido a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones y a los derechos de los usuarios, como el acceso a las TICs en condiciones de “igualdad, regularidad y continuidad”. De esta manera, “se postulan las mismas exigencias de un servicio público para todas las TICs”

Sobre el concepto de neutralidad de la red, el oficialismo decidió reemplazar el texto del proyecto oficial por otro consensuado entre todos los bloques. También se estableció que la autoridad de aplicación de la ley deberá garantizar la “competencia y desarrollo de mercados regionales, evitando asimetrías con las grandes empresas”. Esa entidad también “deberá establecer programas de regularización de las licencias de las pequeñas cableoperadoras del interior, garantizando su continuidad”. El proyecto delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.

La norma también introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de transmisión que deberá fijar la autoridad de aplicación.

El proyecto de ley también buscará proteger a las cooperativas ante el ingreso de las grandes empresas en las redes del interior. En la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión se trataron diversas cuestiones sobre las Pymes.

El documento plantea que “debe ponerse un límite, con discriminación negativa a las licenciatarias para la prestación de servicios audiovisuales directos al hogar (tipo DirecTV), con respecto de otros servicios TICs”. Ariel Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa de Argentina, rescató “que los cooperativistas podamos decir que en nuestro país tenemos una red de parlamentarios cooperativistas, lo que es realmente un ícono y marca una punta en el resto del continente. Nuestro esfuerzo es que la comunicación sea un verdadero derecho para todos argentinos”.