Infojus Noticias

El abogado rosarino César Grau preside el Consejo Coordinador de Cajas de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la República Argentina. La entidad se reúne hoy desde las 16 en el hotel Holiday Inn de Córdoba para debatir acerca de “la consolidación y expansión del sistema previsional”. Representantes de cajas profesionales de 16 provincias e invitados de Paraguay y Uruguay intercambiarán experiencias e ideas para “generar nuevas herramientas y abordar los desafíos que se vienen, en un mundo donde la seguridad social está en crisis”. 

En una entrevista con Infojus Noticias, Grau destacó que “en casi 70 años de existencia ininterrumpida las cajas previsionales vienen brindando beneficios de seguridad social, por encima de lo que es el sistema de la ANSES y muy por encima de lo que fueron las AFJP, con la solidaridad y equidad como componentes esenciales”. Además, se refirió a aspectos gremiales, sociales y políticos vinculados a su profesión y cuestionó la estructura del “menos federal” de los poderes del Estado.

-¿Cuáles son los principales problemas que afrontan los abogados en el interior del país?

-Según el artículo 1º de la Constitución Nacional, Argentina es un país federal. Pero no en los hechos, porque la concentración de recursos es pavorosa. El 85 por ciento de los recursos del Poder Judicial de la Nación se gasta en Capital Federal y sólo el 15 por ciento se reparte entre todas las provincias. Hay provincias que tienen un solo juez federal y otras donde el personal es ínfimo, en comparación a la dotación de un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. En el interior hay un déficit en el acceso a la justicia. Por último, el acceso de los abogados de profesión a la Justicia es muy pobre: sólo el 7 por ciento puede acceder a cargos en el Poder Judicial. En 2013 se sancionó en el Congreso un paquete de leyes de democratización de la Justicia, que no cumplen. La Corte Suprema declaró inconstitucional una parte de una de esas seis leyes; el resto tiene vigencia, pero hay trabas que impiden la implementación efectiva. Por ejemplo, el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial de la Nación.

-¿Quiénes son los que mayoritariamente ingresan a la Justicia?

-Los parientes de lo que se denomina la “familia judicial” o el “staff judicial”, un sistema endógeno que se reatroalimenta a sí mismo, y no incorpora operadores que lo puedan oxigenar. No es para nada democrático, porque se supone que en una democracia el acceso igualitario y la periodicidad en las funciones son características esenciales.

-¿Cómo se derrota o resiste a esa familia judicial?

-Insistiendo con la implementación efectiva de estas leyes y sancionando las reglamentaciones necesarias para que se cumplan. En esto deberían darle cabida a las cajas y colegios de abogados, para participar de los jurados de los potenciales empleados que vayan a ingresar al Poder Judicial. Porque si los jurados son los mismos de la estructura judicial, ya sabemos el resultado: como dice el famoso dicho, es “cambiar algo para que nada cambie”. Pero en todo proceso de cambio hay tensiones. Desde 1983, el Judicial es el último de los poderes que falta democratizar. Es una dura asignatura pendiente y muchos van a querer poner escollos para quedar bien con el establishment. Todavía hay mucho temor de enfrentarse a una casta judicial que puede ser muy dura y vengativa si se cuestionan sus intereses. 

-¿La desigual asignación de recursos se resolvería con la plena vigencia de las leyes de reforma del Poder Judicial?

-Se resolvería con la plena vigencia de la Constitución. Si la Ciudad de Buenos Aires es “autónoma”, la Justicia tiene que ser propia de la ciudad. Pero la gran resistencia está en el Poder Judicial, porque no quieren pasar a ser jueces municipales. Por eso el paquete de leyes de reforma es apenas el inicio de algo que debería ser mucho más de fondo. Este problema tiene 200 años. Buenos Aires debería autofinanciarse, como cualquier provincia. Es el centralismo porteño, y los recursos de la Justicia están más concentrados que en otros ámbitos.

-¿Es el rubro más centralista?

-Totalmente. Cuando (Justo José de) Urquiza llegó a la Presidencia en 1853, quería que cada provincia tuviera un juzgado federal, y todavía estamos en deuda porque hay 12 provincias que no tienen cámaras federales. Serían solo 36 jueces y en Capital Federal hay 700, que se pagan con fondos federales. Podría pensarse un método a mediano plazo: cuando se vayan jubilando los jueces, ir cerrando algunos juzgados en Capital y trasladarlos al interior. 

-¿Qué opinión tiene de los proyectos de reforma del Código Civil y Comercial?

-Como Consejo de Cajas, tuvimos una intervención muy activa y expusimos en el Senado, apoyamos en general y nos pareció muy buena la iniciativa de modernizar los códigos, especialmente el Civil y Comercial. Hicimos propuestas de incorporación y modificación de algunos artículos y la comisión bicameral hizo lugar a algunas de nuestras propuestas y a otras no. El balance es positivo. Es un código pensado para que dure varias décadas: se modernizó la terminología, es más ágil y dinámico, y tiende a sincerar muchas cuestiones que se dan en la realidad en materia de Familia.

Herramientas para servir a la sociedad

-¿Cuál es la función ideal del abogado y cómo se ejerce en la realidad?

-La abogacía debe ser una función social, comprometida con las clases populares, la denuncia de la injusticia y el acompañamiento de los cambios normativos. En la realidad, hay una proliferación importante de la matrícula, por supuesto gracias a la universidad pública y gratuita y el ingreso irrestricto a la carrera. Entonces, como el resto de la sociedad, tenemos de todo: abogados individualistas y abogados con una mirada solidaria. Precisamente, los colegios, asociaciones y cajas de abogados son herramientas para involucrarnos y servir a la sociedad. Por otra parte, es una profesión privilegiada por la Constitución, pero a ese rol hoy no lo puede cumplir cabalmente, por todos estos condicionantes.

-Uno de los fueros donde la desigualdad ante la Justicia es más acentuada es el derecho penal. ¿Cómo se puede democratizar esto de que un acusado con poder adquisitivo tiene un abogado de primera que lo salva de la cárcel, mientras los pobres deben conformarse con un asesor letrado oficial sobrepasado de casos?

-A mí me entusiasma mucho el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, porque es un paso importante para modernizar la estructura judicial en materia penal. Ir a procesos orales de tinte acusatorio y no inquisitivo es mucho más democrático. Hay que seguir y en algún momento plantear que los fiscales sean electos popularmente, como en Estados Unidos… tanto que se habla del modelo norteamericano. Qué mejor que la ciudadanía elija a los fiscales. La reforma constitucional de 1994 estableció al Ministerio Público como un órgano extrapoder, tanto la acusación como la defensa. Bueno, el Ministerio Público de la Defensa debe contar con más recursos para ser más competitivo y estar en igualdad de condiciones con la otra parte. Si hay 400 fiscales y 2 defensores, se inclina la balanza para un lado.