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El juez Jorge De Santo, titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº46, será el encargado de investigar la denuncia penal contra Mauricio Macri, por la emisión de deuda en la Ciudad por $4300 millones durante 2012 y 2013 a un costo anual del 60%, entre intereses, gastos y comisiones.

El jefe de gobierno porteño fue denunciado por Martín Hourest, titular del GEN porteño y asesor en la Auditoría General de la Nación, por los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia también alcanzó, por los mismos delitos, al jefe de Gabinete macrista, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de Hacienda, Néstor Grindetti.

Según consta en la denuncia, la Ciudad perdió $ 1500 millones de pesos por año por haberse endeudado bajo una modalidad que ata el bono a la cotización del dólar, en lugar de usar otros instrumentos financieros en moneda local.
Hourest también pidió que se investigue a los compradores, ya que presume que pudo existir "tráfico de información" a favor de quienes fueron acreedores y obtuvieron ganancias de más del 50% en sólo 18 meses.

Mientras que gobierno macrista se endeudó, los acreedores no sólo ganaron el 12% anual de interés ofrecido, sino que por las series 1 y 2, y por obtener 476 millones, la Ciudad pagó 800 millones de pesos; y por 417 millones que entraron a sus arcas terminó desembolsando 698 millones en moneda local. Algo similar ocurrió con el resto de las emisiones que alcanzaron en los últimos meses hasta la serie 6. Esta última serie salió el 28 de enero. Hacienda estableció la cotización con fecha 22 de ese mes para colocar US$ 146 millones, a un tipo de cambio de $ 7,14. Sin esperar la estabilización del mercado que a la fecha de emisión –con el dólar a $ 8– le hubiera permitido hacerse de $ 1168 millones por la misma operación. Perdió en una sola transacción $ 120 millones por tomar un tipo de cambio inferior al salir a tomar deuda.

Además, todas las emisiones fueron hechas "por debajo del valor de mercado", ya que a los pocos días de salir a la rueda, su valor era superior al nominal. Hourest pidió al juez que investigue quienes tomaron esa deuda ante la sospecha de que existió “tráfico de información”.

La intención de Hourest es que el Poder Judicial determine si existe además un circuito por el cual se beneficiaba a grupos privados que luego terminan financiando la política a partir de operaciones aparentemente legales, y muy rentables como la compra de deuda pública bajo la modalidad "dólar link".

Esta no es la primera denuncia que recibe el gobierno el gobierno macrista por el caso. En 2011 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció a funcionarios del gobierno porteño por la contratación de la consultora del empresario Edgardo Srodek, que aportó dinero a la campaña de Macri en 2007 y es hermano del dirigente ruralista del PRO en la provincia de Buenos Aires. Sroedk cobró casi $ 10 millones en comisiones.

A esta denuncia, el bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña sumó la semana pasada la creación de una Comisión Especial de Análisis de la Legalidad y Revisión del Endeudamiento Público de la Ciudad.

Por iniciativa de la titular del bloque kirchnerista, Gabriela Alegre, y de su vice Gabriel Fuks, se investigará por qué, desde 2007, el PRO incrementó la deuda porteña en más de un 500%, mientras a nivel nacional se produjo el proceso inverso.