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En los tribunales de Quilmes comienza hoy el juicio oral contra Reina Maraz, la joven acusada por el crimen de su marido que pasó el primer año de encierro sin comprender por qué estaba detenida: ella es quechua-parlante y no habla lengua castellana. El debate se realizará hoy y mañana frente al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 de Quilmes, que deberá resolver la responsabilidad de la joven, que ahora tiene 26 años y una hija de dos.

Lo primero que dijo Reina Maraz cuando tuvo una interprete enfrente fue “no entiendo nada”. Había pasado un año encerrada con su beba sin comprender por qué estaba presa. Criada en Avichuca, una comunidad ki-chwua de Bolivia, cuando, en noviembre de 2010,  la detuvieron por el asesinato de su marido Limber Santos no pudo comunicarse con los operadores judiciales. El poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no tiene intérpretes en lenguas originarias que puedan garantizar un pleno acceso a la Justicia a los migrantes y originarios como en el caso de esta mujeres.

Un mes después el área de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) visitó la unidad del penal de Los Horno donde estaba detenida Reina y se encontró con que la mujer desconocía las razones de su encierro.
La voz de Reina no aparece en el expediente judicial. Gran parte de las pruebas de la causa se basan en el testimonio de familiares, vecinos y, en la balanza, el peso se lo lleva la versión policial. Hoy ella podrá contar su versión de los hechos acompañada por su intérprete, Frida Rojas.

Según lo que pudieron reconstruir los miembros de la CPM que la acompañan, en 2009, su marido, Limber Santos, le propuso venir a Argentina con sus dos “guaguas”, que en ese momento tenían dos y cuatro años. Reina no quería. Vinieron igual y se instalaron en la casa de la hermana de Limber, en Villa Soldati. La cuñada de Reina retenía toda la documentación de la familia.

Cada vez que Limber tomaba alcohol, le pegaba. Reina no manejaba dinero. Aunque quería mandar a sus hijos a la escuela, el marido no la dejaba. Un día Limber la golpeó durante ocho horas seguidas. Los familiares tuvieron que encerrarla en un cuarto para ponerle pausa a la violencia. Reina escapó con sus hijos a la localidad de Moreno. Al poco tiempo, volvió y se mudaron a Florencio Varela. El hombre trabajaba apilando ladrillos y ella lo ayudaba. El maltrato no frenó.

Según el expediente judicial el hombre apareció asesinado a puñaladas y enterrado en las cercanías de la casa que compartían. Reina no habla del crimen. Hay una elipsis entre la vida en el conurbano bonaerense y su detención en una comisaría de Quilmes.

La causa fue caratulada como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”. Para la Justicia, Reina mató al marido en complicidad con otro vecino, “Tito” Vilca Ortiz. El hombre estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela, pero falleció por cirrosis meses atrás. Reina solo dice que el marido la entregaba a este vecino como moneda de cambio cuando tenía deudas.

En enero de este año la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, luego de tres años y dos meses, le dio la posibilidad de aguardar el inicio del juicio en la casa de unos familiares radicados en el Gran Buenos Aires junto a su hija más pequeña. Recién entonces Reina pudo acceder a prisión domiciliaria.

El acompañamiento de la CPM

La Comisión Provincial por la Memoria realizará una veeduría pormenorizada del desarrollo del juicio y el registro audiovisual del proceso apostando a un juicio transparente “donde la voz de Reina sea escuchada y se garantice la mayor amplitud probatoria que permita impartir justicia luego de casi cuatro años detenida”, señalaron desde la Dirección de Litigio Estratégico del organismo.

Desde la CPM consideran que “el caso Reina Maraz visibiliza la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra una persona al coincidir en ella una especie de intersección de causas de desigualdad: es mujer, es pobre, migrante, indígena, y víctima de situaciones de mucha violencia, lo que la coloca en una situación particular que debe ser tenida en cuenta por todos los actores institucionales intervinientes”.

En las audiencias estarán presentes los presidentes de la CPM Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, el vicepresidente Aldo Etchegoyen y Roberto Cipriano García, junto a otras organizaciones que desarrollan su trabajo en el campo de los derechos de migrantes y pueblos originarios y de género, y que han acompañado el trabajo realizado por la CPM.

El tribunal que llevará adelante el juicio está presidido por Silvia Etchemendi e integrado por Marcela Alejandra Vissio y Florencia Butiérrez. El Fiscal de la causa es Fernando Celesia y Reina se encuentra asistida por el Defensor Oficial José María Mastronardi, titular de la UFD Descentralizada Nro. 18 de Florencio Varela.